Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, uno de los países más pequeños de Latinoamérica, ha venido ganando notoriedad en la región, en buena medida, gracias a sus políticas contra el crimen y la violencia. Sus acciones, bastante radicales, han sido denunciadas por personalidades y organismos internacionales, que lo acusan de violar derechos humanos fundamentales, en el marco de un modelo de gobierno crecientemente autoritario. Uno de los personajes que más duramente lo ha criticado es el presidente Colombia, Gustavo Petro, quien, entre otras cosas, le ha sugerido aprender del modelo seguido por el país andino en su lucha contra la criminalidad. El asunto es que la aproximación al problema que parece contar con mayor apoyo popular es, por mucho, la del presidente centroamericano. Data recogida por Gallup en los 20 países más grandes de la región, en la segunda mitad de 2022, colocan a El Salvador en el primer lugar de toda América Latina y el Caribe en 5 mediciones claves para la gobernabilidad y el progreso. Son métricas impactadas, por lo que el presidente Bukele ha hecho en materia de seguridad. La data en cuestión muestra que el pequeño país centroamericano cuenta con:
- el porcentaje más alto de población que dice sentirse segura caminando a solas por las noches en la zona de su residencia.
- el porcentaje más alto de población que expresa confianza en la policía local.
- el porcentaje más alto de población que confía en el sistema judicial y en los tribunales.
- el porcentaje más alto de población que tiene confianza en el gobierno nacional.
- el porcentaje más alto de población que aprueba la gestión de su presidente.
Estos son los números, en los cuales incluimos a Colombia como punto de comparación, en virtud de la polémica con el presidente Petro.
El Salvador, Colombia y Latinoamérica[i]
| Asunto | El Salvador | Colombia | Latinoamérica |
| Se siente seguro caminando a solas por la noche… | 76% | 44% | 47% |
| Tiene confianza en la policía local | 73% | 54% | 53% |
| Tiene confianza en el sistema judicial | 59% | 28% | 37% |
| Tiene confianza en el gobierno nacional | 75% | 30% | 39% |
| Aprueba la gestión del presidente | 83% | 36% | 30% |
La criminalidad es uno de los flagelos que más duramente afecta a Latinoamérica. En 2021 la tasa de homicidios en la región fue de 23,9% por cada 100.000 habitantes, tres veces más que el promedio mundial. En el caso de El Salvador, cuando Bukele fue electo presidente, en 2019, su país tenía la tasa más alta de homicidios de América Latina y del mundo. Pero estas son estadísticas un tanto abstractas. La gente sufre la criminalidad en la cotidianidad de sus vidas con la pérdida de seres queridos o la discapacidad a las que muchas veces los condena; la pérdida de activos y propiedades, la interrupción del acceso a servicios básicos, la migración forzada, la dificultad para disfrutar de los espacios públicos, entre otros impactos materiales. Cuentan además los impactos sobre la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia puede causar trastornos como depresión, estrés y ansiedad. Y finalmente están los impactos macroeconómicos, que son también considerables. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia y la inseguridad en la región cuestan alrededor del 3% del PIB, lo que equivale a 261.000 millones de dólares al año. Ello es así porque entre otros efectos, el crimen desincentiva la inversión nacional y extranjera, y reduce la competitividad de las empresas, que deben invertir más recursos en seguridad.
Mayor seguridad es un clamor general y muy sentido en la región. Es tan así que la gente puede estar dispuesta a aceptar modelos de corte autoritario si ese es el precio que debe pagar para lograrlo. Es por tanto una prioridad para los gobiernos que quieren mantenerse en una ruta democrática, encontrar mecanismos eficaces para atender exitosamente el problema. Lograrlo no solo es una manera de hacer más feliz la vida diaria de las personas sino un mecanismo para aumentar la gobernabilidad y acelerar el crecimiento económico. Es el reto de los gobiernos democráticos: cómo lograrlo sin sucumbir a modelos autoritarios.
[i] Data recogida en el Segundo semestre de 2022 por Gallup. Muestras representativas a nivel nacional de alrededor de 1.000 personas. Los porcentajes para América Latina, como región, son el promedio simple de los 20 países donde se realizaron las encuestas.