La extinción de dominio y la batalla patrimonial contra el terrorismo

Duele observar la imágenes de la vileza cometida por Hamás y otros grupos terroristas islámicos en su alelada cruzada por destruir la humanidad, en esta oportunidad, con la carnicería cometida en Israel. Evocando supuestos móviles de nacionalidades inexistentes, los autores intelectuales de este atroz atentado, sólo buscan formas para aferrarse al poder en su corrupta manera de vivir. La excusa es Israel. Vendieron la sangrienta propaganda -comprada por algunos factores ideológicos en occidente- de la ocupación israelí como mal de males, cuando, en realidad, Israel ha sido una baza para el desarrollo democrático, económico, social, sanitario e institucional en esas regiones del Oriente próximo. Usan a la población palestina como arsenal, manipulándola de forma cerceña, para ocultar la realidad que son los líderes políticos palestinos los creadores de este estado pernicioso, con el fin de evitar que realmente se consolide un Estado con las bases institucionales de quienes no son israelíes. Si existen culpables para que Palestina no tenga un Estado formal, son precisamente las élites palestinas. El día que se cree el Estado de Palestina, los primeros que serán prisioneros de las instituciones y el Derecho serán precisamente quienes dicen “luchar por esta causa”. Sin embargo, creo que se les olvida algo a estos besamanos de la muerte. El mundo no se detendrá por una soberanía estatal. Esta última dejó de ser un yelmo contra cualquier investigación judicial internacional.

El terrorismo es una lacra porque su moneda de cambio es la sangre inocente. Es brutal y forma parte de quienes sin argumento y convicción de recta moral, usan la fuerza para imponer pantanosos intereses de enriquecimiento sin trabajo y morbo por destruir al otro que sí prospera como recompensa de su tesón y esfuerzo. Quienes lo emplean son personas en grado altísimo de frustración, donde las fuerzas destructivas es lo único que puede desatar, sin percatarse, que las primeras víctimas serán ellos mismos. Total, el terrorismo es una forma de totalitarismo cavernario, para precisamente que aquellos oprimidos sigan siendo oprimidos, donde lo que se busca es eliminar a toda costa la esperanza de un nuevo horizonte y mejores destinos.

Pero las acciones de terror, para ser efectivas y generar impacto, requiere de una infraestructura económica y financiera. En el pasado reciente, la misma noción de soberanía nacional era una manera de aprovecharse para -en Estados donde existe nula o o casi ninguna vigilancia por las autoridades- manejar recursos económicos provenientes de secuestros, sudvenciones de organismos internacionales miopes, paquetes de estímulos desde organizaciones político-ideológicas, ayudas y hasta inyecciones económicas de Estados a través de órganos sui generis, sean de naturaleza estatal o privada. Ejemplos tenemos a nivel global. Tal es el caso de la Oficina 39 de Corea del Norte, las instituciones financieras de paraísos fiscales del “primer mundo”, o inclusive, la suerte de ciertas ONG que podrían pasar desapercibidas por ser “caritativas”, cuando precisamente son fachada de grupos que obtienen esos recursos para sus festivales del terror a costa de miles de vidas humanas inocentes.

Pero hay una mala noticia para estos grupos, que cada día son cercados financieramente. Desde 1989 los Estados han venido aplicando medidas multilaterales (vgr. el GAFI, etc.), donde, aunado a la creciente digitalización del dinero, poco queda para esconderse en el mantra de la “soberanía nacional”. Inclusive, más allá de la revisión periódica o “sorpresiva” a las cuentas bancarias y transacciones sospechosas, existen otras medidas que en el momento preciso, cuando así se determine por política criminal internacional, son aplicados a rajatabla, siendo altísimamente eficientes. En América Latina, otrora paraíso patrimonial, gradualmente ha ido incorporándose a estos controles, máxime, cuando en pocos años el dinero en efectivo deje de existir y todo lo económico sea, con el favor de Dios, de flujos electrónicos. En cuestiones de segundos se detectará la transacción sospechosa, que marcará el antes y un despúes. En fin, no habrá forma de anonimato económico y en cuestión de segundos se sabrá quien apalancó económicamente al terror.

También, así como existe la vigilancia financiera, la extinción de dominio ha jugado papel estelar contra los patrocinadores del terrorismo. Casi todos conciben a la extinción de dominio para perseguir patrimonios corruptos o del tráfico de drogas. Sin embargo, su dinámica en la prevención de actividades terroristas ha sido crucial en algunos Estados, no tan lejos como Dinamarca o Alemania, sino en la americanísima nación peruana. Hacemos referencia al caso Evans, mejor conocido como “La Monja”. En esta investigación patrimonial, tras más de 40 años de fracasados juicios penales contra los financistas del terrorista Sendero Luminoso; fue la extinción de dominio (ED) que logró penetrar ese tejido de impunidad con que los grupos de delincuencia económica se escudan, usando los mismos principios y limitaciones de los sistemas jurídicos garantistas. Bastó que en 2019 se pusiera en práctica la ED para que la investigación penal estancada, encontrara luz en cuestiones de meses. El patrimonio no está amparado, en ninguna parte del mundo, por el principio de presunción de inocencia. Los Estados pueden hacer la pregunta ¿de dónde se obtuvo el bien, o para qué se utiliza?, para así determinar si realmente con dineros legítimos se financia al terrorismo.

Lo crucial del asunto, más allá inclusive del propio Estado, es que una vez aprobada la extinción de dominio en un país, cualquier otro puede requerirle medidas sin escudarse en la soberanía. Así que, una vez que Venezuela adoptó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, bajo ninguna circunstancia, el Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano pueden negarse o entorpecer una investigación patrimonial iniciada en otra latitud. Están obligados a colaborar, por el concepto de Asistencia Legal Mutua (ALM) para adoptar medidas, e inclusive, iniciar de oficio un proceso de extinción de dominio. En este aspecto, debo decir que las Oficinas internacionales de persecusión al terrorismo vigilan cada operación patrimonial en Venezuela, sobre todo, en el oriente del país donde se han identificado patrimonios de personas pertenecientes a células de grupos terroristas internacionales de acento islámico. Con la extinción de dominio abrieron las puertas de la justicia patrimonial internacional, por lo que no debe molestar al Estado venezolano, que se tengan evidencias de investigaciones contra el patrimonio criminal de ciertos personeros políticos, económicos y partidistas.