Tarek el Aissami, ministro de Petróleo, y Javier La Rosa, presidente de Chevron de Venezuela
Desde hace varias semanas, todo estaba listo para que la administración de Joe Biden entregara la licencia a Chevron que le permite la producción y extracción de petróleo y sus derivados en Venezuela; la venta exclusiva y exportación de crudos y productos resultantes a las refinerías en Estados Unidos; y la compra e importación de productos necesarios para la explotación de los yacimientos de Petropiar y Petroboscán.
La expiración el 1° de diciembre de la licencia 8J que autorizaba la continuidad de Chevron en Venezuela –solo para mantener la seguridad de los activos de las empresas mixtas Petroboscán y Petropiar– generaba al gobierno de Biden una situación difícil en la “calibración de las sanciones secundarias” sobre Pdvsa. Porque la segunda gran empresa petrolera estadounidense no estaba dispuesta a seguir en el país si no podía producir y exportar el petróleo pesado de Boscán y extrapesado de la faja del Orinoco.
En consecuencia, la condición de la Casa Blanca para la liberación de la licencia general N° 41 era la reactivación de la mesa de negociación de México, de la que, en octubre de 2021, la delegación de Nicolás Maduro se levantó en rechazo a la extradición de su supuesto testaferro Alex Saab de Cabo Verde a Florida, Estados Unidos. La publicación de la licencia sin ninguna condición a cambio hubiera fortalecido la posición del oficialismo, pues habría obtenido la ansiada flexibilización de las sanciones económicas sobre Pdvsa, sin ceder en algunos de los aspectos medulares que forman parte de la agenda del diálogo.
Las negociaciones anteriores entre la Casa Blanca y Miraflores este año, que tuvieron como resultado el intercambio de los sobrinos de la pareja Maduro-Flores por rehenes estadounidenses, han permitido al “ungido” por Hugo Chávez “calibrar” sus demandas y asumir una posición maximalista. Ahora busca la impunidad. Quiere que la Fiscalía de Estados Unidos retire la recompensa de 15 millones de dólares que estableció a cambio de “información que conduzca a su detención”.
Una aspiración que en cierta forma es apoyada por Gustavo Petro, que requiere de la normalización política en Venezuela para el mejor desarrollo de su gestión presidencial. Por ello, desde que llegó al Palacio de Nariño ha buscado que el régimen de Maduro sea aceptado por parte de los gobiernos democráticos que lo consideran un mandatario ilegítimo y usurpador desde la elección de 2018. En consecuencia, le ha propuesto a Maduro que regrese a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ―órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos―. Asimismo, fueron a la COP27 para la presentación de un ambicioso pacto amazónico, a sabiendas de que los grupos irregulares protegidos por el gobierno de facto venezolano están destruyendo la Amazonia por la extracción de minerales.
Por otro lado, Petro sabe que tiene que trabajar también con la administración Biden para alcanzar su mayor objetivo político, la Paz Total, una negociación de la que Maduro es garante.
El 23 de noviembre, Petro, en un rol protagónico, anunció la reanudación de la negociación entre el régimen madurista y la Plataforma Unitaria en México (firma del acuerdo social) con el gobierno de Noruega como país mediador.
Las cartas estaban echadas para la justificación de la publicación de la licencia a Chevron el pasado sábado: el reinicio del diálogo entre Maduro y la oposición.
La licencia N° 41 tiene varias lagunas con respecto a la Constitución (artículo 302) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela (artículo 9). Por ejemplo: autoriza a Chevron a producir y exportar petróleo, actividades que están reservadas solo al Estado venezolano.
Por otro lado, en las empresas mixtas de las que Chevron es socia minoritaria es Pdvsa la que decide cómo realizar la actividad petrolera. El gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción para autorizar a una filial de Pdvsa a producir y exportar petróleo en Venezuela. Además, en la licencia son definidas como “empresas mixtas de Chevron”, lo que constituye una falta jurídica porque son empresas mixtas de Pdvsa.
Algo similar sucede con la parte fiscal y la distribución de dividendos a los accionistas.
La licencia N° 41 no autoriza a Chevron el pago de cualquier impuesto y regalía al gobierno de Venezuela ni cualquier dividendo, incluyendo un dividendo en especie, a Pdvsa o a cualquier entidad en la que la corporación posea, directa o indirectamente, 50% o más de las acciones. Pero son las empresas mixtas las que pagan la regalía y los impuestos a la República al explotar los yacimientos correspondientes. Otra prohibición inconstitucional porque los tributos y regalías son indisponibles. Además, las que pagan los dividendos e impuestos son las empresas mixtas, no Chevron.
La segunda gran empresa petrolera estadounidense ha dicho siempre que quiere cobrar el monto adeudado por el préstamo de 2.000 millones de dólares a Petroboscán en 2013 y los dividendos debidos por su participación accionaria en Petropiar y Petroboscán. Al cierre fiscal de 2021, la deuda de Pdvsa ascendía a 3.014 millones de dólares: 560 millones de dólares del empréstito, 1.396 millones de dólares correspondientes a los dividendos de Petropiar y 1.112 millones de dólares a los de Petroboscán.
La estructura financiera que ha usado Chevron para asegurar el pago del préstamo a Petroboscán fue a través de un banco offshore en Panamá que recibe el wire transfers del offtaker ―compradores aceptables para Chevron y autorizados por Pdvsa― que recibe el cargamento de crudo. El pago llega a una cuenta bancaria no fiduciaria que luego se transfiere a la cuenta fiduciaria asociada al préstamo. El banco fiduciario en Panamá distribuye los fondos de la siguiente manera: primero paga capital e intereses del préstamo a la cuenta de Chevron y luego transfiere el monto restante a la cuenta de la empresa mixta (Petroboscán) en el Banco de Venezuela para cancelar los impuestos y regalías a la República.
Este mecanismo de pago seguirá siendo usado para terminar de cancelar el préstamo de Petroboscán. Es importante señalar que la producción de esta empresa mixta hasta 2020, cuando Pdvsa dejó de liquidar la deuda, era de 110.000 barriles diarios, de los cuales 58.000 barriles diarios se usaban para cancelar el préstamo a Chevron, que tenía un último pago en diciembre de 2025.
La licencia N° 41 permite continuar con esta facilidad de pago ya empleada por Pdvsa. Lo que ocurre es que para restablecer la producción de Petroboscán y Petropiar, Chevron tendrá que aportar el capital, lo que generará una nueva deuda, pues el régimen de Maduro no tiene cómo hacerlo y necesita las divisas por las exportaciones petroleras para seguir en el poder.
En conclusión, la licencia N° 41 es el inicio de la privatización disfrazada de Pdvsa por parte del régimen de Maduro.
La privatización es necesaria para que Venezuela vuelva a ser próspera, pero con un gobierno democrático en el que exista Estado de Derecho, separación de poderes y libertad. Muy lejos de la realidad actual.