No son nuevas las denuncias de partidos políticos y sus dirigentes asociados con el narcotráfico en Venezuela. Recuerdo muy bien, cuando era adolescente, el caso del entonces diputado suplente –oriundo del Zulia– por el partido Opinión Nacional (Opina), Hermógenes Castillo. En 1987 fue interceptado con cinco kilos de cocaína, que transportaba en un vehículo con placas del entonces Congreso Nacional. Entre sus acompañantes fue encontrado en la maleta del vehículo el presunto comprador¹. Aquella situación causó un enorme revuelo en la política de entonces y se dice que fue, entre otros, uno de los motivos del alzamiento militar que lideró Hugo Chávez en 1992, del que por cierto se cumplirán 30 años el próximo 4 de febrero y el madurismo, aseguran, “botará la casa por la ventana”, incluso con desfile militar. Parece entonces que tales causas no solo siguen intactas, sino que ahora en el nombre del “socialismo y la revolución” han llegado hasta la mal llamada “generación de oro”, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y del madurismo.
1) Keynireth Fernández: la líder “juvenil e indígena” del PSUV en el Zulia
El hecho de que la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm –también ubicado en el Zulia– de nombre Keynireth Fernández se presentara como una “líder juvenil” y de grupos indígenas de esa zona², de quien son conocidas sus fotos junto a líderes del PSUV como Diosdado Cabello y Omar Prieto (exgobernador del estado petrolero)³, así como videos en los que es aplaudida por Nicolás Maduro⁴ por su verborrea revolucionaria y cualidad de oradora perfecta, hacen más condenables sus actuaciones políticas. Y es que era evidente que ella se movía entre la cúpula del madurismo, sin obviar que en la misma medida y trajeada con vestimenta indígena se paseaba con los jefes militares del Zulia⁵.
La situación nos lleva a realizarnos una serie de interrogantes: ¿Hasta qué punto llegaron las investigaciones con la susodicha integrante del PSUV como parte de una red de narcotráfico dentro de las estructuras del Estado, si ella era alcaldesa desde 2017? ¿Lleva tanto tiempo una investigación de este tipo, máxime cuando en casos como el referido del diputado Hermógenes Castillo (1987) las investigaciones duraron dos meses? ¿O las acciones como traficantes de drogas de la alcaldesa y sus acompañantes son de reciente data?
Por otra parte, los señalamientos en redes aseguran que la “funcionaria” se desplazaba en una camioneta Toyota Tacoma de última generación –las preferidas de la dirigencia del PSUV–, lo que también nos obliga a emplazar tanto al Ministerio Público como a la dirigencia del madurismo para que terminen de responder a los venezolanos: ¿Qué vaina es esa de que mientras el pueblo sufre para encontrar hasta un mendrugo, o hacemos magia para medio sobrevivir, la dirigencia del PSUV en todos los estados del país siempre se desplaza en camionetas y vehículos de lujo? ¿Son vehículos propios o del Estado?
Si son “propiedad” de quien los conduce o hace las veces de pasajero, ¿cómo es posible que mientras un trabajador o pensionado en la administración pública tiene salarios de 1 dólar al mes en promedio, un alcalde, alcaldesa o diputado puede darse semejante privilegio? ¿De cuánto son sus ingresos y cuáles son sus fuentes de financiamiento? ¿Por qué nunca los alcaldes, diputados, ministros, entre otros, hacen públicas sus cuentas de “nómina”? ¿Qué opinan sobre este particular Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, diputados del PSUV o cualquiera de los que integran la oposición en el hemiciclo, en cuyo estacionamiento suelen verse los vehículos y camionetas del tipo mencionado.
Por cierto, sobre el particular hay que condenar que ahora se diga que entre los integrantes de órganos públicos, como la Asamblea Nacional, se diga que ellos son “empresarios” o “emprendedores” para “justificar” sin más explicaciones sus estruendosos niveles de vida. Hasta individuos como Ricardo Sánchez, quien hasta hace una década cuidaba la retaguardia de la ultraopositora María Corina Machado, con el madurismo se ha convertido en un prominente “empresario bovino”. Verbigracia, tenemos un “parlamento socialista” integrado por “diputados capitalistas” ¡Vea, usted, pues!
Y si tenemos que los vehículos son del Estado, ¿por qué estos circulan con placas no oficiales, sino de uso particular? O sea, que estamos en presencia de delitos que en muchos casos son peculado de uso, porque se emplean bienes de la nación para beneficio particular. ¿O no es así, Tarek William Saab? ¿Qué informe nos dará la Fiscalía General de la República sobre estos hechos, más allá de las incuestionables detenciones?
Apartando las consideraciones políticas y muchas otras interrogantes que esperemos tengan respuesta con el avance de las investigaciones, la realidad es que la alcaldesa -en este momento detenida- Keynireth Fernández no era cualquier ficha del PSUV. Ella era un enlace activo y prominente entre la cúpula de esa organización política y lo que ellos llaman la “juventud” de ese partido, así como una referente con la permeabilidad del madurismo hacia las organizaciones que denominan “populares”, y entre las cuales, tenemos las poblaciones indígenas, que desgraciadamente siempre terminan siendo víctimas de la bazofia política que ha resultado de la demagogia madurista⁶.
2) “Diputados” Taina González (PSUV) y Luis Viloria Machado (Primero Venezuela)
Y si la susodicha Keynireth Fernández es la protagonista de los hechos que han impactado la arena política en el comienzo del 2022; la diputada Taina González (Zulia) y Luis Viloria Machado (Táchira) completan el triángulo de excremento político que han constituido en nombre de la revolución y la oposición. Así tenemos que la primera, quien se identificaba en Twitter como “comisionada nacional de Asuntos Religiosos de la #JPSUV” – su cuenta (@taina_zulia) al parecer fue eliminada tras su detención–, una joven designada por la AN para todas las formas de “credo” en Venezuela, fue otra de las capturadas con el cargamento de sustancias estupefacientes. Esto revela lo complejo del tema en términos de una generación que al parecer todo lo construye desde una fachada política, sin importar el daño que hacen a la sociedad con sus desviaciones de conductas y empleando sus responsabilidades de Estado para delinquir.
El otro capturado, quien a finales de 2021 también habría sido detenido por una supuesta acción de inteligencia, es Luis Viloria, diputado suplente por el estado Táchira -¿o Trujillo?- pertenece a la plataforma del micropartido Primero Venezuela, que controla el seudoopositor José Brito, al parecer, sin que exista información oficial por parte del Ministerio Público de semejante acción. En tal contexto, ¿qué hacía Viloria con integrantes femeninas del PSUV en el estado Falcón? ¿Era primera vez tal encuentro, o eran parte de las investigaciones para que estuvieran juntos los ahora comprometidos con tales hechos de tráfico de drogas?
En todo caso, resulta condenable que sean “diputados” otros de los implicados en tan lamentables hechos, que terminan por descubrir la crisis moral y ética que el madurismo ha generado en las instituciones; al punto de que para tratar de limpiar en algo lo sucedido, Diosdado Cabello dijo: “En el PSUV no hay compromisos con delincuentes”⁷. Pero, de ser cierta esa afirmación, preguntamos al propio Diosdado Cabello: ¿cómo es que un “criminal” –llamado así por el mismo Hugo Chávez- de la talla de Valentín Santana no ha sido capturado por las autoridades?
3) ¿Operación Mano de Hierro?
El madurismo busca lavar su rostro ante la sociedad después de que, a comienzos de 2022, la guerrilla colombiana y mafias de irregulares tomaron Barrancas del Orinoco, mientras el ELN y las disidencias de las FARC se han adueñado prácticamente de Apure, Táchira y Zulia en sus zonas fronterizas, y todo ello ocurre cuando el Tren de Aragua genera terror en Cagua. Los secuestros y asaltos en la Autopista Regional del Centro, en los Valles del Tuy y hacia Guárico han convertido esas vías en “tierra de nadie”.
Esa sería la razón por la cual no solo se estarían dando estas operaciones antidrogas, sino que tanto el alcalde de Soledad en el municipio Independencia (Anzoátegui), así como el fiscal “superior” del estado Bolívar, habrían sido detenidos por contrabando de combustible⁸, en lo que han llamado la Operación Manos de Hierro.
Al parecer, las más altas cadenas de mando siempre están “libres de pecado” y esto ocurre después del lamentable discurso ante la Organización de Naciones Unidas, en cuya asamblea el régimen de Nicolás Maduro fue ampliamente señalado de violar derechos humanos, de ser responsable de una interminable emigración y de continuar la denunciada praxis con los presos políticos.
En síntesis, el madurismo ha perdido el control del territorio nacional y la lucha que mantiene con el chavismo agotado de recibir órdenes verticales parece que comienza a implosionar en el seno político y militar. Recordemos que fue la Policía Nacional la responsable en haber incautado la droga que ha hecho explotar a la “generación de oro” del PSUV con su «mano de hierro».
@vivassantanaj_
¹ https://elpais.com/diario/1987/02/06/internacional/539564419_850215.html
³ https://twitter.com/clarcklaurens1/status/1487255596256665601
⁴ https://twitter.com/SebastianaB/status/1487112180805906432
⁵ https://twitter.com/maibortpetit/status/1103006090558607361
⁶ https://instagram.com/keyfernandez86?utm_medium=copy_link
⁸ https://eldiario.com/2022/01/29/detienen-alcalde-chavista-contrabando-combustibles/
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