El 14 de abril de 2022 veinticinco personas, usurpando el rol de representantes del sector privado y de la sociedad civil, dirigieron una muy comentada carta al presidente Biden solicitándole se aliviaran las sanciones a Venezuela. Si bien se cuidaron de no asignarle a las sanciones la condición de ser causantes de la emergencia humanitaria, sí señalaron que las mismas habían empeorado “gravemente” las condiciones de vida del venezolano promedio.
Más recientes son las declaraciones del nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, manifestando que las sanciones son absurdas y que, por tanto, deben ser eliminadas. Cuando se simplifica tanto la comunicación, limpiándola de todo aquello que, siendo importante, pudiese interferir en el mensaje principal que se desea transmitir, es válido para el acucioso observador sospechar que el ahorro de las palabras sirve a una intencionalidad. Todo lo que se deja de decir –el amplio espectro de las sanciones en cuanto a su naturaleza, las personas o entes sancionados, así como las razones que las justifican en cada caso– molesta, cuando el objetivo es convencer a los ciudadanos que sin las sanciones ellos podrían vivir mucho mejor, lo cual es absolutamente falso.
Con razón, en un excelente reportaje que nos entrega Alejandro Hernández –“El silencio de Fedecámaras” publicado en La Gran Aldea–, denuncia que el hipotético diálogo económico con el Gobierno promovido por los dos presidentes que antecedieron a Celis, Ricardo Cusanno y Carlos Fernández, «sólo ha servido para acallar la voz crítica de la cúpula empresarial y transformarla en un coro que repite y justifica la narrativa gubernamental». De aquellos sigilosos barros del 2022, a estos deshonrosos lodos que ya, sin lugar a dudas, configuran un rampante colaboracionismo. A este coro se han sumado importantes líderes de la oposición oficial.
Tan temprano como en septiembre de 2018, Jorge Arreaza, para entonces titular del MPPRE, en una intervención suya en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, inauguró la importación venezolana del manido relato según el cual las “medidas unilaterales coercitivas” eran las causantes de nuestra crisis económica. A la fecha, la mayoría de las sanciones estaban limitadas a cancelaciones de visas y congelamiento de activos de funcionarios implicados en casos de corrupción o violación de derechos humanos. No fue sino hasta el 28/1/2019 que se produjo una expansión de las sanciones para incluir al Banco Central de Venezuela y a Pdvsa en su alcance. Aun reconociendo que esta extensión habría dificultado la fluidez de las operaciones económicas, lo cierto es que la crisis humanitaria ya tenía años en efervescente desarrollo.
Para hacer mejor memoria, les invito a leer el reporte de 73 páginas de Human Rights Watch y la Universidad de John Hopkins: “Emergencia Humanitaria de Venezuela”, el cual fue publicado en abril de 2019. Sus conclusiones fueron determinantes: un sistema de salud en colapso y una severa crisis de alimentación perfilaban un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). La pobreza se cronificaba a rauda velocidad, como consecuencia natural de todo el deslave que se produjo en nuestra economía en la década 2012–2021. Los datos contenidos en la tabla de la imagen de portada transmiten un retrato fiel de la precipitada caída hacia un fondo del cual no será fácil salir. Recuerdo que la monté en Excel en los tiempos de la bendita carta de los 25, con mi sangre hecha un hervidero. Ahora la he decorado hasta con colorcitos, porque deseo, fervorosamente, que cada día más y más compatriotas alcancen a visualizar la razón del por qué la miseria se ha instalado en nuestras vidas sin que en ello tengan nada que ver las sanciones..
En esa década, la devaluación acumulada fue del 4.957.716.701.803%. El dólar pasó de 9,46 a 4,69, pero este último multiplicado por cien mil millones –tomando en cuenta los 11 ceros removidos en dos fechas distintas como se puede ver en la tabla–. Eso es equivalente a un terremoto de magnitud 9,5R. Produjo el derrumbe de todo el edificio económico del país, llevándose consigo salarios, pensiones, servicios públicos, etc. En esa super macrodevaluación reside la razón para las pensiones del SSO en 4$, para los salarios mensuales de educadores a todos los niveles y de profesionales de la salud ´pública instalados en las dos cifras realmente bajas. Por ese deslave es que no tenemos escuelas, ni universidades, ni hospitales. Y sí, a gran cantidad de ancianos encerrados en sus desgastadas viviendas, esperando a que algún vecino les remedie el hambre con un acto de caridad. Ese monumental deslave es la génesis de nuestra EHC que no va a ser resuelta ahora, simplemente, porque se suspendan las sanciones. Ni se podrá comenzar a resolver hasta que no dinamitemos al Gran Poder de los Destructores.
Aunque algunas de las sanciones hayan contribuido al agravamiento de la crisis humanitaria, su aportación es inferior en varios órdenes de magnitud a lo que produjo el deslave. El régimen las utiliza para su relato, pero se muestra habilidoso en extremo cuando de burlarlas se trata, mediante sus bien engrasados mecanismos informales para inyectar dólares sucios a la economía. De allí que puedan mantener el estilo de “Vida Mambo” de sus allegados o montar los típicos circos para el engaño a los que han sumido en la pobreza y la ignorancia. El alivio de las sanciones sólo beneficiará a los vivos de siempre y no a los que hundieron en el foso. Los “reconocidos economistas” lo saben. Y así vamos habituándonos a normalizar que ciertas élites sintonicen con el régimen con el oscuro objetivo de instalar en la sociedad el frame que les conviene, porque, frente a la ignominiosa maniobra, persiste un omisivo silencio de la sociedad civil que suena a desgarrador estruendo.