Los acontecimientos del pasado 6 de enero en la sede del Congreso de Estados Unidos irrumpen contra el Compromiso de 1877, pacto solemne entre los partidos Republicano y Demócrata para defender la democracia. El ataque al Capitolio de Venezuela, en 1874, en donde encontró la muerte el canciller Santos Michelena, se encuentra a la altura histórica de la arremetida troglodita al sancta sanctorum del Poder Legislativo norteamericano.
El asalto al Capitolio norteamericano constituye un punto de inflexión y encuentro entre los populismos de cualquier signo que arremeten impíos contra la democracia representativa, único sistema político capaz de asegurar la vida del hombre en libertad.
El Estado de Derecho que constituye su fundamento principal, significa que todo el comportamiento de la sociedad está bajo el imperio de la ley y, su funcionamiento, como un reloj, es posible si se respeta la separación e independencia entre los poderes públicos, dado que la legitimidad de los mismos dimana del ejercicio del sufragio, libérrimo, universal, directo y secreto.
En Washington, el bello monumento construido por el francés L’ Enfant ha sido objeto de un ataque propio de bárbaros, costó vidas y mostró la irresponsabilidad antidemocrática del presidente Donald Trump.
En Venezuela, hechos de ese orden, transgresores de las normas jurídicas abundan desde el mismo comienzo de la tiranía -así calificada por el presidente de España- hasta la realización de las elecciones parlamentarias írritas del 6 de diciembre, con el avieso propósito de eliminar del paisaje político venezolano la Asamblea Nacional, que desde el año de 2015 atesora y resguarda la última razón de existir de la democracia venezolana.
La imposición a troche y moche de una directiva vergonzosa a la espuria Asamblea confirma el crimen. Jorge Rodríguez, que morirá de venganza; y la inefable Iris Varela, cuya primera ponencia solicita la revocatoria de la nacionalidad y bienes de la diáspora venezolana, rayana en 6.000.000 millones de compatriotas aventados al exterior Dicha propuesta consagra, a título permanente, la locura de Venezuela. Por lo demás, a la eliminación en el ámbito de los Tribunales, del debido proceso, derecho humano fundamental, se une la opresión, la tortura, la inseguridad, aliñada con la participación de diferentes grupos terroristas, narcotraficantes y el expolio de las minas auríferas, ahondan el impacto demoledor al espíritu nacional.
La primera dama, Melania Knavs, ha sido patética al expresar su desacuerdo con Donald Trump, en el auspicio y ejecución de la violencia. Efectivamente, el rechazo ha sido general, a la salvaje agresión al símbolo excelso de la democracia representativa. El incidente pone de manifiesto que no existe ningún otro sistema político capaz de garantizar las libertades públicas. Se asientan de este modo, en el ámbito de la historia de las ideas políticas, dos conceptos: en primer lugar, la falsedad de las célebres democracias populares en los tiempos de la Unión Soviética y, en segundo lugar,la fragilidad de las bases intelectuales y filosóficas de la denominada democracia participativa.
En Venezuela se recuerda, aún con tristeza, el allanamiento al Congreso de los Diputados perpetrado por el general José Tadeo Monagas en el año de 1874. Hoy, en pleno siglo XXI, registramos en 22 años de abyecta tiranía hechos bárbaros contrarios al Poder Legislativo,
Antes de la composición bicameral, Senado y Cámara de Diputados, ahora, unicameral, integrada por la Cámara de Diputados. O sea, la Asamblea Nacional, que fue electa en el año de 2015, superando innumerables actos de ventajismo electoral logró una sorprendente victoria sobre el régimen, que la exhibe como el último rescoldo solitario y legítimo del ente estatal.
La reacción contra los sucesos junto a la actitud beligerante del presidente derrotado ha sido objetada por la mayoría de los países civilizados, descuellan los europeos, conscientes de la lesión a la democracia y al Estado de Derecho.
El reconocimiento a la elección del nuevo presidente, Joe Biden, ha sido otorgado por Alemania, Francia y Gran Bretaña que han instado a la transmisión pacífica del poder pese a las denuncias de Trump, que estimula la revuelta de sus adherentes sin cesar esgrimiendo el engaño, el fraude, causando un destrozo inconmensurable al Partido Republicano.
Josep Borrell, alto comisionado para los Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, ha reforzado, vehemente, la necesidad de bajar las tensiones suscitadas en el contexto electoral de Estados Unidos. Ha evocado la necesidad de poner en marcha un exhaustivo mecanismo de revisión a todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea, relativo al Estado de Derecho, por consiguiente, a la calidad democrática, la pluralidad política, la independencia judicial, el respeto a las minorías y la libertad de prensa.
La mirada hacia Venezuela, en cambio, del alto comisionado, Mr PESC en el léxico corriente del Derecho Internacional de Europa, es diametralmente opuesta, vivo ejemplo es su juicio de valor en relación con la convocatoria, contra legem, de las elecciones parlamentarias, del 6 de diciembre, transgresoras de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se agota con el reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional pero es ambiguo acerca de la legitimidad del gobierno del presidente Juan Guaidó Márquez.
En efecto, Borrell desdeña el vigor de los contenidos pautados por el Derecho Internacional de Europa a la causa de Venezuela, cuya aplicación esmerada y celosa cumple en lo concerniente a los 27 miembros de la organización. Viola los artículos 334 y 336 y subsiguientes, 24 y 25 que atañen a la estabilidad y continuidad de la Constitución y a las cláusulas de salvaguarda de su vigencia plena e ininterrumpida. Tales disposiciones son coincidentes con los artículos 2, 4,5, 6 y 7 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 22 de abril de 2001 en Quebec, por los jefes de Estado y de gobierno de América para la defensa de la democracia y los derechos humanos fundamentales. Un elenco normativo de elevado rango al cual falta, grave e inexplicable, el máximo representante en asuntos exteriores y seguridad de la Organización Internacional, de vocación restringida, más importante del planeta.
Josep Borrell materializa de modo dramático lo que hemos calificado, en varias ocasiones, como la Maldición de las Relaciones Internacionales, consistente en dar prioridad en su ejercicio al interés particular en desmedro del interés general.