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Hace unas semanas la Asamblea Nacional oficialista aprobó en primera discusión un proyecto de ley que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Un documento que, a diferencia de otras iniciativas legislativas escritas en medio de la oscuridad, ha circulado con libertad en lo que parece ser una estrategia para amedrentar a la sociedad civil antes de su aprobación definitiva.
Desde su introducción el documento parece escrito desde un estado general de sospecha, un texto agresivo que marca una frontera entre el Estado revolucionario y las ONG, coordenadas de un conflicto político propiciado por el régimen, donde todas las formas de asociación de los ciudadanos son vistas con desconfianza por parte del poder.
En sus artículos se quiere someter a las ONG a un agotador proceso burocrático para autorizar su trabajo en el país, evaluar bajo criterios revolucionarios los objetivos de su trabajo, ponderar con parámetros afines a su dogma, la supuesta probidad de los involucrados en estas iniciativas, disminuir su capacidad de acción con impuestos, silenciarlas con la amenaza de multas, en definitiva, todo un complejo y bien armado aparato jurídico que busca sacar del escenario público a aquellas organizaciones que no acrediten un compromiso de sumisión y lealtad con la revolución bolivariana.
Con este proyecto de ley, tenemos que insistir, se desea controlar todas las formas de organización que existen, abarcando mucho más allá que las ONG que trabajan para hacer frente a la crisis humanitaria. Alcanza a los activistas de derechos humanos, los centros de formación, institutos de investigación universidades y academias, medios de comunicación y centros de investigación periodística, las fundaciones de la empresa privada, toda forma de organización comunitaria, gremios empresariales, laborales y profesionales, así como la acción social de la Iglesia, los clubes deportivos, culturales y todas las organizaciones sin fines de lucro.
Es un proyecto que ataca a todo este universo complejo, diverso, inclusivo y enriquecedor que existe en la sociedad civil organizada, un espacio que es un vivero de los valores democráticos que sobreviven en Venezuela.
Según algunos voceros del régimen, las ONG deben limitar su acción a la atención de las víctimas de la crisis económica, dejando de lado cualquier proyecto de formación en valores y excluyendo toda reflexión y crítica sobre el modo en que se hacen las cosas. Pareciera que existe el deseo de convertir a estas organizaciones en meros gestores de ayuda humanitaria internacional, organizaciones sin voz en el foro público para lograr que el régimen sea la única estridencia en medio del silencio que nos quieren imponer.
Las ONG no aspiran a desplazar al Estado en sus obligaciones y responsabilidades, su esfuerzo se dirige a apoyar a quienes por diversas circunstancias quedan al margen del sistema de protección social, son una voz que señala que se pueden hacer mejor las cosas, son lugares de encuentro para el fortalecimiento de los liderazgos que nacen en las comunidades, son la conciencia, punzante pero necesaria, que nos recuerda la necesidad de luchar por los valores democráticos, en definitiva, son instrumentos del bienestar y el cambio que tanto necesita el país.
En Venezuela la solidaridad es un valor que existe y se manifiesta todos los días en el esfuerzo de muchos ciudadanos que salen a la calle movidos por el compromiso de servicio público, entre ellos, los profesionales que trabajan en organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, academias, medios de comunicación, asociaciones religiosas, activistas de derechos humanos y defensores de la democracia. Este compromiso está bajo amenaza con una ley que pretende limitar el trabajo de las ONG en el país.
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