La decepción y la locura dominaron la irascible personalidad del presidente de los Estados Unidos y condujeron a los dolorosos acontecimientos que se desarrollaron en la sede del congreso de los Estados Unidos. En verdad, su conducta no me sorprende. Desde el mismo momento que asumió sus delicadas responsabilidades demostró, en distintas oportunidades, su falta de moderación y serenidad. Su temeraria actuación el pasado 6 de enero, al convocar a una concentración frente a la Casa Blanca y pronunciar un incendiario discurso denunciando un supuesto fraude en las recientes elecciones presidenciales, tenían que conducir a la violencia. Es inaceptable que un presidente de origen democrático no entienda que el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado son, justamente, la esencia de ese régimen político. Arengar a esa multitud, con la intención de presionar sobre la decisión que se iba a tomar en el Poder Legislativo sobre la aceptación o rechazo del resultado electoral que daba el triunfo a Joe Biden, fue una acción que violó flagrantemente la Constitución de Estados Unidos. La responsabilidad histórica de Donald Trump, en estos hechos, es incuestionable.
Su cuestionamiento al resultado electoral comenzó cuando supo de la derrota. Joe Biden obtuvo 81.283.485 millones de votos contra 74.223.744 millones para Donald Trump y fue superado en el Colegio Electoral por 306 votos a favor de Biden, quien obtuvo con holgura bastante más de los 270 votos requeridos para ser designado presidente de la República. En lugar de reconocer la derrota se dedicó a iniciar una campaña para desacreditar el sistema electoral norteamericano. Presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos y de algunos estados un conjunto de irregularidades que demostraban el supuesto fraude ocurrido en las elecciones. La decisión de las distintas cortes fue rechazar sus argumentos por considerarlos insuficientes para comprometer dicho resultado. En virtud de la necesidad de que el resultado electoral fuera confirmado por el Congreso de Estados Unidos se dedicó a presionar a senadores y diputados para lograr se desconociera el triunfo de Joe Biden. Su última jugada fue su convocatoria a la manifestación en la Casa Blanca y el llamado a la violencia.
Un sistema político con la tradición democrática de Estados Unidos tenía que rechazar tan absurda posición. De hecho, fue criticada por algunos sectores del propio Partido Republicano. El asalto al Capitolio tendrá delicadas consecuencias para Donald Trump. No tengo la menor duda. El primer gesto de esa realidad fue la expedita aprobación por el Congreso del triunfo de Joe Biden. El vicepresidente Mike Pence, en su función de presidente del Senado, y Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, lo ratificaron durante la noche, después de que la policía restableció el orden, al rechazar las objeciones de los votos en los estados de Pensilvania y Arizona. Al mismo tiempo, ha empezado a plantearse la discusión sobre la posible aplicación de la Enmienda 25 que establece la incapacitación del presidente por razones de salud física y mental. El representante del Partido Republicano Charlie Chris, quien votó con los demócratas, tuiteó: “La Enmienda 25 permite destituir al presidente, es el momento de sacarlo”. Un legislador progresista, Ted Lieu, ratificó esta posición. A mi criterio, esa medida no es suficiente. Su destitución debe ocurrir después de un juicio político como consecuencia de los hechos ocurridos.
Superada esta lamentable situación, la cual seguramente será históricamente recordada con vergüenza por el pueblo estadounidense, queda a los venezolanos aspirar a que la gestión del presidente Biden le dé prioridad en su política exterior al tratamiento del caso Venezuela, redefiniendo en nuevos términos la fracasada política de Trump, para coadyuvar efectivamente en la restitución de la democracia y de la recuperación económica de nuestro país. En este sentido es importante destacar el rechazo que los gobiernos pertenecientes al Grupo de Lima, la Unión Europea, Canadá, Japón y otros han expresado contra la reciente elección e instalación de la írrita Asamblea Nacional, por haber sido realizadas contraviniendo todas las normas democráticas, además de su apoyo a la dirigencia opositora en su lucha por lograr el anhelado cambio político que le permita a nuestro país superar la tragedia en la que ha sido sumida su población por el régimen madurista. Ese régimen es un factor de inestabilidad regional que exige del gobierno del presidente Biden establecer una firme política que permita el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Así lo espera nuestro pueblo. Buenos ejemplos serán siempre las gestiones de los presidentes demócratas Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy.