Miguel ZAMBRANO / AFP
Abordar la involución de las democracias latinoamericanas compromete inequívocamente el estudio de sus instituciones, de los procesos, la gobernabilidad, el tejido institucional, la cultura política y naturalmente de lo que corresponde al populismo como ideología, práctica, categoría, forma y discurso presente a lo largo de nuestra historia contemporánea, sea bajo rótulos tradicionales (populismo) o nuevos rótulos, reelaboraciones y estilos (neopopulismo, autoritarismo electoral, neocaudillismo, populismo autoritario, etc.) todos tienen en común el elemento de confrontación, una suerte de bipolaridad, dualismo o códigos binarios honestos – corruptos, amigo – enemigo, patriotas y oligarcas.
Lo cierto del caso es que el populismo y su reelaboración el neopopulismo se presenta y emergen cuando los partidos y las propias democracias padecen de fallas que producen descontento en los ciudadanos y el germen para su resurgimiento en nuestra contemporaneidad. De tal manera que no podemos prescindir del estudio de las instituciones en razón de sus fortalezas y debilidades, de los liderazgos sean estos personales o institucionales, civiles o militares, y por ende de las condiciones propias y calidad de las democracias, como variables y parámetros para explicar el resurgimiento con cierto éxito y fuerza de liderazgos populistas y neopopulistas y de la propia antipolítica, que en el caso venezolano acumula más de dos décadas.
En tal sentido, insistimos que el avance del neopulismo y la propia antipolítica tendrán sin excepción su caldo de cultivo y esencia en el agotamiento de la forma partido de hacer política, en la precariedad social, en la exclusión, en la pobreza y marginalidad. Paradójicamente una vez en el gobierno las experiencias en América Latina han sido nefastas y han terminado reproduciendo las fallas y distorsiones que tanto le señalan e imputan a la democracia representativa y a los partidos tradicionales la mejor muestra la tenemos en las experiencias de Argentina; Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela.
De manera que, si aceptamos que la principal agencia que tiene la democracia y la política moderna o contemporánea ha entrado en una fase de agotamiento, cuestionamiento y pérdida de poder y gravitación en nuestras nacientes democracias latinoamericanas, y particularmente en lo que refiere a la experiencia venezolana, tendríamos que aceptar que junto a este fenómeno y situación la democracia igualmente atraviesa problemas de institucionalización de las prácticas político electorales que las han sustentado y obligan a su revisión, recuperación y relanzamiento.
En ciertos contextos donde no escapa el caso venezolano, cabría preguntarse ¿cómo construir un modelo de democracia estable y viable, si los principales actores y protagonistas de la democracia atraviesan procesos de descomposición y desinstitucionalización? ¿Son proclives los nuevos actores a profundizar la institucionalización de la democracia? ¿La recuperación de la institucionalidad democrática pasa en el caso de Venezuela por la observancia y vigencia de la actual Constitución de 1999, y naturalmente el surgimiento de nuevos partidos con nuevas lógicas, ofertas, dinámicas y programas en función de unas demandas y expectativas ciudadanas pendientes o no satisfechas? Estas preguntas recogen en gran parte las inquietudes y los lineamientos teóricos – prácticos alrededor del contexto sociopolítico venezolano contemporáneo que gravita entre la presencia de la figura de Chávez Frías, Maduro y la tentativa de un proceso de transición política más temprano que tarde.
Hemos insistido en que el problema de la degeneración y deterioro de los roles y funciones de las organizaciones partidistas, desde el punto de vista institucional deviene del ejercicio dirigido hacia la formación de prácticas políticas cívicas, donde está última tiende cada vez más a relegarse a mero pragmatismo, instrumentalización de la política y de la propia toma de decisiones, sin reflexión, proyecto y contenidos ideológicos y programáticos mínimos. Esta falta de contenido en la política explica parte de las demandas de cambio que presentes en la experiencia venezolana en las últimas décadas.
Por consiguiente, nuestro planteamiento gira en torno a los temas y procesos que estamos experimentando en la democracia latinoamericana con presencia de variados fenómenos, algunos novedosos y otros de vieja data. Lo cierto del caso es que la política hace ya un tiempo que su mediación dejo de ser ejercida en países como Venezuela únicamente a través de instituciones, partidos y liderazgos institucionales, y en su lugar encontramos la presencia exacerbada de liderazgos altamente populistas y personalistas cuyo discurso y práctica es atentatoria contra la institucionalidad, al propio Estado de derecho y ciertas libertades ciudadanas y por supuesto del modelo democrático y liberal plasmado en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.
La antipolítica y el neopopulismo de diverso cuño insistimos irrumpen y se crecen justamente en sistemas desinstitucionalizados de partidos y democracias frágiles, difícilmente pueda verse a la antipolítica y el neopopulismo como amenazas en países con sistemas institucionalizados y de cierta fortaleza democrática como Uruguay o Paraguay.
La realidad es que buena parte estos nuevos liderazgos neopopulistas una vez en ejercicio del gobierno, a parte de desarrollar programas de gobierno opuestos a sus respectivas campañas, tienden a la práctica de un liderazgo caracterizado por la concentración del poder, la exacerbación del estilo personalista y plebiscitario del líder, el desarrollo de una cultura patrimonialista e incluso el empleo de técnicas y métodos de gobierno que aparte de cuestionar fuertemente la actividad y rol de los partidos políticos, de los parlamentos y otras instituciones, rayan en el autoritarismo o en los algunos autores han denominado una suerte de “democradura” siendo los casos más emblemáticos Rafael Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.
Ante el agotamiento y declive de los actores colectivos en Venezuela, emerge una nueva forma de hacer política contraria a la práctica partidista, que no cree en la indispensabilidad de los partidos, de la clase política y la alternabilidad en el poder como fuente de orden y estabilidad democrática. Asimismo, la experiencia de Chávez y Maduro en el poder deja claro la propensión y tendencia a la militarización de la política en Venezuela. Sin embargo, el avance de esta política no institucionalizada no ha favorecido en ningún aspecto la participación de los ciudadanos por igual, ni la representación del interés general.
Nuestro abordaje y análisis del fenómeno partidista en Venezuela y del sistema de partidos respectivamente, deja claro que este último asume una serie de facetas y etapas, de tal manera que el sistema de partidos fundado a partir de la transición pos-autoritaria de 1958, difiere del sistema de partidos consolidado en los setenta y ochenta, y más aún del actual que exhibe entre otros rasgos: débil institucionalización, escasa identificación partidista, alta volatilidad electoral, baja legitimidad, débil organización, un liderazgo personalizado y no colectivo e institucional a partir de 1993 y acentuado en 1998 entre otros.
La realidad nos induce a pensar que se requieren nuevas formas organizacionales que modifiquen las estructuras, la participación y el discurso de los partidos a fin de que recuperen el estatus de representación política y de mediación entre el Estado y la sociedad hoy disminuido. Se demanda organizaciones y partidos más abiertos a los ciudadanos, menos preocupados por demostrar qué tan distintos son del resto y más comprometidos con un proyecto social y cívico.
La nueva clase dirigente resultante desde las elecciones de 1998 y comicios siguientes compuesta por gobernadores, diputados, alcaldes y demás, salvo honrosas excepciones no parece estar conformada por políticos capaces y eficientes, necesarios para ejercer el control y dirección del Estado, ni mucho menos para revalorizar las funciones que le son encomendadas como actores principales de la democracia, en otras palabras, no han cumplido el rol y funciones básicas que le corresponde a toda estructura de gobierno, viciando aún más el sistema democrático.
Es así como el avance de esta política no institucional, caracterizada especialmente por la personalización de la política, ha demostrado ser más nociva para el sistema, por su carácter eminentemente antidemocrático y antipolítico en los países andinos. Por tal motivo, en las democracias actuales, cargadas de incertidumbre, se demanda gobernantes capaces y eficientes para el manejo del entramado institucional, que le devuelvan al ciudadano la confianza en la política institucional, cuestión que exige contar con sólidos partidos políticos como elementos fundamentales de intermediación, canalización de demandas, representación y estabilidad del sistema político.
El ejercicio del poder por parte de Hugo Chávez Frías ha implicado desde 1998 hasta la fecha el desconocimiento, irrespeto y violación de procedimientos, valores, derechos y garantías democráticas y ciudadanas. De tal manera que la titularidad y el ejercicio del poder político en Venezuela bajo Chávez y posteriormente Maduro, constituye un proceso, etapa y fenómeno regresivo de personalización del poder y de la política, desinstitucionalización creciente de los partidos, clase política e instancias de representación.
Los últimos años del gobierno de Chávez se caracterizan por un vaciamiento de los elementos definitorios del entramado democrático, la aprobación forzada y sostenida del Proyecto de Reforma Constitucional del presidente Chávez, que fue negado el 2 de Diciembre de 2007, y que en el año 2009 fue retomado, impulsado y aprobado gradualmente por parte de la Asamblea Nacional del momento bajo Leyes Orgánicas y otros instrumentos inconstitucionales, entre ellos, la Ley Orgánica de Educación (LOE), la Ley de Procesos Electorales (LPE), Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital o incluso la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio que introduce figuras y autoridades impuestas y no electas, designadas por parte del Poder Ejecutivo, afectando mandatos populares, competencias, recursos y trastocando una arquitectura de poder local, aunado a un deterioro del Estado de derecho, y de la propia descentralización política administrativa y poderes locales, que en su conjunto se traduce en una postración del sistema político democrático.
Ciertamente los retos que enfrentan nuestras democracias por lo menos en lo que refiere a América Latina por ser regímenes más endebles o incipientes que las democracias europeas, están vinculados inequívocamente a profundizar la institucionalidad democrática, la imperante necesidad de contar con una clase política y dirigencia que en el marco de las instituciones democráticas aporten nuevas concepciones sobre el poder, sobre la política y la vida democrática en términos de agendas, procesos y resultados, en total correspondencia con una ciudadanía empobrecida en todos los órdenes..
En América Latina y Venezuela respectivamente, después de diversos gobiernos de derecha e izquierda y largos ensayos y reformas, la demanda de un Estado más comprometido con los ciudadanos, gestiones más transparentes y eficientes, fortalecer el Estado de derecho, una mejora substancial de la calidad de funcionamiento de los sistemas políticos a partir de más y mejores democracias siguen estando presentes en los ciudadanos como principales demandas.
E-mail: rivasleone@gmail.com