Foto: AFP
El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que prohíbe la elección de reinas de Carnaval en las escuelas. Según las autoridades educativas, esta actividad es “una práctica nefasta, una expresión de violencia simbólica contra niñas y jóvenes que, con certeza, evolucionará hacia violencia física y sexual”. Sin duda, merece aplauso el repentino interés del ministro de Educación por lo que ocurre en las aulas, especialmente en relación con la reproducción de las brechas de género. Sin embargo, cabe preguntarse por qué este despertar no comenzó con otras prioridades más urgentes.
Por ejemplo, el ministro pudo haber iniciado su cruzada atendiendo las condiciones de los docentes: salarios dignos y contratos justos que acaben con el eufemísticamente llamado “horario mosaico”, una práctica verdaderamente nefasta que condena a los estudiantes a solo dos o tres días de clases por semana. También pudo haber dirigido su recién descubierta preocupación hacia la alimentación escolar: garantizar comedores, un vaso de leche diario y desayunos nutritivos para todos los estudiantes bajo altos estándares de calidad. Esto, entre otros beneficios, reduciría la deserción escolar, un problema que sigue sin resolverse.
Si tan inquieto está el ministro por la violencia contra niñas y adolescentes, su fervor feminista pudo haber comenzado por enfrentar la alarmante tasa de embarazos no deseados a edades tempranas. La falta de educación sexual integral deja a las estudiantes —con sus camisas blancas, azules o beiges— en alto riesgo de embarazo, sin acceso adecuado a anticonceptivos y enfrentando la pobreza menstrual. Es una clara violación de sus derechos sexuales y reproductivos. Y eso sin mencionar que Venezuela, rezagada en el continente, aún no legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Así, a la vergüenza de ver a una niña embarazada, quizás víctima de violencia, se suma la crueldad de obligarla a ser madre.
El ministerio asegura que le preocupa “la transmisión de estereotipos que cosifican y violentan” a la población escolar. Perfecto. Entonces, sería interesante que el señor ministro sostuviera una charla con el fiscal general de la República, quien en ruedas de prensa y entrevistas se ha opuesto abiertamente a reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ+ conforme a los estándares de las Naciones Unidas. Ese diálogo podría aclarar si el Estado venezolano, y en particular el sistema educativo, combatirá realmente los estereotipos y roles de género, entendiendo que sexo y género son conceptos distintos.
Mientras tanto, en las escuelas venezolanas los estudiantes pasan sin clases la mitad del tiempo, carecen de suficientes docentes, ven sus planteles derrumbarse por falta de mantenimiento y muchas niñas se convierten en madres antes de tiempo. Pero, qué alivio: al menos han sido rescatados de la terrible amenaza de elegir reinas de Carnaval. Un avance revolucionario, sin duda.
jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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