Es de suma ingenuidad creer que los grandes problemas económicos, políticos y sociales del país se resuelven mediante nuevas leyes. De ese fetichismo legalista, y de su recurrente fracaso, tenemos los venezolanos una larga historia. Durante toda nuestra vida republicana, por más de doscientos años, hemos copiado disposiciones extraídas de los mejores sistemas jurídicos del mundo, de países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, etc., suponiendo vanamente que con esas pautas jurídicas copiadas podíamos hacer un país mejor, más justo, más grato, más desarrollado, en fin, más cercano a los modelos nacionales en los que nos inspirábamos cuando redactábamos nuestros códigos legales. Sin ir muy lejos, el presidente Chávez pensaba lo mismo cuando proclamaba la nueva Constitución Nacional de 1999, calificándola de “la mejor Constitución del mundo” y aseguraba a los venezolanos que con ella haría un país mejor. Veinte años después, “la bicha”, como también la denominó, por obra y gracia del propio Chávez, no rige hoy a un país mejor sino que yace inaplicada en uno de los juzgados como peores de la región y del mundo en razón de sus pésimas condiciones de vida.
La ingenuidad de pensar que las buenas leyes hacen mejores a los países estriba en una equivocada inversión del orden de los factores. Los pueblos mejores, bien organizados y bien dirigidos, hacen buenas leyes para mantener y preservar sus buenas condiciones de vida, sus costumbres y su cultura y no al revés: que basta con pergeñar y aprobar buenas leyes para que países, deficientes por naturaleza, mejoren mediante ellas.
Todo lo dicho viene a colación en relación con la nueva ley constitucional antibloqueo, aprobada a la carrera, sin consultar con nadie, por un órgano no apto para esa función carente de legitimidad, poco tiempo antes de la elección de la nueva Asamblea Nacional Legislativa a la que en todo caso correspondería esa función. El mismo nombre de la ley es inapropiado, porque lo que el régimen madurista llama bloqueo (que no lo es), es en realidad el conjunto de sanciones económicas impuestas al régimen madurista por Estados Unidos y otros países por razones suficientemente conocidas. Tale sanciones constituyen un factor externo no susceptible de ser enfrentado con disposiciones legales de carácter interno. Es como si se aprobara, por ejemplo, una ley antiterremoto para afrontar las consecuencias de ese fenómeno geológico.
La gravísima situación económica, política y social de Venezuela, la peor que ha sufrido el país desde las guerras de Independencia y de la Federación del siglo XIX, no se resuelven con una ley ni con muchas, sino con el cambio radical del sistema político vigente responsable de tan lastimosa situación. Pero creemos que todo esto está muy claro en las cabezas de quienes hicieron la ley, que adolecen de muchas insuficiencias, pero no precisamente de ingenuidad. Aún más claros en cuanto al verdadero espíritu de la ley antibloqueo están los asesores cubanos que vienen dictando la pauta de lo que se hace en Venezuela desde que Chávez les entregó una buena parte de la soberanía nacional.
La verdadera intención de la ley antibloqueo es otorgar poderes supraconstitucionales a Maduro y a la camarilla militar que lo mantiene en el poder contra la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos. La nulidad de la nueva Asamblea Nacional está decretada con esa ley. No podrá pedir cuenta al gobierno por lo que haga o deje de hacer, por lo que gaste de manera discrecional, por “desaplicar” las leyes que se le antoje, por firmar y aprobar contratos que comprometan al país con empresas nacionales y extranjeras ni como dispondrá de las riquezas nacionales del subsuelo, entre otras cosas más.
Maduro con su camarilla militar dispondrá de un poder situado más allá de la Constitución y de las leyes para hacer con él lo que le dé la gana, sin rendir cuentas a nadie. Se trata de una involución histórica del país que regresa, después de doscientos años de ejercicio independiente de la soberanía bajo los principios republicanos y democráticos, al absolutismo monárquico de los siglos XVII y XVIII que creíamos haber dejado atrás con la guerra de Independencia y con la lucha y el sacrificio del Libertador. Nuestra desgracia parece no tener fin. Nuestro hundimiento parece no tocar fondo. Ya es demasiado. Necesitamos salir a cualquier precio de esta locura.