La madre de todos los golpes de Estado

Las categorías en política surgen a menudo para magnificar los eventos y las amenazas al adversario, tal fue el origen del pronunciamiento de Saddam Hussein al convocar durante la guerra del Golfo Pérsico a “la madre de todas las batallas”, luego en la Primavera Árabe desatada entre los años 2010-2012 fueron convocadas masivas movilizaciones denominadas algunas como “la madre de todas las marchas”. Incluso, tanto en Nicaragua como en Venezuela se han desplegado durante el siglo XXI manifestaciones bajo esa denominación en la lucha popular contra las tiranías de ambos mandatarios en dichos países.

Hoy no dudamos en calificar lo acontecido en Venezuela a partir de la noche del 28 de julio pasado hasta el presente, como el ataque más brutal contra la democracia cometido en la historia de América Latina, en este caso por su ejecutor el régimen madurista, que sin escrúpulo alguno ha utilizado las instituciones del Estado para desconocer el voto soberano de sus ciudadanos.

En realidad, los golpes de Estado contienen diferente origen y desarrollo al significar en cualquier circunstancia la interrupción del hilo constitucional, en su mayoría por el abuso de las fuerzas militares, y en otras circunstancias por la acción del Poder Ejecutivo contra el resto de los poderes públicos desconociendo la voluntad soberana del pueblo que los eligió.

Veamos algunos episodios de la historia continental en el ámbito de asonadas golpistas para que precisemos el tamaño de la monstruosidad cometida a la vista de todo el planeta en nuestro país. En ese contexto, la razzia de golpes en el Cono Sur durante la década de los sesenta y setenta se inició en Brasil con el derrocamiento de Joao Goulart en 1964 mediante acción militar de Castello Branco, en Argentina al derrocar Jorge Videla en 1976 a la presidenta Isabel Perón, en Chile Augusto Pinochet en 1973 al presidente Salvador Allende, en el caso de Uruguay el presidente Bordaberry se alía a las fuerzas armadas en 1973 y así establecer un estado de facto.

En los casos referidos se instauraron cámaras de tortura, se cometieron miles de asesinatos y se enviaron al exilio a miles de opositores, al tiempo que el régimen usurpador instauraba otro orden, su nuevo Estado.

Otro caso emblemático fue el Perú con Alberto Fujimori, quien dio un mensaje a la nación en abril de 1992 anunciando la «disolución temporal» del Congreso de la República y la «reorganización» del Poder Judicial. De esta manera el Poder Ejecutivo intervino al resto de poderes e instauró su dictadura durante un decenio.

Un intento fallido reciente fue el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, quien anunció su decisión de disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de convocar a la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes.

Cuando detallamos el caso de Venezuela destacamos la cayapa institucional de todos los poderes: el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el fiscal, el TSJ, el CNE aliados con las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra la decisión de un pueblo que mediante 7.300.000 votos eligió a Edmundo González presidente de la república, contra el candidato del régimen, quien obtuvo 3.300.000 votos. Es decir, con una ventaja de 4 millones de votos el conjunto de poderes públicos se atrevió a asestar un golpe al artículo 5 de la Constitución de la República que asigna al voto ciudadano ser depositario de la soberanía nacional.

Este resultado no es más que la valiente actitud del pueblo venezolano de aborrecer a un régimen que ha conllevado al exilio a más de 9 millones de ciudadanos, destrucción en 85% de la economía nacional, que conformó con las FAES la represión que derivó en más de 7.000 asesinados, como lo indicara el informe de la ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet en 2019.

Una situación que se ha agravado durante el presente mes de agosto con más de 2.000 detenidos, persecución de periodistas, 25 fallecidos, judicialización de la protesta y la amenaza de condena contra el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El descaro de la tiranía madurista sería comparable a las imaginarias pretensiones del narco Chapo Guzmán, quien pretendiera acusar al juez que lo sentenció a cadena perpetua por narcotraficante.

En resumen, todas las acciones realizadas por los poderes públicos desde el momento de la elección el 28J son nulas y constituyen un reto para el pueblo venezolano y la comunidad internacional democrática, quienes no deben permitir que este asalto se concrete como la más grande ignominia contra la democracia y contra la voluntad soberana del pueblo venezolano, de labrarse otro destino hacia un contexto de la libertad y los derechos humanos.