Claudio Grossman
La Corte Penal Internacional fue creada después de muchas décadas de enormes esfuerzos con el fin de sancionar y prevenir los crímenes internacionales más horrendos que afectan, como lo dice su Estatuto, la conciencia de la humanidad. Entre ellos, los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela en forma continuada desde por lo menos 2014, como lo ha reconocido su Fiscalía.
La comunidad internacional sigue de cerca la labor de la CPI y de su Fiscalía, que tiene el papel más importante en el inicio de los procedimientos y en el encausamiento de los presuntos responsables de tales crímenes.
En la situación que examina la Corte sobre Venezuela ha habido un retardo injustificado que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la Fiscalía. Se ha planteado la recusación del fiscal, cuya cuñada es parte del equipo jurídico del Estado venezolano, por supuesto conflicto de intereses con lo que examina en estos momentos la Sala de Apelaciones. La Asamblea de Estados partes ha encomendado a un órgano externo una investigación por presunto comportamiento indebido del fiscal.
Y ahora, para completar las dudas sobre el fiscal, uno de sus asesores, el profesor Claudio Grossman, renuncia a su cargo honorario por considerar injustificado el retardo procesal, en concreto, la falta de acción que le corresponde al fiscal después de ser autorizado en marzo de este año a continuar la investigación, a emitir órdenes de comparecencia y las de detención que estime conveniente, de los presuntos responsables de los crímenes cometidos en el país, como lo recogen diversos informes de órganos internacionales de indudable credibilidad, como la Misión de Determinación de Hechos y el Panel de Expertos de la OEA, entre otros.
La renuncia de Grossman agrava aún más la situación de la Fiscalía, al evidenciar que hay un retraso injustificado que afecta el funcionamiento de la Corte y la aplicación de la justicia internacional penal. Mientras tanto, la tiranía venezolana —envalentonada como nunca antes— continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, persiguiendo, torturando, asesinando y desapareciendo opositores, como las detenciones y el hostigamiento a la Embajada de Argentina en Caracas y la amenaza a los asilados diplomáticos desprotegidos.
Todo eso confirma la gravedad de las omisiones de los órganos internacionales que deben actuar para proteger a una población sometida, como hoy lo está la venezolana.