El pasado 15 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act, en inglés) para ordenar la detención y deportación de miembros de la banda transnacional Tren de Aragua (TdA), una organización de origen venezolana identificada como una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Ley de Enemigos Extranjeros -promulgada en 1798- otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para detener y expulsar a ciudadanos de naciones con las que EE. UU. esté en guerra. Aunque este instrumento legal tiene una larga historia, solo ha sido aplicada en tres ocasiones previas: durante la guerra de 1812, que Estados Unidos mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por las tropas británicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Su invocación actual marca la cuarta vez que se utiliza, esta vez contra una organización no estatal como TdA.
Esta medida legislativa es parte de la fuerte postura de Estados Unidos para los migrantes venezolanos. La aplicación de esta ley contra TdA ha llevado a la apresurada deportación de 238 supuestos miembros del TdA a El Salvador, junto con miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, y su traslado inmediato al Centro de Reclusión Para Terroristas (CECOT), por un período de un año (renovable), a pasar de que el juez de distrito – James Boasberg – había bloqueado a la administración de deportar a 5 individuos que impugnaron el uso de la ley.
Esta medida ha generado un impacto significativo en la comunidad migrante venezolana que se encuentra en Estados Unidos, que ya desde el 20 de enero de este año, con la juramentación del presidente republicano, enfrenta una situación precaria debido a las políticas migratorias impuestas por la nueva administración.
La administración republicana ha intensificado las políticas de deportación, afectando a miles de venezolanos que habían encontrado refugio en el país. El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, programado para abril de 2025, deja a más de 340.000 personas en riesgo de deportación.
La deportación masiva de venezolanos representa un importante desafío legal, también un riesgo significativo para su seguridad personal. Muchos de estos migrantes huyeron de la situación de crisis política, económica y social en Venezuela, y su retorno forzado los expone a violencia, extorsión y demás menoscabos de sus derechos humanos. Además, la estigmatización social y la discriminación pueden ser consecuencias adicionales para aquellos que regresan al país.
La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra el TdA, y demás medidas contra los migrantes venezolanos, refleja la tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, que complican las dinámicas políticas y sociales entre ambos países. Es crucial que se busquen soluciones diplomáticas y humanitarias para abordar esta crisis, en lugar de medidas punitivas que solo agravan el sufrimiento de miles de personas.
Es fundamental distinguir entre estas medidas y la situación de los migrantes venezolanos, quienes enfrentan desafíos significativos debido a las políticas migratorias actuales. Urgen respuestas más compasivas y coordinadas para proteger los derechos humanos de estos migrantes y abordar las causas profundas de su desplazamiento.
@darringibbs
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