En anterior artículo (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/la-justicia-transicional-en-uruguay-en-el-transito-de-la-dictadura-a-la-democracia/) me referí a la justicia transicional en Uruguay, calificándola como un proceso complejo y multifacético, crucial para la consolidación de la democracia en esa nación en la que la memoria y la reconciliación han sido componentes esenciales para asegurar que los horrores del pasado no se repitan.
Hoy trataré la justicia transicional en Argentina, otro proceso que enfrentó y ha enfrentado desafíos importantes en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La década de los setenta del siglo XX mostraba una Argentina envuelta en innumerables problemas políticos, sociales y económicos. Juan Domingo Perón asumía por tercera vez la Presidencia de la República en septiembre de 1973 -electo en un democrático proceso electoral- en medio de una situación internacional muy complicada: había comenzado a nivel mundial una crisis del petróleo y al mismo tiempo era derrocado en Chile el presidente Salvador Allende y se inauguraba la dictadura del general Augusto Pinochet; y en lo interior, un grupo parapolicial conocido como Triple A -Alianza Anticomunista Argentina- asesinaba a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas y, por su parte, el ERP -Ejército Revolucionario del Pueblo-, una organización guerrillera de orientación marxista iniciaba una estrategia de guerra popular prolongada.
En medio de ese escenario falleció Perón en 1974, siendo sustituido por su esposa María Estela Martínez, manteniéndose el mismo estado de agitación social que se agravaba con una profunda crisis económica, por lo que los militares, en 1976, resolvieron dar un golpe de estado e instaurar una cruel dictadura caracterizada por una represión brutal y sistemática que utilizaba la tortura de los detenidos, la desaparición física de opositores -30.000 personas según la asociación Madres de Mayo-, y el encarcelamiento de ciudadanos sin fórmula de juicio.
La dictadura, con su etiqueta Proceso de Reorganización Nacional, estaba incurriendo en graves violaciones de los derechos humanos, lo que originó protestas tanto a nivel interno como mundial y, repentinamente, resolvió ocupar las islas Malvinas –Falkland Islands para los británicos- y declararse en guerra contra el Reino Unido, creyendo que podría desviar la atención de los problemas internos y unir al país en torno a una causa común que mejorara su imagen, lo que significó un garrafal error político y bélico porque a los pocos días del inicio del conflicto, tuvo que abandonar las islas y rendirse ante la superioridad armada inglesa.
En vista de ese importante cúmulo de malhadadas circunstancias, y la presión de los organismos internacionales y de las democracias, la dictadura se vio compelida a convocar a unas elecciones libres y competitivas en 1983, cuando resultó electo Raúl Alfonsín como presidente de la República Argentina, comenzando un proceso de transición hacia la democracia con la creación, ese mismo año, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -Conadep-, encargada de investigar las desapariciones forzadas y otros abusos cometidos durante la dictadura. Su informe final, titulado «Nunca Más», documentó casos de desapariciones, torturas y ejecuciones, y proporcionó pruebas fundamentales para enjuiciar y condenar a las Juntas Militares de la dictadura.
A raíz del reporte “Nunca más”, en 1985 el gobierno de Alfonsín impulsó procesos judiciales contra los miembros de las Juntas Militares en un primer intento en Hispanoamérica de enjuiciar a los mandos militares por violaciones de los derechos humanos, resultando condenados los principales responsables de la dictadura, incluidos los exgenerales Jorge Rafael Videla -murió en prisión cumpliendo la pena- y Emilio Eduardo Massera. Éste, estando en la cárcel, sufrió un accidente cerebrovascular y en el juicio fue declarado incapaz por demencia, suspendiéndose las causas en su contra.
No obstante, el enjuiciamiento de los responsables no fue una tarea fácil debido a la presión de los propios militares que habían logrado la promulgación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, leyes que fueron declaradas inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, dando paso a la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Otro aspecto muy importante al amparo de la justicia transicional fue la implementación, durante los años noventa, de medidas de reparación para las víctimas de la dictadura y sus familias, como compensaciones económicas, programas de asistencia social y la restitución de identidades a los hijos de desaparecidos, que habían sido separados brutal e ilegalmente de sus padres.
La construcción de una memoria colectiva ha sido un componente esencial en ese proceso transicional. El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -donde funcionó durante la dictadura el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la Argentina- y la conmemoración anual del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia han jugado un papel vital en mantener viva la memoria de las víctimas y educar a las nuevas generaciones sobre los horrores de la dictadura.
Como se observa, la justicia transicional en Argentina no ha circulado por un camino fácil porque si bien se han alcanzado logros en el enjuiciamiento de los culpables y en la reparación de las víctimas y familiares, las presiones desde el sector militar han estado presentes en cuanto a la búsqueda de opciones que pongan a salvo a los responsables de crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura; pero, en todo caso, los logros alcanzados en términos de verdad, aplicación de la justicia y reparación han sentado un precedente importante a nivel internacional e interamericano. Puede decirse, por tanto, que Argentina ha castigado a los culpables y honrado a las víctimas, al tiempo que ha fortalecido su democracia y su compromiso con los derechos humanos.