La cuestión de confianza planteada por el gobierno no tiene sentido, como ha explicado un grupo de destacados expertos. Pero eso es lo que menos le importa a la gavilla de delincuentes que ha asaltado el Estado. Ellos solo buscan un pretexto para disolver el Congreso y luego liquidar la independencia de la fiscalía y aplastar a la prensa independiente.
A estas alturas todavía hay algunos ingenuos que creen que solo se trata de bravatas para amedrentar a los parlamentarios. En realidad, ya caben pocas dudas de que la corrupta camarilla comunista quiere hacer lo que viene diciendo y repitiendo desde el principio, cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente. Todas las escuálidas movilizaciones que impulsan tienen esas consignas.
Por lo demás, era completamente previsible que esa sería su reacción ante el avance de las investigaciones de la fiscalía, que, si bien no puede procesar a Pedro Castillo, si lo está haciendo con sus familiares y allegados más cercanos. Y, junto con las denuncias de la prensa, está dificultándole a esa pandilla seguir saqueando el Estado. Eso es intolerable para ellos.
Como señalé el lunes pasado, “No obstante, un tema que no está siendo calibrado adecuadamente es que cualquier avance en algún mecanismo que lleve a expectorar a la banda que ha asaltado el gobierno, suscita una reacción de parte de esa pandilla, que se traduce en la aceleración del propósito que acarician desde el principio, disolver el Congreso y luego liquidar la fiscalía y la prensa independiente”. (“Más cerca de la confrontación”, Expreso, 14/11/22).
Y precisamente eso es lo que ocurrió con la desaforada irrupción de Aníbal Torres y sus secuaces en el Congreso.
Si logran su propósito de disolver el Parlamento, no será para convocar nuevas elecciones congresales. Saben que no tendrían mayoría, dado que están desacreditados y divididos. Actuando sin contrapesos, con el Congreso ya desaparecido, convocarían una asamblea constituyente, quizá referéndum de por medio. Naturalmente, harían lo que Castillo ha dicho muchas veces: una asamblea integrada mayoritariamente por “organizaciones populares”, es decir, numerosos grupúsculos sin base alguna. Ellos son expertos en crear ese tipo de fachadas, como las rondas dirigidas por un ambulante de Azángaro o las mujeres campesinas por una vociferante activista a sueldo de Jesús María.
Para cerrar el Parlamento probablemente recurrirán a una combinación de la táctica del Lagarto y los morados. El pretexto sería una denegación “fáctica” de la confianza combinada con una violenta algarada provocada por matones y delincuentes a sueldo, ¿Quién defendería al desprestigiado Congreso?
Aunque parezca increíble, todavía hay personas que creen que Castillo y su gavilla respetan las leyes, las normas y los procedimientos, y que, por tanto, no harán lo que obviamente están planeando hacer. Piensan que como no es legal convocar una constituyente, no lo harán. Hay que ser muy tonto para suponer que esa pandilla se atendrá a la legalidad.
Ellos se guían por la máxima enunciada por Lenin, pretenden “un poder ilimitado basado en la fuerza y no en la ley” (Ian Kershaw, “Personalidad y poder”).
Aunque pocos se atreven a admitirlo, solo con soluciones radicales se podrá evitar que esta siniestra gavilla se salga con la suya y destruya el país.
Artículo publicado por el diario peruano El Reporte