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Prensa libre, organismos internacionales y organizaciones especializadas prueban que en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua hay centenas de presos políticos, tortura, terrorismo de Estado como forma de gobierno, violación de derechos humanos institucionalizada, manipulación de sistemas llamados de justicia y que los pueblos en resistencia civil pacífica por su libertad están en situación de indefensión. Se trata de naciones enteras a las que -por la fuerza y la violencia- se impide y se limita indebidamente sus derechos, ante lo que gobiernos y líderes democráticos mantienen silencio.
La indefensión es “la falta de defensa”, la “condición en la que una persona carece de defensa”, en la que “no tiene amparo, protección o socorro”. Jurídicamente es “la situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho”. Esta crítica posición puede derivar en la denominada “indefensión aprendida” o impotencia asumida que describe “la condición del ser humano que aprendió a comportarse pasivamente con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación…”.
De eso se trata el manejo de la psicología social de las tiranías y las dictaduras, de conducir a las personas a la condición de “sometimiento para evitar consecuencias desagradables o por la obtención de recompensas positivas”. El mecanismo es miedo con la implementación de “terrorismo de Estado” que es “la comisión de crímenes desde el gobierno, orientados a producir miedo y terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían” .
El terrorismo de Estado está fundado en la violación ilimitada y brutal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que termina con el primer elemento esencial de la democracia. Para que los crímenes del dictador y sus operadores sean impunes, los regímenes dictatoriales acaban también con la “separación e independencia de los órganos del poder público”, con lo que dan fin al “Estado de Derecho”. Así pueden detentar indefinidamente el poder bajo la modalidad de “dictaduras electoralistas” con elecciones fraguadas que son otra suma de delitos en las que el pueblo vota pero no elige y sostener su narrativa de “democracias de partido único”.
Existen muchos y muy importantes instrumentos internacionales -obligatorios- para proteger la vida, la integridad, la libertad y los derechos del ser humano que incluyen el poder vivir donde ha nacido y el derecho a la propiedad privada y al trabajo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y decenas más.
Están en vigencia muchas más leyes internacionales -obligatorias- para hacer efectiva la protección de la libertad, mantener la paz y seguridad internacionales, evitar la instauración de dictaduras y tiranías, sancionar a los criminales y evitar la impunidad: la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Internacional o Convención de Palermo, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y más.
Sobre la violación de las leyes internacionales en Cuba, Prisoners Defenders certifica que en Cuba hay 1027 presos políticos y que en los últimos 12 meses contabilizó 1.129, que “..es evidente que la población general está huyendo masivamente de la represión”. Sobre Venezuela Foro Penal certifica 240 presos políticos, “represión calculada, estigmatizaciones y detenciones arbitrarias…”, y las Naciones Unidas informa que “6,11 millones de venezolanos han abandonado su país”. Mecanismo de Nicaragua certifica 219 presos políticos y Datos Macro 682.865 emigrantes, de los cuales “más de 103.000 salieron del país entre enero y mayo de 2022″. Global Human Rights League certifica 164 presos políticos en Bolivia y existen más de 8.000 bolivianos solicitando asilo o refugio.
Frente a esta realidad objetiva que ha quebrado el sistema jurídico internacional y lo ha tornado inoperante, el silencio y la inacción de los líderes, políticos, presidentes, jefes de gobierno, jefes de iglesias, en suma el silencio democrático, es atronador.
Artículo publicado en Infobae.com
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