La justicia social en Venezuela

Tan grande es la incertidumbre en cuanto al mérito,

tanto por su natural oscuridad como por el alto

concepto que de sí mismo tiene cada individuo,

que ninguna norma de conducta puede basarse en él.

David Hume

Decía el gran jurista romano Ulpiano que la justicia consiste en dar a cada quien lo suyo. También Lord Acton aclaraba que “la pobreza y el infortunio son males, pero no injusticias”. La idea de justicia es variada porque generalmente se utiliza de dos formas distintas. La primera señala que una persona está obligada a otra por una norma general. Por ejemplo, es injusticia que alguien entre a un restaurante, pida una comida, se la entreguen y no la pague.  El segundo empleo que se le da a la palabra “justicia” no se refiere a la normativa general para dar reglas a la conducta entre personas, sino a la distribución de cosas entre ellas. Para Hayek, este segundo sentido de la idea de justicia con el adjetivo social es un absurdo en una sociedad libre. En efecto, porque en una economía competitiva únicamente una combinación entre la capacidad y la suerte de un individuo  determina la posición que tendrá en la escala de los ingresos y de la riqueza. El mercado siempre refleja estas cosas, así por ejemplo, los honorarios de muchos médicos son algo elevados porque siempre tienen pacientes a quienes no les pueden cobrar: colegas y ciertos familiares cercanos. Así la posición relativa de cada uno no es resultado de la acción deliberada de alguien, sino la consecuencia de un proceso que nadie domina. Por ejemplo, si alguien compró terrenos que luego después alguien quiere adquirirlos para construir un edificio ganará. Por consiguiente, es totalmente erróneo o fraudulento emplear la palabra “injusticia” en este sentido o señalar que otro resultado sería más “justo”, puesto que nadie ha obrado injustamente.

La colocación de un salario mínimo por la autoridad gubernamental, siempre causa que los trabajadores menos calificados experimenten un desempleo por más tiempo que los calificados. La inflación, que es un proceso que generan los gobiernos, provoca pobreza y ruina a las clases media, y nunca el gobierno repara a las víctimas. El seguro social en una época pagaba unas pensiones de retiro que financiábamos nosotros mismos; luego el gobierno inventó, primero, sin ningún estudio actuarial, pagar un monto equivalente al sueldo mínimo, pero también metió allí a un gentío que no tenía las cotizaciones exigidas, y ahora esta pensión es de 130 bolívares, una cantidad ínfima.

En el libro de Vladimir Chelminsky Los controles de precios, editado por Cedice, se señala en una nota al pie de página (p.116) que la tonelada de maíz se vendía en Venezuela a 240 dólares cuando en los mercados internacionales estaba en ¡110 dólares! Esto sucedía a finales de diciembre del año 2000. En la actualidad el precio de la tonelada de maíz en Estados Unidos, por ejemplo, es de 303 dólares en enero de 2023, mientras que Fedeagro junto con el gobierno “socialista” consigue vender la tonelada en 450 dólares a finales de 2022. Sigue entonces la justicia social en nuestro país castigando a los consumidores.

También la “justicia” social funciona con la educación gratuita en las universidades para que las clases medias y altas estudien sin problema, y el gobierno ofrece educación secundaria y primaria de mala calidad. Es interesante lo que John Stuart Mill dice al respecto:

Confiar la instrucción pública al Estado es una maquinación aviesa tendente a moldear la mente humana de tal manera que no exista la menor diferencia de un individuo a otro; el molde utilizado a tal efecto  es el más grato al régimen político  imperante, ya se trate de una monarquía, una teocracia, una aristocracia, o bien a la opinión pública del momento; en la medida en que tal cometido se realiza con acierto y eficacia, queda entronizado un despotismo sobre la inteligencia de los humanos que más tarde, por natural evolución, somete a su imperio al cuerpo mismo de la gente (Tomado de On Liberty).

Quizá donde se demuestre el gran fracaso de la “justicia” social en Venezuela sea en la política de control de alquileres que golpea al sector construcción de viviendas y alienta la conducta de propietarios, que para evitarse incomodidades e inconvenientes de todo tipo prefieren tener su apartamento o casa vacía, deseando alquilarla a algún arrendatario con grandes medios económicos y solvencia. ¡Así estamos!