La Iglesia, la sociedad y el Estado (3)
Concluimos nuestra serie de artículos dedicados a reflexionar sobre la doctrina que debe guiar al católico en su acción, basado en la Doctrina Social de la Iglesia, expuesta en su Compendio de la Doctrina Social (CDS), seguiremos analizando la doctrina sobre la actividad económica según ese documento para concluir con los principios que rige las relaciones de la Iglesia con la política
Hemos explicitado en diversas ocasiones la antinomia catolicismo-comunismo, tan olvidada hoy en día por la jerarquía católica. La Iglesia es enfática en defender la propiedad privada y criticar el estatismo “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos». La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiaridad.” (CDS, 187).
Quién lo iba a creer en medio de tanta desinformación desde la misma Iglesia incluso respecto a los banqueros, los ricos etcétera que el CDS hace una vigorosa defensa del sistema financiero: “La experiencia histórica enseña que en ausencia de sistemas financieros adecuados no habría sido posible el crecimiento económico.” (CDS,368). Igualmente defiende la doctrina social de la Iglesia a la globalización “la política, al igual que la economía, debe saber extender su radio de acción más allá de los confines nacionales, adquiriendo rápidamente una dimensión operativa mundial que le permita dirigir los procesos en curso a la luz de parámetros no sólo económicos, sino también morales” (CDS, 372).
Es firme la Iglesia en la defensa de la democracia como principio rector de la política: “El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía” (CDS, 395). La autoridad política obviamente debe guiarse por la ley moral. La ley debe ser justa como primera regla del sistema político. Pero la democracia no es una cuestión formal de leyes justas, va mucho más allá: “Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política”. (CDS,407).
La representación política tiene por sobre todo una obligación moral: “Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales” (CDS, 410). ¿Cómo responderán los parlamentarios católicos ante su aprobación de un régimen del socialismo del siglo XXI, que busca la imposición de una dictadura hambreadora para perpetuarse en el poder? No pueden, no tienen justificación alguna.
Enfatiza la Iglesia el principio de la subsidiaridad, el Estado solamente acogerá como funciones propias aquellas que no puedan ser ejercidas por la sociedad civil: “El Estado debe aportar un marco jurídico adecuado para el libre ejercicio de las actividades de los sujetos sociales y estar preparado a intervenir, cuando sea necesario y respetando el principio de subsidiaridad” (CDS,418).
Está claro pues que la Iglesia define la acción política basada en tres principios: bien común, subsidiaridad y solidaridad. Defiende la libertad y la democracia como valores fundamentales de la acción política, propone como un derecho humano la propiedad privada y al trabajo y critica al estatismo. Estos son los valores que debería defender el político en la política. Bien difícil debe ser para destacados representantes de la jerarquía católica y para la mayoría de los políticos colombianos que se declaran católicos el justificar sus acciones en la promoción de un régimen político que es diametralmente opuesto a los principios de la doctrina social de la Iglesia, pues pretende instaurar la dictadura del socialismo del siglo XXI y darle un gran poder al narcoterrorismo, elemento asesino de la vida y la libertad.