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La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció la semana pasada que su gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de «ley contra el fascismo» con la intención de sancionar a todos aquellos opositores (que según sus cálculos deben ser unos cuantos) promotores de «hechos de violencia» contra los intereses nacionales. Por eso, el presidente está decidido a poner en marcha una Alta Comisión de Estado contra el Fascismo y el Neofascismo encargada de redactar el correspondiente proyecto de ley.
A decir verdad, las posibilidades de que esto prospere son bastante limitadas, pero, aun así, la cuestión pasa por indagar sobre las razones de tamaño despropósito. ¿Realmente necesita el régimen más normas represivas, cuando su discrecionalidad para inhabilitar, encarcelar o incluso desaparecer o torturar opositores es casi infinita? ¿No será, entonces, que se busca enviar un mensaje claro a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la hasta hace poco su única candidata, María Corina Machado, del Partido Vente Venezuela (VV), para que desista de sus afanes de confrontar al gobierno y disputar unas elecciones que de haberse podido presentar probablemente hubiera ganado ampliamente?
En realidad, si la democracia venezolana fuera una democracia madura, con seguridad jurídica e independencia de poderes, la ley contra el fascismo debería comenzar por aplicarse a los actuales gobernantes. Fueron ellos, sin razones válidas, quienes decidieron inhabilitar a Machado durante 15 años, quienes encarcelaron a sus más directos colaboradores y a Rocío San Miguel, y también quienes manipularon el sistema informático para que Corina Yoris, la sustituta nominada por Machado, no pudiera inscribirse.
En definitiva, si alguien ejerce la violencia de forma sistemática contra la sociedad es el propio régimen y no la oposición por más que se inventen complots para matar al presidente y desestabilizar al régimen. Estas denuncias no solo han servido para perseguir a los partidarios de una salida alternativa, sino también para purgar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de elementos indeseables, a tal punto que 33 militares fueron degradados y expulsados de la institución bajo acusaciones de “magnicidio”.
El incumplimiento de los acuerdos de Barbados sobre garantías electorales, firmados en su día entre el gobierno y la oposición, con el respaldo, entre otros, de EEUU y Brasil, supone una muestra más de mendacidad por parte del régimen. Maduro ha abusado de instrumentalizar las negociaciones en su propio beneficio, incumpliéndolas, siempre con el beneplácito de un cierto sector de la comunidad internacional, como el Grupo de Puebla y sus adláteres, pero también de autocracias como Rusia, Irán e incluso China.
Esta vez, sin embargo, la no inscripción de Corina Yoris, provocada por la inhabilitación de María Corina Machado, ha sido tan burda que algunos de sus aliados tradicionales, como el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el uruguayo José Mujica, dos de ellos presidentes en activo, le han afeado a Maduro su conducta antidemocrática. La respuesta bolivariana a sus críticos ha sido chabacana y desafortunada, demostrando claramente el talante de un régimen dictatorial incapaz de afrontar unas elecciones libres y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Jorge Rodríguez, colaborador cercano de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional arremetió como un bulldozer contra sus detractores: “Métanse sus opiniones por donde les quepan”.
Si se ha llegado a este punto es porque ni Maduro ni los suyos pueden perder esta elección. Si lo hacen pueden acabar con sus huesos en la cárcel o en el exilio e incluso con una pérdida total o parcial de sus patrimonios mal habidos. Para evitar tener que llegar a estos extremos están dispuestos a hacer cualquier cosa, traspasando una línea tras otra, incluso eligiendo al candidato de la oposición contra quien competir, en lugar de negociar de buena fe con las fuerzas opositoras.
Las elecciones primarias de la PUD, que permitieron un triunfo aplastante de Machado, mostraron tal potencial que sembraron el temor en las filas bolivarianas. La templanza, el tesón y una cierta habilidad política le permitieron a la dirigente de Vente Venezuela mantener una cierta iniciativa política más allá de las constantes zancadillas gubernamentales. Habrá que ver si después de las últimas jugadas del chavismo se mantiene la unidad opositora, hay indicios de que sería posible, y si son capaces de implementar una alternativa viable. No tanto para ganar, que salvo cambio radical del guion hoy suena bastante impensable, sino para sentar las bases de una nueva era, en la cual el gobierno tenga que empezar a contar con ellos para poder administrar el país y seguir caminando hacia adelante. Si eso llegara a ocurrir sería un triunfo de unas dimensiones inimaginables hace solo algunos meses.
Artículo publicado en el Periódico de España