Foto EFE
Puñetazos. Golpes con planchas de madera. Con bates envueltos en espuma. Descargas eléctricas, incluso en los genitales. Asfixia con bolsas de plástico. Inmersión en agua fría. Privación del sueño con iluminación o música con volumen alto las 24 horas del día.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2019, investigó al menos siete casos en los que las autoridades venezolanas cometieron actos de tortura y tratos crueles, inhumanos, degradantes, antes del 28 de julio. Los métodos coinciden con los utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia. Han sido documentados en informes previos de la misión.
El informe más reciente sobre Venezuela, de fecha 19 de septiembre, fue presentado en el 57 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Se adelantó su fecha para incluir los sucesos más recientes ocurridos después de la fecha electoral del pasado mes de julio. La mayoría de las personas detenidas permanecían tras las rejas al concluir el informe. Muchos de sus familiares y testigos prefirieron reservar sus testimonios para evitar represalias. Un temor mayor “en el caso de niños y niñas, así como en las víctimas de violencia sexual y de género”.
El artículo 3 de los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder, señala entre sus valores y principios “la equidad y la igualdad de género y la obligación ética de construir un modelo respetuoso de la vida y de la madre tierra que garantice la sobrevivencia de la humanidad”. ¿Lo conocerán sus militantes?
Sigamos con la investigación que, a pesar de las limitantes, pudo revisar después del 28 de julio más de 1.000 evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y noticias periodísticas, provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales. No tuvo acceso, sin embargo, a expedientes judiciales que, en algunos casos, fue informada que ni siquiera existían.
La maquinaria represiva del Estado se reactivó en octubre de 2023, precisa el informe, como anticipación del proceso electoral y continuó después de los resultados pero con una notoria variante: sin dejar de acallar a los miembros de la oposición política, “se tornó masiva e indiscriminada contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades o reclamó transparencia en los mismos, participó de manera activa en las protestas o era considerada sospechosa de haberlo hecho”.
La misión pudo documentar las 25 muertes ocurridas en los días de las protestas posteriores a las votaciones. Todas eran del género masculino, 68% menores de 30 años, 10 de 24 años o menos, 2 de 15 y 17 años, una de la Guardia Nacional Bolivariana. 33% de las muertes ocurrió en el Distrito Metropolitano de Caracas, 24 de las 25 muertes fueron causadas por armas de fuego. Una a golpes.
El informe de la misión de 21 folios es un testimonio cronológico de lo vivido en Venezuela en los meses previos a las votaciones y, sobre todo, después de los resultados. Escandaliza leer algunos de sus apartes, como el referido a la violencia sexual basada en género antes y después del hecho electoral. Como el caso de las adolescentes, detenidas durante las protestas sin haber participado en ellas, que padecieron los tratos aberrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, “las detuvieron, las golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de ‘perras guarimberas’, y a una de ellas le tocaron entre las piernas por encima de la ropa…”. Trasladadas al comando de la GNB, a una le hicieron bajarse los pantalones y le tocaron sus partes íntimas. A una familiar de una detenida se le exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de detención de su familiar.
Los militantes del PSUV en el poder deben abstenerse, según el artículo 39 de sus estatutos, de dar declaraciones públicas en contra de dirigentes o en contra del partido, que puedan servir para “debilitar al mismo, al proceso y a sus instituciones”. ¿Será posible tanto silencio?