OPINIÓN

La extorsión se replica en nuestro patio

por Beatriz De Majo Beatriz De Majo

Cobrar dinero bajo amenazas de muerte u otra suerte de retaliaciones es un mal endémico en Colombia que está lejos de encontrar cura y que comenzará a ser más frecuente en Venezuela en la medida en que se está produciendo una presencia más incisiva –y autorizada, hay que decirlo– de la guerrilla y el narcotráfico en nuestro país. Además, los grupos delincuenciales que se solapan, entrelazan y colaboran entre ellos de los dos lados de la frontera ya usan esta forma de crimen para extraer significativos montos de dinero de la población civil o de las empresas que intentan hacer vida en paz en esos territorios.

Colombia se destaca en nuestro continente por ser uno de los países en los que se encuentra muy enraizado el fenómeno de la extorsión. Dentro del ambiente de violencia que allí ha imperado por décadas, quienes observamos la dinámica del país vecino tendemos a soslayar la importancia que esta suerte de desaguisado tiene, por ser menos cruenta que los asesinatos, torturas, violaciones, secuestros, crímenes estos que son más ostentosos para la sociedad.

¿De qué se trata? Es un delito que consiste en constreñir u obligar bajo amenaza o fuerza a otra persona a hacer, a tolerar o a admitir alguna cosa con el fin de sacar provecho de ello. Se trata de un delito penalizado en Colombia con multas y con prisión de 16 a 24 años.  En el país vecino la extorsión ha adquirido variadas formas pero es cada día más frecuente encontrar casos en los cuales se extrae dinero de las victimas a cambio de protección de algún género. Tanto las personas naturales como las empresas son el objetivo de estas prácticas intimidatorias.

Las herramientas de detección de este mal han mejorado al correr de los años, pero ninguna solución implementada por las autoridades ha sido suficiente para desterrarlo. Por el contrario, la curva del crimen ha sido creciente y afecta no solo a la ciudadanía por igual a la economía, ya que constituye un factor desestimulante de la inversión, la productividad y el crecimiento. En Barranquilla, por ejemplo, en el año 2021 pasaron de 25 las denuncias de extorsión por cada 100.000 habitantes

En la vecina tierra neogranadina este crimen se ha exponenciado tanto en las ciudades como en el campo y las razones que lo impulsan varían de una ciudad o región a otra. Guerrilleros, narcotraficantes y el hampa común han encontrado en esta práctica una vía para hacerse ilícitamente de ingentes cantidades de dinero porque el amedrentamiento actúa a favor del criminal. Pero lo que es notorio para los estudiosos de estas distorsiones es que los casos han ido en aumento gracias al abandono de responsabilidades por los gobiernos. Durante 2022 crecieron las denuncias de extorsión en Colombia, especialmente en ciudades intermedias. Fueron reportados 9.243 casos, 11 % más que en 2021

De igual manera, la impunidad que es la consecuencia de la desatención del Estado sobre el fenómeno ha provocado que los grupos al margen de la ley se fortalezcan en el uso de estas herramientas de lucro ilegítimo. Medio siglo de conflicto armado y la incapacidad de las autoridades para resolverlo han logrado que, desde el hampa común, el delito haya migrado hacia los alzados en armas, y los clanes de la droga, actores que igualmente benefician del letargo institucional.

La población rural ya se ha acostumbrado en muchos sitios a la presencia de este género de crimen dentro de su cotidianeidad. En estos casos son los grupos armados de todo tipo quienes ofrecen protección a los lugareños a cambio de pagos. En ciudades como Medellín y Cali –incluso Bogotá, hoy en día– el objetivo son los empresarios. Son incontables los casos no reportados en los que comerciantes, ganaderos y ciudadanos son obligados a pagar mensualmente una cuota para la libre movilidad y como aporte a la lucha guerrillera.

El triste corolario es que la inacción de las fuerzas del orden ha dado paso a la resignación social en buena parte del país vecino. Comencemos nosotros venezolanos a exigir la atención proactiva de nuestras autoridades ante este fenómeno que ya hace metástasis dentro de nuestra geografía.