La lucha contra el terrorismo, una obligación de todos

El régimen de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela no solamente en un Estado fallido, incapaz de cumplir con sus compromisos, empobrecido, arruinado, sino en un Estado forajido que viola el derecho internacional, que se coloca al margen de la ley, al no cumplir con sus obligaciones internacionales. Se violan los derechos humanos, se cometen crímenes internacionales, se participa en prácticas delictivas transnacionales como el narcotráfico y apoya el terrorismo, a grupos irregulares reconocidos como tales al prestar el territorio nacional para sus actividades, lo que en su conjunto hace que Venezuela represente “… una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, en los términos del Artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, tal como se recoge en la resolución adoptada en días pasados por el órgano de consulta del TIAR.

El régimen de Maduro brinda abiertamente su apoyo al terrorismo internacional, lo que contradice sus obligaciones internacionales, en especial, las derivadas del derecho internacional en general, de tratados y resoluciones de los organismos internacionales, pero, principalmente, de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de 2001, un texto particular, producto de una suerte de acción legislativa del máximo órgano político de la organización, que recoge acuerdos anteriores y que obliga a todos los Estados, independientemente de que hayan o no participado en el proceso de adopción. Un texto que por su propia naturaleza no requiere ratificación ni aceptación ulterior.

El tema preocupa a la comunidad internacional en su conjunto. Los cancilleres de los Estados partes del TIAR en la resolución adoptada el pasado 22 de septiembre subrayaron “con grave preocupación, que el territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 ( 2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

El órgano de consulta, al considerar que la situación en Venezuela justificaba la aplicación del tratado, adoptó algunas medidas que, si bien no significan, como lo prevé el mismo tratado, la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares con Venezuela, ni la suspensión de relaciones de distinto tipo y, mucho menos, el uso de la fuerza; resultan claras y contundentes para presionar al régimen a fin de que se conforme al derecho internacional, para que cese la violación de sus obligaciones internacionales y detenga la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos; en fin, para que reinstale o permita reinstalar en el país la democracia, principio básico del sistema interamericano.

Esta resolución, vale precisar, lejos de buscar el fin de la dictadura, de deponerla, de inmiscuirse en los asuntos internos del país, busca a través de diferentes medidas, obligatorias para los Estados partes (art.20), neutralizar la amenaza que significa la tiranía de Maduro a la paz y a la seguridad internacionales.

El tema del terrorismo debe ir, sin embargo, más allá del tratamiento regional. El terrorismo constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y la ONU, como organismo universal, centro del sistema mundial, debe enfrentarlo y luchar por todos los medios, para detener estas prácticas. Los Estados deben y así se comprometieron en 2001 al adoptar la resolución 1373, trabajar unidos y con urgencia para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, lo que la dictadura de Maduro evidentemente desprecia.

Una obligación es clara: “Todos los Estados deben abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado o de participar en ellos, así como de permitir actividades organizadas en su territorio a fin de cometer dichos actos.” (Resolución 1373 del Consejo de Seguridad), justamente, lo que también la dictadura de Maduro desprecia.

La tiranía de Maduro no previene ni reprime la financiación de los actos terroristas al brindar apoyo logístico y financiero a los grupos establecidos en el país; los Estados deben abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participan en la comisión de actos de terrorismo, lo que también la tiranía desprecia. Deben denegar cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo o prestan apoyo a esos actos o proporcionan cobijo con esos fines, lo que también incumple la tiranía. Igualmente, el régimen forajido viola su obligación de investigar, procesar y castigar a los responsables de estos actos o vinculados a ellos, al prestar todo tipo de apoyo a los grupos irregulares que operan en el país. Lejos de informar sobre las actividades de estos grupos, como lo exige la resolución del Consejo de Seguridad, el régimen de Maduro los protege y asiste. No coopera tampoco judicialmente, como se exige, para impedir la comisión de actos terroristas.

En nuestro caso, lo que agrava la situación y compromete al Consejo de Seguridad y a sus miembros, hay una estrecha conexión entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales estratégicos, todo lo cual constituye una seria amenaza a la paz internacional.

Las sanciones adoptadas por los Estados partes del TIAR son medidas unilaterales absolutamente legales y legítimas, por lo demás apropiadas, que deben tener algún efecto, para detener de una vez por todas la barbarie impuesta por Maduro y su grupo de delincuentes transnacionales y de criminales internacionales que han secuestrado el país.

Si bien la acción regional es importante, más lo es la que debería llevar a cabo con urgencia el Consejo de Seguridad, encargado de la lucha contra el terrorismo. Lamentablemente, a pesar de las evidencias que, por supuesto, el régimen intenta desmontar constantemente con la mentira y la manipulación, el consejo no parece dispuesto, al menos por ahora, a considerar el tema y adoptar alguna resolución en relación con este punto específico, el apoyo, el financiamiento y la protección de grupos terroristas internacionales que se benefician de la protección del régimen de Maduro.

Es vergonzoso que China y Rusia, por razones políticas y por intereses económicos y comerciales individuales, promuevan el incumplimiento de una resolución adoptada por unanimidad, una resolución que sabemos es fundamental a la lucha en la que se ha comprometido la comunidad internacional para combatir y erradicar las prácticas terroristas.

De nuevo lo político y lo jurídico, las inconsistencias en las posiciones de algunos países, potencias privilegiadas que tienen derecho al veto, como si todavía estuviésemos en 1945, un mundo superado, desconsiderando abiertamente la necesidad de introducir cambios en el sistema onusiano para enfrentar los retos que se plantean hoy, especialmente, en cuanto a la paz y a la seguridad internacionales, la protección del hombre y sus derechos y la protección del ambiente, temas que deben examinarse sin el acento político exclusivo, pues se trata del destino de la humanidad. En todo caso, los Estados, la comunidad en su conjunto, deben mostrar su capacidad de responder a los desafíos que plantea la amenaza de los combatientes terroristas extranjeros.

Es el momento, y en eso debería insistir el gobierno interino de Juan Guaidó, de que el Consejo de Seguridad examine este tema que no es de la exclusiva competencia e interés de Venezuela, tampoco de la región, sino que afecta a la sociedad internacional entera. El tema debería incluirse en la agenda y ser debatido para que se adopte una resolución que obligue a la tiranía de Maduro a dejar de apoyar y proteger a los grupos terroristas presentes en el territorio nacional.

Las opciones siguen estando sobre la mesa. La pacífica, muy difícil, dada la postura de la tiranía que desprecia el diálogo y los acuerdos; y otras distintas, que podrían tener su fundamento en el TIAR, a pesar de la complejidad jurídica y política en cuanto a su aplicación efectiva; en el principio que determina la responsabilidad de proteger a las poblaciones ante situaciones como la que vivimos en Venezuela; y en decisiones del Consejo de Seguridad, que en algún momento tendrá que enfrentar esta realidad que, debemos insistir, se ubica dentro del ámbito de las competencias que le otorga la Carta, en lo que respecta al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y en relación con el terrorismo.