El Perú es un país donde el concepto de justicia es ajeno a la mayoría de los peruanos. Muchos hemos sido víctimas de robos y asaltos, sabiendo además que el ladrón no será capturado, y que ir a presentar una denuncia es una pérdida de tiempo. Vemos sobre asesinatos todos los días en las noticias, sobre sicariatos y extorsiones y siquiera se nos cruza por la mente la pregunta, ¿los capturarán? Sabemos que en el fondo no.
El año pasado hubo más de 1.000 asesinatos en el país, 1.105, según el Sinadef. Un número inaudito, que, sin embargo, es menor a los asesinatos en el 2022. Cifras probablemente comparables con la época del terrorismo. ¿Se hará justicia? Difícilmente. Sin mencionar que actualmente somos el país con más asaltos e inseguridad en la región, según una encuesta de CID Gallup.
No hay justicia para los peruanos.
¿Y en la política? Tampoco.
Nuestro sistema de justicia, aparte de ser deficiente, está tomado. Hace años que venimos advirtiendo cómo los héroes del pueblo, Rafael Vela y Domingo Pérez, son como los perros de Napoleón que se abalanzaron contra todos los “enemigos políticos” de Vizcarra, su mandamás. Con la ayuda de otro ídolo caviar, Concepción Carhuancho.
Las prisiones preventivas llovían por doquier, preventiva para Keiko, preventiva para PPK, preventiva para Alan…
Operativos, que, según las declaraciones de Jaime Villanueva, eran lideradas por Gustavo Gorriti, como autor en las sombras, pero autorizadas, injustamente, por el sistema de justicia peruano, copado de influencia caviar, que dejó de hacer justicia para hacer política, algo que, hasta hoy, sigue haciendo.
Conversando con el constitucionalista Humberto Abanto, pudimos llegar a unas conclusiones más que alarmantes, que denotan cómo nuestro sistema de justicia, la diosa “Iustitia” no lleva los ojos tapados y cómo su balanza está manipulada.
El trato del sistema legal peruano en este caso ha sido más que disparejo. A la fiscal Benavides la suspendieron por unos chats cuya veracidad no ha sido comprobada, no obstante, cuando se ha hablado de los perros de Napoleón, Vela y Pérez, así como Gorriti, quien tendría amedrentado al actual fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, no se ha abierto siquiera una investigación. La justificación de Villena es que los fiscales no son aforados, sin embargo, el fiscal sí ha abierto, en otras oportunidades, investigaciones contra no aforados, por lo que Villena, en sus contradicciones, demuestra que, si hasta ahora no ha abierto una investigación, es porque no quiere, no porque no pueda.
Y en el caso de Gorriti, hasta ahora nadie sabe por qué no han iniciado una investigación formal en su contra.
Pero no son solo los fiscales los de una moralidad dudosa. La parcialidad de los jueces es algo que no debemos soslayar. Porque para realizar operativos y diligencias, la Fiscalía no podría hacer nada sin un juez cómplice.
Cuando ordenaron la detención de Alan García, que terminó en su suicidio, surgieron muchas dudas. ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Cómo sabía Canal 4 de la diligencia? Y sobre todas las cosas, ¿Por qué el juez autorizó el operativo?
La motivación del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena es bastante mediocre. La orden del magistrado carecía realmente de sustento constitucional. Señalaba que había peligro de fuga, pese a que había dictado impedimento de salida al expresidente aprista. Dictó entonces una prisión preliminar de 10 días. Lo más probable es que sea como indicó Abanto en su última entrevista: “Se formó una conspiración fiscal-judicial para adormecer a la sociedad con el desfile de presos que iban uno tras otro, creando la sensación de que se hacía justicia”.
Recordemos que Alan García, además, había regresado voluntariamente en el país, y en la época de la persecución política, con prisiones preventivas, quisieron detener a Alan, y destruir al APRA por un dinero entregado al exmandatario por una conferencia que dio 7 años antes.
No había intención de hacer justicia, sino de hacer política.
Así como con Alan, podemos hablar del caso de Keiko o la fiscal Benavides. La conclusión es una: la justicia está tomada. No hay justicia para el pueblo, al que maltratan y abandonan. No por nada, ahí fuera de la urbe capitalina, las personas, como justicieros o vigilantes, hacen justicia a mano propia. Porque nuestros fiscales y jueces solo tienen en mente seguir el patrón caviar, acabar con los políticos peruanos de oposición, y llenarse los bolsillos de dinero.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú