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La impunidad convierte a los cuerpos de seguridad del Estado en los enemigos del derecho a la vida y la libertad en Venezuela
El Estado sigue con rebeldía en cumplir con todas las sugerencias y peticiones de la alta comisionada Michelle Bachelet después de haber visitado el país y del último informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU. En este ratifican lo que las víctimas, familiares y quienes tenemos décadas en la defensa de los derechos humanos hemos denunciado: las actuaciones criminales de la FAES, que sigue siendo señalado por cometer secuestros y ejecuciones extrajudiciales con total impunidad en todo el territorio nacional. Se recomienda proceder a su eliminación.
Como abogado defensor de derechos humanos y coordinador de la defensa de los derechos civiles, exijo al Estado venezolano proceder a la eliminación de este grupo de exterminio; no basta con iniciar investigación penal, es necesario establecer sentencia que condene a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que gracias a la impunidad tienen licencia para secuestrar y asesinar. La cifra que se maneja extraoficialmente de muertes que involucran a la FAES es de 10.971 por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Es importante recordar que la alta comisionada Michelle Bachelet responsabiliza en su informe a la FAES, el Cicpc y la GN de 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020.
El coordinador nacional por los derechos civiles asegura que se está en presencia de la descomposición total de los cuerpos de seguridad del Estado por la falta de formación para establecer los límites de sus actuación en el respeto de derechos humanos como la vida y la libertad, falta de supervisión de sus superiores y, los más grave, la impunidad que por omisión del Estado se convierte en su mejor aliado.
Si evaluamos a la GN, es represión, detenciones arbitrarias y su historia de atrocidades está en el Plan Zamora 2017, matraca en las estaciones de servicio; Sebin, Dgcim, involucrados en crímenes de lesa humanidad, señalados por el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, y el Cicpc señalado por el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet de ser responsable de asesinatos.
Debo condenar las detenciones arbitrarias de que fueron víctimas los sindicalistas Girot y Zárraga. El Estado sigue vulnerando sistemáticamente los derechos civiles y políticos de los ciudadanos como política pública y no descarto la participación de la Dgcim o la FAES en estas acciones.