Venezuela se encuentra inmersa en una convergencia de crisis que dificultan la estabilidad del sistema político y la calidad de vida de su población. Un análisis general de los eventos más relevantes en 2023 revela una intersección de crisis institucional, corrupción sistémica, conflictos sociales, polarización política, inestabilidad económica, descontento popular, intervención externa, migración-repatriación y un continuo fracaso en la toma de decisiones.
Entre el clamor del pueblo y la crítica internacional, se ha agudizado la crisis institucional: 85,2% de los venezolanos demanda un cambio de gobierno según encuesta CEPyG UCAB, lo cual señala un creciente hastío de la mayoría de la población. Además, las tácticas gubernamentales para silenciar la oposición, como informó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, han elevado las preocupaciones sobre la salud de la democracia y la libertad de expresión en el país.
La sorpresa y el escepticismo por la campaña anticorrupción en la industria petrolera, que ocasionó la renuncia del ministro de Petróleo, las detenciones masivas y la revelación de miles de millones de dólares desaparecidos de Pdvsa, plantearon más dudas que admiración debido al cuestionamiento sobre la autenticidad de estas acciones y las consecuencias reales de las mismas, ya que la percepción sobre la corrupción, no ha cambiado en la opinión pública: la corrupción arraigada sigue minando la confianza en las instituciones gubernamentales y socava la legitimidad del sistema político. Además, la operación conjunta de más de 11.000 agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Tocorón, sirvió para cuestionar la permisividad y el “desconocimiento” del gobierno en la consolidación de las mafias carcelarias.
La abrupta caída de salarios y el declive del sector privado, han dejado a muchos venezolanos dependiendo cada vez más del Estado para su supervivencia. Programas como CLAP y Bonos de la Patria han pasado de ser medidas de ayuda a líneas vitales para una población sometida a carencias materiales, exacerbando la polarización social, hecho que, en lugar de mejorar la situación de vida de los venezolanos, es la raíz de los conflictos sociales existentes.
A pesar del acuerdo sobre elecciones presidenciales democráticas en 2024, la polarización política se mantiene. El desvanecimiento repentino del acuerdo del 17 de octubre y la persistencia de sanciones externas, subrayan la fragilidad de los intentos de reconciliación. Si a esto se le suma el empleo de la maquinaria del Estado para discriminar o generar asimetría en los mecanismos de participación política que le son adversos, no es difícil deducir que la polarización y la desigualdad seguirán siendo el caldo de cultivo que alienta de la crisis actual.
Las cifras hablan por sí mismas en lo que respecta a la una economía en crisis, que continúa experimentando una caída consecutiva, acompañada de una inflación que supera los 108 puntos. La inestabilidad cambiaria agrava la situación, traduciéndose en precariedad en el consumo y baja calidad de vida del ciudadano promedio.
Durante todo el año 2023, el descontento popular se ha manifestado en las calles, apenas en el primer semestre se registraron 4.351 protestas, lo que significa un aumento del 12% en comparación con el año anterior, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El mal funcionamiento de servicios básicos y la escasez de gasolina, persisten e incrementan el mal clima que ahora se extiende a las alcaldías, por imponer tarifas exorbitantes en el costo de los servicios básicos e impedir un crecimiento sano a nivel comercial. Las tarifas de electricidad, agua, luz, aseo, telefonía y gas, superan con creces un salario mínimo.
En materia internacional, la disfunción del gobierno está tan acentuada como a nivel nacional. La Unión Europea extiende las sanciones, mientras Antony Blinken en comunicado de prensa en la página oficial del Departamento de Estado, reitera que: “El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a revertir las medidas que hemos adoptado”. La intervención externa y las sanciones, reproducen el fracaso en la toma de decisiones tanto en materia económica como diplomática, lo cual continúa deteriorando la imagen internacional de Venezuela.
Por último, y no menos importante, es la respuesta ineficaz a la crisis migratoria: no existen incentivos sostenibles para que un sector de la población desista en su idea de migrar; y tampoco se conoce un plan de asistencia y atención a los repatriados, salvo en un contexto mediático.
En este contexto desafiante, Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica de cara al 2024. Superar esta tormenta política perfecta requerirá un liderazgo visionario, diálogo inclusivo y, lo más importante, acciones concretas para abordar los problemas fundamentales que afectan a la nación. El llamado a la acción es claro tanto a nivel interno como en la arena internacional: es prioridad diseñar soluciones que restauren la estabilidad y el bienestar del pueblo venezolano.
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