En anterior artículo publicado meses atrás (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/algunas-nociones-sobre-la-justicia-transicional/) expresaba que la justicia transicional es considerada como uno de los instrumentos del que la política, el Derecho y la práctica internacional cuentan para hacer justicia al cesar un régimen político dictatorial y violador de los derechos humanos, y otros también pueden creer que se trata de una ilusión producto de ensayos académicos inaplicables a la realidad; pero lo cierto es que existen experiencias en el pasado que probablemente no han satisfecho a todos, pero que abrieron los caminos para el establecimiento de instituciones democráticas perdurables, como es el caso de la República Oriental del Uruguay.
Para los años sesenta, setenta y primeros de los ochenta del siglo XX Uruguay estaba sumido en una importante crisis política y social en la cual tenía participación activa el grupo ultraizquierdista MLN-Tupamaros, dedicado a practicar la guerrilla urbana, destacándose por la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión y el atraco, sin excluir el asesinato, como fue el de un funcionario de la CIA Dan Mitrione, conocido como el «maestro de la tortura», cuyo cadáver fue encontrado en agosto de 1970, con cuatro disparos en la maleta de un auto estacionado en una calle de Montevideo. Su ejecución, según los Tupamaros, era parte del “Plan Satán”, que junto con las cárceles del pueblo implicaba la instalación de un sistema de justicia popular por el MLN.
Ante esa situación, que iba en aumento a medida que se intensificaba la represión gubernamental, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el parlamento y asumió poderes autoritarios el 27 de junio de 1973, instaurándose una feroz dictadura caracterizada por una persecución a ultranza contra los opositores y particularmente contra los Tupamaros. Desapariciones, secuestros y homicidios estaban a la orden del día, sin olvidar que, desde la ultraderecha funcionaba el “Escuadrón de la Muerte”, un grupo paramilitar que también decía hacer justicia popular.
La transición a la democracia comenzó en 1984, con la convocatoria de elecciones y la posterior toma de posesión del presidente Julio María Sanguinetti en 1985, marcó el inicio de una serie de medidas para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, dando paso a un proceso de justicia transicional en Uruguay, que abarcó el conjunto de medidas judiciales y no judiciales adoptadas para enfrentar los abusos ocurridos en ese período y la transición a la democracia, proceso que fue fundamental para establecer la verdad, buscar la aplicación de la justicia, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de esos fatales hechos.
En lo que atiene a la responsabilidad de los crímenes cometidos, en 1986 fue publicada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (o Ley de Caducidad) para impedir la persecución penal de los autores, generando controversia y debate pues garantizaba la impunidad de estos. Sin embargo, gracias a la presión de ciertos sectores de la sociedad, se logró que se iniciaran investigaciones judiciales y, a partir de la década de 2000, varias decisiones de los tribunales y reformas legales permitieron reabrir casos y juzgar a responsables de violaciones de derechos humanos, produciéndose, a pesar del tiempo transcurrido, condenas contra militares y civiles involucrados, como fue el caso del exdictador Juan María Bordaberry, condenado por crímenes de lesa humanidad con ocasión del golpe de Estado y de la dictadura que él encabezó, siendo acusado de violar la Constitución y de ser el autor intelectual de secuestros y desapariciones de opositores políticos al régimen.
A los efectos de determinar la verdad, en el año 2000 se creó la Comisión para la Paz, cuyo objetivo era esclarecer el destino de las personas desaparecidas durante la dictadura. Aunque criticada por su falta de facultades coercitivas, la comisión logró obtener información valiosa y contribuyó a la recuperación de restos de desaparecidos.
Uruguay también implementó medidas de reparación para las víctimas, incluyendo indemnizaciones económicas, acceso a servicios de salud y programas de rehabilitación. En 1996, se promulgó la Ley 18.033, que otorga beneficios a presos políticos, y la Ley 18.596 de 2009, que establece medidas de reparación integral. No obstante, hay quien considera que las instituciones encargadas de la verdad y la justicia han enfrentado limitaciones en recursos y mandatos, dificultando su eficacia.
El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de una cultura de derechos humanos han sido esenciales en el proceso de justicia transicional en Uruguay. La reforma del sistema judicial y la creación de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos han contribuido a garantizar la no repetición de los delitos del pasado.
Por otra parte, en Uruguay se han desarrollado diversas iniciativas para preservar la memoria histórica y promover la reconciliación nacional. Museos, memoriales y días de conmemoración han desempeñado un papel importante en la educación y sensibilización sobre las violaciones ocurridas durante la dictadura.
En conclusión, se puede decir que la justicia transicional en Uruguay ha sido un proceso complejo y multifacético, crucial para la consolidación de la democracia en el que la memoria y la reconciliación son componentes esenciales para asegurar que los horrores del pasado no se repitan, consolidando así una sociedad más justa y democrática. Como ejemplo puede citarse que, transcurridos los años, y reintegrado el movimiento Tupamaro a la legalidad, uno de sus integrantes y líder fundamental, José Mujica, ejerció la Presidencia de la República entre 2010 y 2015, obtenida en elecciones libres y competitivas.