Cuando pase toda esta tragedia, cuando los venezolanos nos volvamos a reencontrar, cuando de las ruinas del país se levante esa república democrática con instituciones autónomas, instaladas sobre una base granítica que le de forma al Estado de Derecho que hoy no existe, se tendrá que contar la historia de un grupo de abogados que se dedicaron a velar por los derechos humanos de los miles de ciudadanos que padecieron persecución política, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y de la aplicación de tratos crueles que a miles de personas les cegaron sus vidas.
Los abogados del Foro Penal Venezolano merecerán unas cuantas cuartillas en las que se describa cada una de sus proezas, inspiradas en los principios y valores que le daban esa fuerza indispensable para atreverse a desafiar a los poderosos capitostes de un régimen, que no se detenían a la hora de cometer, con asombrosa saña, violaciones sexuales, palizas mortales, descargas eléctricas, requisas corporales invasivas e innecesarias a personas detenidas o visitantes de los centros de reclusión, además de la aplicación de variadas técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, así como amenazas de muerte y tortura psicológica. La Misión de la ONU en Venezuela investigó muchos de esos casos, “llegando a documentar 45 incidentes que incluyen 89 actos específicos de agresión sexual. 74% de los abusos fueron contra hombres y 30% contra mujeres”.
Es menester aclarar que la misión en cuestión no pudo visitar Venezuela, ante la resistencia de los dictadores que en ningún momento se dignaron a responder las continuas solicitudes para poder realizar las entrevistas in situ. La excusa que esgrimían los funcionarios de Maduro, entre otras, era que esas restricciones obedecían a las medidas de control derivadas de la pandemia COVID-19. Fue por esa razón que la misión de la ONU no tuvo otra alternativa que cumplir con su labor realizando 274 entrevistas a distancia.
Los datos anteriormente expuestos son parte de las pruebas que se ventilan en la Corte Penal Internacional para que algún día, se apliquen las condenas correspondientes a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Es apenas una síntesis de todo cuanto ha ocurrido en un país sometido a esas andanadas feroces de un régimen que ha encarcelado a estudiantes, a trabajadores, periodistas, activistas políticos y a simples ciudadanos, todo por el coraje de disentir de sus fechorías.
A miles de esos detenidos durante todos estos años los han defendido los abogados del Foro Penal. He visto a muchos de sus 6.000 voluntarios y activistas que asumen el rol de defensores, exponentes y promotores del respeto a los derechos humanos, batirse en los tribunales, sedes policiales, cárceles y escenarios internacionales, defendiendo a perseguidos, detenidos y a familiares de personas torturadas o asesinadas. Alfredo Romero y Gonzalo Himiob son parte de esa familia, dos de los principales baluartes del Foro Penal, que hoy es nominado a recibir el premio Nobel de la Paz. Conocedora, como lo soy, de su valioso desempeño, de su trabajo voluntarioso y del cúmulo de méritos que los distinguen, me sumo a esas plegarias para que dicho reconocimiento sea una realidad.