Con una concentración realizada frente el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro celebró su ascenso al poder el 14 de abril de 2013, cuando le obsequió el CNE, sumiso al régimen, un triunfo que no había obtenido en las urnas electorales frente a su contendor Henrique Capriles, a quien se le negó la auditoría electoral que había solicitado. Nació ese régimen con el inri del fraude en la frente.
Al pecado original del fraude se unió la corrupción que agobia y asfixia a la dictadura. El editorial de El Nacional del día 16 de abril próximo pasado lo testimonia de modo contundente, al decir: “…El escándalo de corrupción sin precedentes ventilado desde las altas esferas del poder abarca todos los poderes de la República y las empresas que fueron emblema de su progreso: Petróleos de Venezuela, que estuvo posicionada como la tercera compañía de hidrocarburos del mundo y hoy produce la quinta parte de barriles de crudo de lo que hacía a fines del siglo pasado y las empresas básicas del hierro, acero y aluminio asentadas en Ciudad Guayana, una urbe creada con el surgimiento de la democracia en los años sesenta”.
La historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, está cruzada por la sombra de los gobernantes ilegítimos. América Latina ha sido fecunda en la procreación de tales especímenes. Unos han ejercido el poder sustentándose únicamente en la fuerza. Otros, se decoran cínicamente con precarias fachadas democráticas. En Venezuela, Hugo Chávez, que había ganado la presidencia de la República en pulcras elecciones, tenía lo que en doctrina constitucional se conoce como legitimidad de origen, pero, por las violaciones de la Constitución y la comisión de delitos de lesa humanidad, no tenía legitimidad de desempeño o ejercicio. Se podría decir que el régimen de Chávez caminó en un solo pie y vivió y sobrevivió en un conflicto entre su legitimidad de origen y su ilegitimidad de ejercicio; algo así como una bigamia de legitimidad presidencial.
El régimen de Nicolás Maduro nació, como se dijo al comienzo de este artículo, gracias a un fraude electoral, razón por la cual no tiene legitimidad de origen. Y es sabido que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en documento público del pasado 30 de marzo, en el que responde a las observaciones presentadas por Venezuela para la reanudación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, aseguró que “el país no presenta pruebas o información concreta”, y actualmente el proceso judicial está en desarrollo. La Corte está analizando los testimonios que ha recibido, tanto del Estado venezolano como de posibles víctimas, según figura en la web del organismo internacional. O sea, que en el régimen de Nicolás Maduro está cuestionada también la legitimidad de desempeño o ejercicio.
Nos oprime un régimen bifronte, doblemente ilegítimo, que ensombrece al país.