La globalización de la violencia

Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Entender lo que está pasando en el mundo se ha convertido en un esfuerzo no solo difícil sino casi inalcanzable. Supera a historiadores y a los más informados analistas. Supera, incluso, a los más cerrados y altos centros de estudios estratégicos.

Uno solo de estos motivos de preocupación, sin respuesta clara, es el relativo al de la violencia, no solo la de las guerras declaradas y con autores visibles, sino a aquella, no formalmente declarada, en la que intervienen agrupaciones como el crimen organizado, grupos subversivos inspirados en ideas política o fanatismos religiosos, movimientos armados enfrentados a su propio gobierno o a los poderes mundiales. Estamos frente a la globalización de la fuerza, la legítima y la del crimen o la subversión con sus pretensiones de poder y de inserción en los espacios del poder.

La guerra en Palestina, por ejemplo, se vincula desde su inicio con acciones del grupo insurgente Hamás. Los apoyos de Irán a esta guerra se dan a través de otro grupo, los hutíes, que operan en Yemen. Más cerca de nosotros, la guerrilla colombiana terminó siendo el brazo armado del narcotráfico y ha sido patrocinada por gobiernos de países vecinos a donde actúa. Las cárceles en Ecuador terminaron siendo el centro de organización y planificación del crimen organizado y el tráfico de drogas, contando con el silencio y, en algunos casos incluso la participación, de las autoridades. La desconfianza en los poderes del Estado o en las instituciones encargadas de la seguridad pública llevó, en muchos casos, a aceptar formas de convivencia con las organizaciones criminales. Es el caso del paramilitarismo. Los capos de las mafias o de los grupos subversivos pasaron a tener poder e influencia y persisten en sus propósitos y objetivos perversos gracias a arreglos y compromisos.

Estamos frente a fenómenos que confluyen en el derrumbe del Estado y el establecimiento de la anarquía. México perdió el control sobre más de 30% de su territorio, ahora dominado por las mafias, fuera de la autoridad y de la norma del Estado. Colombia pasó de una guerrilla con inspiración política a una guerrilla primero sostenida por el narcotráfico y, luego, a una guerrilla para el narcotráfico. Los campos de Apure, en Venezuela, antes florecientes en ganadería y agricultura, viven hoy paralizados y atemorizados por el narcotráfico y la guerrilla. Igual otros estados limítrofes, con fronteras tomadas y destrucción de sus fuentes naturales de riqueza y de trabajo.

La violencia gubernamental también campea a sus anchas, y los casos de ejecuciones extrajudiciales son en algunos países frecuentes y abultadas en cifras. Ni hablar de las transgresiones flagrantes a los derechos humanos, práctica habitual de las dictaduras que abundan en el orbe.

A la pregunta sobre qué hacer en Venezuela, políticos y analistas ensayan algunas tímidas respuestas. La periodista y politóloga Paola Bautista de Alemán apunta que la crisis del crimen organizado en Ecuador podría ser una advertencia para nuestro país. “El fortalecimiento de los actores criminales ocurrió con un debilitamiento paralelo de las Fuerzas Armadas, la Policía, la estructura de inteligencia. Las capacidades armamentistas de las estructuras criminales en Ecuador son casi siete veces mayores que las del Estado”, dice. Sus propuestas incluyen incorporar la cuestión criminal y de seguridad al modelo de cambio político, anticiparse a las tensiones que derivarán necesariamente del desmantelamiento de las redes criminales y el restablecimiento de los deberes estatales, evitar la tentación autoritaria, el retorno a la civilidad, la inclusión de políticas públicas dirigidas a reconstruir nuestra identidad y nuestra memoria.

Visto de otra manera, y con la necesaria perspectiva de largo plazo, se trata nada menos que de refundar el Estado, de convertir las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2025 en oportunidad para dar poder e iniciativa a las autoridades locales frente a un centralismo que no deja espacio para la acción. La recuperación de la institucionalidad no puede, desde luego, sino correr paralela con la recuperación del valor del ciudadano, de su iniciativa, de su capacidad de organización y control.

Para la seguridad ciudadana es indispensable prestar atención prioritaria a la Justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía. La inseguridad se nutre de la pérdida de los valores que deberían signar sus acciones. Es preciso tener confianza en la rectitud de sus fines y ponerle una barrera a la penetración de actores interesados en su falta de rectitud y eficacia.

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