A poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, seguimos inmersos en una verdadera guerra de narrativas. Por un lado, el régimen oprobioso pretende imponer la percepción, utilizando su maquinaria represora al máximo, de que ya no hay nada que hacer y que la írrita sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ha sellado definitivamente la victoria de Nicolás Maduro.
El régimen está jugando a la normalidad del país, dizque remodelando su gabinete con los mismos actores de la cúpula dominante, y ubicando al principal demonio de las cinco cabezas, Diosdado Cabello, en una posición riesgosa (para todo el mundo) y estratégica que parecería enviar un mensaje claro en cuanto a la improbabilidad de someterse ellos a un diálogo y negociaciones, bajo el auspicio de factores internacionales, con la alta dirigencia y liderazgo de la oposición política. La orden de captura del presidente electo, Edmundo González Urrutia, a instancias del depravado fiscal general, suman a cierta convicción desalentadora que conviene en que el régimen utilizará todos los medios e instrumentos ilícitos a su alcance para mantenerse en el poder.
Tan normal le parece el país a Maduro y su camarilla que hasta han tenido el descaro y cinismo, siguiendo con su narrativa, de anunciar el adelanto de la celebración de las navidades para el 1 de octubre. Un duro golpe para la sensibilidad de un país que se resiste a aceptar el ultraje del 28 de julio.
Del otro lado, casi un país entero, liderado por María Corina Machado y el vencedor indiscutible de la contienda electoral, Edmundo González Urrutia, no cejan en su empeño legítimo de hacer valer los resultados del 28 de julio, constatados en las actas que son de dominio y conocimiento público y universal, y que el Consejo Nacional Electoral, ya sepultado en la práctica, se negó en todo momento a publicar.
En esta etapa de la guerra de las narrativas hay cuatro elementos o condiciones que deben darse simultáneamente para reimponer una agenda política conflictiva al régimen y colocarlo así en una situación de vulnerabilidad permanente. Por supuesto, partimos del hecho incontestable del triunfo abrumador y aplastante de EGU el 28 de julio; un resultado que generó en Venezuela la “certeza colectiva”, como diría la consultora política y académica, Carmen Beatriz Fernández, de que Maduro perdió la elección.
Sobre este hecho político irrefutable, inapelable para el régimen, se deben dar los cuatro factores de la ecuación que harán tambalear a Maduro y su corte de maleantes.
Lo primero es que las democracias occidentales reconozcan oficialmente, y de una vez por todas, el triunfo de Edmundo González Urrutia. Ya ha habido manifestaciones en ese sentido de algunos países, pero se hace necesario un consenso amplio de la comunidad internacional. No es tiempo de neutralidades; es necesario que los factores internacionales asuman una posición firme frente al narcoestado venezolano.
Lo segundo, sería de mucha utilidad que apareciera en escena el fiscal de la Corte Penal Internacional, el jurista Karim Khan, para que atienda la más que urgente llamada de numerosos voceros de la comunidad internacional que claman por una orden de captura de Nicolás Maduro y otros cómplices del gobierno de facto. Una actuación en esta dirección de parte del fiscal Kham reforzaría la condición de ilegitimidad de Maduro y de su nómina usurpadora. Nadie se explica su silencio y da la impresión de que está mejor escondido que el propio Edmundo González. Mientras más tarde en mostrar su rostro, más sospechas despiertan sus visitas periódicas a Caracas.
Se entiende que los tiempos jurídicos y de la legalidad internacional son más lentos que los afanes políticos; pero lo cierto es que la envergadura de la crisis nacional en Venezuela, con proyecciones serias a nivel de la estabilidad regional, y lo que ello implica en un contexto de distorsión global, bien merecen los apuros solicitados.
El rol que le corresponde a la Corte Penal Internacional y su fiscal Kham, pudieran muy bien ser complementados por una medida de parte de la administración Biden que implique subir el precio de las recompensas por las cabezas del régimen madurista, principalmente las de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Un nuevo anuncio que se constituiría en recordatorio de la naturaleza criminal de los sujetos a los cuales se enfrenta la ciudadanía venezolana secuestrada por un régimen que se dirige presuroso hacia una suerte totalitarismo nicaragüense, por decir lo menos.
Asociado a esto último, un tercer elemento o condición es el anuncio -por cierto postergado esta semana, gracias a la estrategia de apaciguamiento de los presidentes de Colombia, Brasil y México-, de la nueva lista de personeros del régimen a ser sancionados, particularmente de aquellos que han contribuido a la represión poselectoral, pero que también ha de incluir a los funcionarios que han hecho posible el ultraje electoral del 28 de julio, esencialmente los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con Caryslia Rodríguez, su magistrada presidente a la cabeza, y los desvergonzados funcionarios del ahora inexistente Consejo Nacional Electoral.
Y, por supuesto, un cuarto elemento que deseablemente debe conjugarse con los otros tres descansa en la estrategia y demás decisiones que han de ser puestas en escena bajo la conducción y liderazgo de María Corina Machado. Aquí se le presenta a MCM la disyuntiva de cómo administrar las convocatorias a las manifestaciones de calle; encontrar los momentos claves para hacer uso de los eventos de masa y producir ese golpe de gran efecto que ponga contra las cuerdas la capacidad de reacción del régimen.
Todas estas cuatro condiciones que al unísono se consideran claves para subir los costos de permanencia del régimen en el poder, han de conducir al permanente objetivo de crear fisuras en la estructura de la nomenclatura gobernante, y, con ello, producir el quiebre definitivo que dé paso a la fase superior de la transición ya en curso.
Javierjdiazaguilera61@gmail.com