A los autoritarismos, y más a los totalitarismos, les incomoda la ley. Parece un lugar común decirlo, pero vivimos tiempos en los que las bases de la democracia y la convivencia se sienten cada vez más amenazadas por la apetencia de poder y por la tendencia a desconocer la ley o a manipularla a conveniencia.
¿Cómo interpretar, si no, fenómenos como el de Trump, desafiante frente a la legalidad y dispuesto a colocar a la justicia al servicio de sus pretensiones políticas y de sus intereses? ¿Cómo entender la tentación tan frecuente, especialmente en nuestros países, de cambiar las leyes o incluso la propia Constitución para imponer decisiones que aseguren su permanencia en el poder o para consagrar formas de persecución política o de silenciamiento de la opinion? ¿O cómo explicarse el recurso abierto a la ilegalidad, incluso en la veterana Europa, para posibilitar o sostener pactos políticos capaces de poner en riesgo la convivencia y la propia unidad nacional? La tesis de la unidad del poder, en oposición a la de la división y autonomía de poderes, parece cada vez más propia de o más recurrida por los autoritarismos y las dictaduras.
En Venezuela la pretensión de desconocimiento de la ley ha ido a la par del debilitamiento de las instituciones responsables de su cumplimiento. Más aún, el Poder Judicial, visto en algún momento y en no pocos casos como la Cenicienta de los poderes, ha cedido su independencia y ha convalidado los abusos. Así se explica, por ejemplo, el escaso número de sentencias firmes y el hecho de que el gobierno haya ganado todos los litigios. El recurso de los particulares ha sido sistemáticamente desoído. El ciudadano ha padecido las consecuencias de una justicia lenta y poco confiable. Ese no es, ciertamente, el clima para el ejercicio de las libertades, ni las políticas ni las económicas, ni las vinculadas a los derechos individuales ni las que tocan el desarrollo de la iniciativa privada y la libre empresa.
Aunque desoídos o maltratados con frecuencia, los principios de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial siguen siendo válidos. Su validez, sin embargo, ampliamente argumentada por los juristas, sigue siendo el reclamo de una ciudadanía que valora sus derechos y que confía para su ejercicio en la fortaleza y autonomía de las instituciones judiciales. El acceso a la justicia depende de esta independencia. La confianza de la gente depende del respeto por la ley, de la conciencia de que está por encima de todo, que vale para todos, que obliga a todos, que no está al arbitrio del poder, de las apetencias de la corrupción o de los intereses personales, políticos o partidistas.
Recuperar esa autonomía y esa capacidad para devolver la confianza en la ley y las instituciones es una de las grandes aspiraciones del venezolano de hoy. Para la democracia venezolana y para la recuperación económica es vital la independencia del Poder Judicial autónomo y ajustado a la ley. El apego a la legalidad, la necesidad de restablecer un Estado de derechos y libertades, la confianza en la justicia son temas que están en la agenda internacional y que preocupan no solo a los estudiosos y juristas sino al ciudadano común, que ve en ellas un factor sustancial para su seguridad, la convivencia y el ejercicio de sus derechos. No es un tema del gobierno sino una prioridad del Estado, no termina con un ejercicio administrativo, sino que da fundamento a un modo de vivir marcado por la confianza y el respeto.
En tiempo de elecciones es bueno recordar lo que a estos propósitos dice Allan R. Brewer-Carías en uno de sus recientes libros. “Sin separación de poderes y sin un sistema de control del poder, simplemente no pueden realizarse verdaderas elecciones libres, justas y confiables; no puede haber pluralismo político, ni acceso al poder conforme a la Constitución; no puede haber efectiva participación en la gestión de los asuntos públicos, ni transparencia administrativa en el ejercicio del gobierno, ni rendición de cuentas por parte de los gobernantes; en fin, no puede haber sumisión efectiva del gobierno a la Constitución y las leyes, así como subordinación de los militares al gobierno civil; no puede haber efectivo acceso a la justicia; y real y efectiva garantía de respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y los derechos sociales”.