La desinstitucionalización militar

Uno de los más definidos objetivos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido la permanente desinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional. Para ello, han desarrollado una sostenida campaña durante estos veinte años de revolución socialista, para debilitar y comprometer los valores del profesionalismo militar que empezaron a sembrarse desde 1908 con la creación de la Academia Militar, fortalecidos, sin solución de continuidad, por todos nuestros gobiernos, militares y civiles, hasta 1999. El propósito político de esa campaña ha sido la transformación de la institución armada, una organización al servicio del Estado cuya misión era la defensa de nuestra soberanía, en un instrumento armado para la preservación de la “revolución bolivariana” y la imposición, por la fuerza, de su visión ideológica a los venezolanos, violando los principios fundamentales de la Constitución Nacional de 1999: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia…”; “el gobierno de la República de Venezuela y de las entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista, y de mandatos revocables”.

Desde 1908 hasta 1999, los miembros de la institución armada fuimos objeto por parte de todos los gobiernos, civiles y militares, de una constante dedicación a fin de elevar el nivel académico y profesional en los diferentes estratos de la organización, así como alcanzar una adecuada modernización en su apresto operacional, con base en las diferentes hipótesis de guerra, la dotación de vestuario y la construcción de instalaciones acordes con la misión y funciones de los distintos componentes y en general de todo lo necesario para mantener una elevada moral y una alta eficiencia operacional. Fue así como las Fuerzas Armadas Nacionales siempre salieron airosas de todos los retos que se le presentaron haciéndose depositaria del aprecio, respeto y credibilidad de los venezolanos. Uno de los aspectos que merece ser exaltado con orgullo y admiración fue el esfuerzo realizado por los distintos presidentes de la República y sus Altos Mandos para mejorar la seguridad y el bienestar social de sus integrantes. Se redactó y promulgó la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la cual dio origen a todo el marco legal regulatorio de esa actividad, tanto para los miembros activos como para los retirados y sus familiares, atendiéndolos a todos en igualdad de condiciones.

En la búsqueda de una mayor eficiencia en todo lo relativo al bienestar y la seguridad social se crearon entes como el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, Seguros Horizonte, C. A. y el Círculo Militar, las cuales, junto con el Ministerio de la Defensa, se encargaron de la ejecución de tan importante actividad. Entre las facilidades que ese sistema otorgaba, podemos citar: la permanente revisión y actualización de los sueldos y pensiones del personal profesional y la ración mensual para la tropas alistadas; el otorgamiento de créditos hipotecarios con bajas tasas de interés; la construcción de viviendas para la venta y el  alojamiento familiar temporal en las guarniciones; la creación y permanente ampliación de una importante red de hospitales y clínicas militares, dotadas de un excelente personal profesional y equipos médicos de última generación, donde los militares y sus familiares directos eran atendidos, sin ningún costo para los beneficiarios, además de una red de farmacias para la entrega, de manera gratuita, de las medicinas prescritas. Igualmente, los gastos funerarios eran cubiertos por la Seguridad Social. Es de interés resaltar que a todos los profesionales militares se les descuenta, de manera obligatoria, un porcentaje  mensual para cubrir los costos del cuidado de la salud y el esparcimiento.

Mis lectores, deben haber notado que en el breve recuento de los avances obtenidos, en materia de seguridad y bienestar social para el personal militar, siempre utilizo el tiempo pasado. La razón es simple y está a la vista. En estos últimos veinte años de “revolución bolivariana”, el  deterioro del bienestar del personal militar ha sido vertiginoso. Los sueldos y pensiones recibidos, en todos los grados del escalafón militar, son de hambre, los cuales no permiten enfrentar los mínimos gastos de una familia. Un ejemplo: los oficiales generales, según el grado, ganan entre nueve y doce dólares mensuales, lo que da una idea del precario ingreso obtenido por los demás grados y jerarquías de la Organización. Al mismo tiempo, el nivel de operatividad de la red sanitaria militar es deplorable, muchos carecen de  los servicios de agua y electricidad, de reactivos para laboratorio, de alimentos adecuados para los enfermos y de insumos necesarios para atender a cualquier paciente, viéndose obligados sus familiares, en muchos casos,  a adquirirlos con sus diezmados recursos. El caso reciente del coronel, tristemente fallecido, Pedro Ezequiel Romero Muñoz, conocido por toda la opinión pública, describe lo dantesco de la situación. Además, todo el personal militar profesional carece de cobertura de la póliza básica de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, porque, hasta el presente, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López,  no ha firmado el contrato correspondiente al presente año con Seguros Horizonte, C. A. y un largo etcétera que, por razones de espacio, no señalo.

Entiendo que todas estas calamidades también las sufre, y en muchos casos con mayor severidad, el resto de la población; pero la deplorable situación de necesidad del personal militar que he descrito muy someramente es poco conocida por la opinión pública que mantiene la creencia de unas bondades socio-económicas y asistenciales que no existen para nosotros los militares. Las demostraciones de opulencia de algunos jefes militares, sin antecedentes de riqueza familiar, sólo pueden provenir de la corrupción. La debacle humanitaria que padecemos los venezolanos es el producto de años de ineptitud, despilfarro y peculado en el manejo de los ingentes recursos que el país recibió durante dos décadas. No hay razón valedera para que hoy no podamos contar con hospitales adecuadamente equipados y personal médico bien remunerado, para beneficio de toda la población. Ante este doloroso cuadro de precariedad, me surge una pequeña esperanza, en virtud de los comentarios positivos que he escuchado de algunos compañeros de armas, sobre la eficiente y honesta gestión del general de división Renier Enrique Urbáez Fermín, presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Sin embargo, sin el apoyo de los Altos Mandos y de todos los responsables en gestionar la seguridad y el bienestar social para el personal militar, su sola voluntad no será suficiente. ¡Qué Dios lo ilumine!

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