EFE
Colombia ha fumigado los cultivos ilícitos con glifosato desde los años ochenta y sin embargo la producción de sustancias narcoactivas no ha parado de crecer. El vecino sigue siendo el país del mundo con mayor producción y exportación de cocaína del planeta y el que aporta 90% de esta droga que se consume en el orbe.
Todos sus gobiernos se han invertido con tesón en detener esta lacra con distintas ópticas y estrategias y todo tipo de proyectos han sido puestos en marcha para liberar al país de un yugo que lo afecta en todos los aspectos de su dinámica social, económica, política e internacional. Hacer un recorrido de esta tortuosa y estéril historia no es el objeto de este escrito, mas si el de llamar la atención sobre el momento que Colombia atraviesa, dado el hecho de que hoy sus autoridades y el país se encuentran sumergidos en una diatriba muy formal entre dos propuestas que no son, por tanto, excluyentes: la de reiniciar las fumigaciones masivas de las plantaciones en cuestión y la de, al propio tiempo, iniciar una discusión seria y formal en el Congreso Nacional acerca de las virtudes de la legalización dela producción, comercio y consumo de cocaína y otras drogas. Que no se entienda que se trata de un blanco o negro, de una opción o la otra, pero sí de un reposicionamiento del tema y de sus posibles soluciones en el tapete de las prioridades nacionales.
El gobierno de Iván Duque se ha involucrado en producir un decreto que viene al encuentro de las reservas que produjeron la suspensión de las fumigaciones en el año 2015, luego de que todo un movimiento nacional encabezado por todo tipo de organizaciones sociales, ambientales y académicos rechazó el uso del glifosato por ser potencialmente cancerígeno. Su posición es radical porque siente que una solución definitiva pasa por usar todas las herramientas a la mano incluyendo las fumigaciones con esta sustancia y se divorcia de la tesis de su predecesor, Juan Manuel Santos, quien había instaurado un pacto con los campesinos de sustitución voluntaria de cultivos, que terminó siendo responsable, a su vez, del crecimiento de las plantaciones. Se ha demostrado como inútil la política del Nobel de la Paz por estar la provincia minada de narcoguerrillas capaces de “estimular convincentemente” al campesino para no abandonar las siembras de coca.
Un escollo importante es que en el año 2017 la Corte Constitucional colombiana determinó, entre otros requisitos, que las autoridades solo pueden reactivar las fumigaciones si se establece con investigaciones científicas que las aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente. Así pues, el decreto solo entrará en vigor una vez cumplido este mandato, siendo el órgano de verificación el Consejo Nacional de Estupefacientes hoy controlado por el jefe del Estado.
Mientras este golpe de timón en la batalla antidroga se prepara desde el Ejecutivo, en el Congreso se inicia toda una discusión sobre las ventajas de la legalización del consumo del alcaloide. Tampoco para sus promotores esta pretende ser una solución única. Estos parten de la convicción de que un enfoque prohibicionista de la política de drogas colombiana es el que crea la condiciones propicias para que la lucha entre los grupos armados con el Estado y de estos entre sí haya perdurado y se haya fortalecido en lo sangriento. Las cuantiosas rentas que la venta de drogas produce a los grupos armados –narcotraficantes y guerrilla- se sustentan precisamente en la prohibición estatal y, mientras esta se mantenga, la venta de sustancias psicoactivas seguirá siendo el gran negocio que sostiene y alimenta a la violencia intestina del país.
El proyecto encabezado por el senador Iván Marulanda lo que busca es conseguir que Colombia sea la primera nación en el mundo en regular todas las etapas del mercado de la cocaína, a saber: la producción de la hoja de coca, la transformación en pasta y base de coca y la distribución y venta de cocaína. El tema tiene sus adeptos dentro de la sociedad y cuenta con apoyo de personalidades a escala mundial, lo que ha sido útil para conseguir apoyo político suficiente y contar con la atención de los medios de comunicación.
En fin, llama la atención cómo la colombianidad, desde cualquier esquina de pensamiento, echa mano de todas las tesis para motivar a sus autoridades a no abandonar esta lucha que limita tanto el desarrollo de las potencialidades del país como su mejor inserción en el mundo que la rodea. Mientras la droga sea una de las caras destacadas de Colombia, el país seguirá siendo una significativa amenaza para su entorno cercano y para aquellos que también sufren sus consecuencias sin importar la distancia que les separa del país suramericano. Y el país continuará corroído por un mal que está apertrechado en sus entrañas.
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