La aplicación de una orden ejecutiva estadounidense de sancionar a otros 21 funcionarios públicos, esta semana por parte del saliente gobierno de Biden, que ya consiguió el apoyo formal del G-7 para el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, lo cual seguramente, sera seguido por Australia, Corea del Sur y la Union Europea.
Esta situación, puede ser el inicio indudable de un esfuerzo de coordinación política y economica, que se van a extender a muchos otros países, con el detalle de que el reconocimiento político, podría pasar a otro nivel, si es acompañado por un sistema sistemático de sanciones coordinadas desde Washington.
El problema de estas medidas, es pensar que solo afectan a los susodichos y sus familiares que serán afectados por un previsible sobrecumplimiento de las sanciones por parte de autoridades corporativas y administrativas en otros países, lo cual va a afectar a esposas, hijos, hermanos, socios comerciales y socios de fundaciones o entes no comerciales, por parte de los encargados de hacer cumplir dichas medidas.
En este sentido, se puede apreciar que algunas sanciones personales a dichos funcionarios podrían tener por objetivo un efecto sistemático contra sectores enormes de la vida social y económica del país, a través del efecto indirecto que genera en las personas que rodean a los afectados en cuestión.
Veamos 4 casos concretos:
1- Daniela Cabello
Es obvio que el ataque a esta funcionaria tiene por objeto desbaratar toda la estrategia de comercio exterior denominada Marca País Venezuela, coordinado por el Centro Internacional para la Inversión Productiva, donde el objeto no es amedrentar ni quebrar psicológicamente a dicha funcionaria, sino asustar a todos los empresarios que participen en las actividades económicas con promoción gubernamentales, lo cual es un adelanto en la práctica de la denominada Bolívar Act o Ley Bolívar, con lo cual ponen a todos los empresarios del sector privado en Venezuela en una situación de «psicoterror» donde desconocen si una simple gráfica o reseña en un medio de comunicación oficial puede ser usada para sancionarlo a nivel foráneo.
2- Alfred Nazareth Ñañez
La sanción al vicepresidente de Comunicación y Cultura afecta a 2 ministerios de gran peso político, puesto que la sanción administrativa estadounidense apunta claramente a afectar en «efecto cascada» a toda la cadena de medios de comunicación oficialistas que es inmensa a nivel nacional y con amplias ramificaciones a nivel internacional, lo cual podría considerarse una amenaza directa para la cadena Telesur, así como la colocación de todos los comunicadores sociales de dichos medios, como afectados indirectos, puesto que profundizando dicha sanción sectorial, podrían terminar declarando a dichos medios como organizaciones de carácter peligroso.
Igualmente a nivel cultural, el inmenso grupo de artistas tanto nacionales, como internacionales que colaboran o contratan con los entes culturales gubernamentales de Venezuela, podrían también ser objeto de este tipo de sanciones, tanto de manera privada por sobrecumplimiento, como por derivaciones o interpretaciones de las mismas sanciones.
3- Ricardo Menéndez
El vicepresidente sectorial de Planificación tiene un rol central desde hace muchos años en el esquema nacional de estructuración de las políticas públicas en el esquema de 1 país, 6 regiones, 24 estados, 335 municipios, 6.000 circuitos comunales y 48.000 y tantos consejos comunales, por lo cual podría considerarse que uno de los objetivos de sancionarlo, es trancar el proceso acelerado de implementación del Estado Comunal, lo cual podrían llevar a amenazar directamente con amenazar con sancionar a los 30.000 jueces de paz, que van a elegir el próximo 15 de diciembre de este año, además de afectar inclusive a los miembros de los órganos ejecutivos de las 5.000 comunas.
4- América Pérez
La sanción a la segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional es una anticipación a la aprobación por dicho ente legislativo de la aprobación de la Ley Libertador Simón Bolívar, lo cual en contrarepresalia llevaría a los estadounidenses a sancionar a todos los diputados que quedan sin sancionar, con lo cual dejarían a los 277 diputados principales y un número indeterminado de suplentes (recuérdese que hay situaciones y disputas que no son objetos de este articulo), lo que haría un daño político y personal irreparable a muchísimos de ellos, de caer en estas listas de sancionados.
Por razones obvias de autocensura, no se puede entrar a analizar el resto de los casos de los otros funcionarios sancionados, pero es muy obvio de entrada, que el objetivo de dichas sanciones, no son sus personas sino por los organismos vitales para el funcionamiento de las políticas de seguridad ciudadana del presente gobierno, dado los cargos puntuales que tienen los mismos.
La situación es tan complicada que en un documento interno del partido de gobierno (PSUV), denominado Orden de Operaciones 27\11\2024 (actividad por la vida y la paz), hace un planteamiento político de 2 puntos muy específicos, que según ellos son los orígenes y fundamento de las sanciones estadounidenses:
1- Retomar el control de los recursos naturales de Venezuela.
2- Acabar con el ejemplo de insubordinación y soberanía de la revolución bolivariana.
El primer punto no requiere mayor explicación, a pesar de la aparente contradicción de que los mismos recursos naturales de Venezuela son parte sustancial de las 600 empresas públicas que la directiva de Conindustria señaló que van camino a ser privatizadas, aplicando según ello el esquema Chevron, donde una empresa estatal es administrada por un ejecutivo estadounidense con eficacia, sin que nadie se ponga a hablar de imperialismo y que según la lógica político-financiera llevaría al ministro Saab a vender o asociar las 600 empresas con empresarios estadounidenses para conseguir las licencias operativas de la OFAC y escapar de las sanciones.
Esto podría explicar el porqué se desató incluso la alarma del gobierno de Colombia por incluir a la multinacional Monómeros en dichas intenciones, ya que dicha empresa estratégica para la agricultura colombiana, pasaría a ser dirigida por estadounidenses y ello, es una humillación pública para el Presidente Petro, que nunca ha escondido su conducta antiimperialista y podría ser capaz de nacionalizar dicha empresa para evitar tal afrenta personal.
El segundo punto, interpretado de otra manera por los estadounidenses, es la clave de la Orden Ejecutiva 13.692 de Barack Obama en la que coloca al gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza «inusual y extraordinaria».
Los políticos que desean una política de convivencia con Estados Unidos, no tienen mayor problema con el primer punto, ya que parece que existen funcionarios capaces de entregar las 600 empresas públicas y la mayoría de los más de 350 entes descentralizados nacionales y todos los entes empresariales y fundaciones de alcaldes y gobernadores a empresarios multinacionales.
El problema es el segundo punto que tiene que ver con la seguridad estratégica de occidente, que trataré en otro artículo por razones de espacio.