La destrucción en progreso del pulmón del planeta se encuentra en riesgo de alcanzar un punto de no retorno. En la fotografía se observan los campamentos mineros ilegales en el río Uraricoera en territorio Yanomami, Parima, estado de Roraima, en la frontera de Brasil con Venezuela. © Sistema de Monitoramento do Garimpo Ilegal dati Yanomami (2022) / Photo: Bruno Kelly. Tomado de SOS Orinoco: https://sosorinoco.org/es/
Como en el presente las certezas se han convertido en especies en vías de extinción, amenazadas por mentiras, absurdos y simulaciones, me pregunto qué sucederá en la COP30, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025. Brasil ha sido escogido como país anfitrión debido a la campaña ambientalista desarrollada por Lula durante su campaña presidencial y en los foros internacionales donde se ha presentado de nuevo como defensor de los pobres y del medio ambiente, para complacencia de la audiencia de izquierda.
Según informes de Green Peace, el anterior gobierno presidido por Lula se convirtió en el gran promotor de las grandes industrias y corporaciones locales y transnacionales que operan en la Amazonia, convirtiéndose en el principal impulsor de “la más grande deforestación del planeta en lo que va de siglo”. Además, las leyes presentadas por sus asesores ante Congreso brasileño promovieron el conceder derechos de propiedad a esas corporaciones, ocupantes ilegales de millares de hectáreas y así duplicar la porción de selva que podía ser deforestada “legalmente”. Las organizaciones Trident Ploughshares, la Fundación Right Livelihood Award y la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), denunciaron que, durante el gobierno de Lula, Brasil fue el país que registró la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientales e indígenas, cerca de 400 víctimas de los sicarios de empresas ganaderas, agrícolas, mineras y madereras que invadieron zonas habitadas por comunidades indígenas. Los negocios y ganancias que produce el desastre ecológico no se detienen. Entre 2017 y 2018, se talaron cerca de 7.900 km2 de bosque en la Amazonia brasileña, según Greenpeace, aproximadamente 1.185 millones de árboles desaparecieron y con ellos miles de especies de flora y fauna. En 2019 y 2020 se produjeron en Amazonas incendios masivos que, junto a la deforestación de empresas extractivistas, madereras, productores de soya y la minería ilegal de oro, alcanzó en 2021 una devastación de13.000 km2, según los registros de imágenes satelitales del Instituto de Investigación Espacial de Brasil (INPE).
Sobre la COP30 en Brasil, la reacción de algunos científicos y organizaciones ecológicas confiables no se han hecho esperar. La prestigiosa revista Science publica un editorial firmado por Philip Fearnside y Walter Leal Filho (COP 30: Brazilian policies must change, Science, Vol 387, Issue 6740, p. 1237, 20/03/2025), en el que denuncian las prácticas del gobierno brasileño como promotor de la deforestación de la selva amazónica. “Cómo anfitrión, Brasil no está liderando con el ejemplo», expresan, al citar, entre otras, la devastación que producirá la carretera BR-319, que va de Manaus, en el estado de Amazonas, hasta Porto Velho, en Rondônia. Según los autores, destruirá grandes áreas del bosque al propiciar la invasión de mineros y productores de soya. La BR-319 tiene una longitud de aproximadamente 900 kilómetros y atraviesa una parte prístina de la selva amazónica de gran biodiversidad, con frágiles especies endémicas, una gran variedad de ecosistemas y causará gran impacto en las comunidades indígenas que allí habitan.
Aunque dichos científicos no lo citan, están en construcción otras carreteras a través de la selva, como es la BR-163, también conocida como la «Carretera de la Soya». Esta carretera está concebida para el transporte de soya desde la región central de Brasil hacia los puertos del norte y nordeste del país y países vecinos como Paraguay, Argentina y Uruguay. La idea de esta carretera se remonta a la amistad de Lula da Silva con el zar de la soya Blairo Maggi, propietario del Grupo Amaggi, el mayor productor de soya a nivel mundial y soporte de Lula en sus andanzas internacionales. Las empresas de Maggi están señaladas por las organizaciones de protección ambiental de Brasil, como las principales causantes de la deforestación de enormes extensiones de bosque tropical.
Lula da Silva, fundador junto con Fidel Castro del Foro de Sao Paulo y promotor del Grupo de Puebla, ahora actúa como conservacionista ‘progre’, para alimentar los titulares de la sesgada prensa europea de izquierda, que lo presenta como el paladín del cambio climático, desdeñando su pasado como depredador de la biosfera. Durante el gobierno del “socialista” Lula (2003-2010), se deforestaron 26.000 Km2 de la selva amazónica (Datos del INPE), concedidas a corporaciones madereras, petroleras, agroindustriales, mineras y de biocombustibles. Pero esto no es todo, después de asumir de nuevo la presidencia en 2023, Lula da Silva ha declarado que promoverá la prospección y explotación de petróleo en los frágiles ecosistemas de las selvas amazónicas y en el cauce del río Amazonas. Según alertan los científicos antes citados, “esto tendrá proporciones catastróficas”. Me pregunto ¿cuál será la posición de las ONG’s ecologistas de izquierda, los militantes del cambio climático y la prensa europea sobre los planes del “paladín de la ecología”, cuando la COP ha propuesto abandonar los combustibles fósiles? ¿Se le ocurrirá a Greta Thunberg y sus seguidores descuidar por unos días su nueva militancia a favor de los terroristas de Hamas, dejar de degradar con pinturas plásticas las obras del Louvre o incendiar autos eléctricos en lugar de protestar por el desastre ecológico que ocurre en la Amazonía brasileña y Venezolana o solo actúan cuando se trata de gobiernos liberales para satisfacer a sus oscuros financistas?
Los vastos territorios selváticos de la Amazonía están compartidos por Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Ecuador, Surinam y Venezuela. 70% del territorio de los 8 países que conforman la Amazonía está infiltrado por corporaciones locales y transnacionales extractivistas, además de las organizaciones criminales apoyadas por el castrochavismo o socialismo del siglo XXI. El régimen de Maduro, en alianza con la guerrilla colombiana y oscuras organizaciones internacionales, es el promotor de una minería salvaje que destruye las selvas al sur del Orinoco, provocando una devastación ambiental y humana sin precedentes, al permitir la explotación ilegal de oro, la penetración de la narcoguerrilla colombiana y toda suerte de negocios de extracción de minerales estratégicos manejados por militares chavistas y mafias del crimen organizado, incrementándose a raíz de la desafectación y la liquidación del sistema de parques nacionales, reservas forestales y de la biosfera de ese territorio. Estas reservas de la biosfera (ABRAE) fueron cedidas al negocio multimillonario de actividades mineras, petroleras, forestales y “otros desarrollos”, contemplados en el decreto del Arco Minero del Orinoco, que ha colocado en situación de riesgo ecológico y humano la región. Los proyectos extractivos promovidos por Chávez y continuados por Maduro, están arrasando indiscriminadamente la selva y utilizan mercurio en el proceso de extracción del oro, perjudicando los suelos y envenenando los ríos y a las comunidades aledañas. Las minas se encuentran en territorios indígenas, donde niños y jóvenes son utilizados como guías, esclavizados en las minas, hostigados y asesinados, lo que implicará la progresiva desaparición de las etnias Yeküana y Yanomami, culturas que han sobrevivido en armonía con la selva por miles de años. El Amazonas venezolano, territorio de 184.000 km2, forma parte del ecosistema amazónico, un inmenso territorio de 6 millones de kilómetros cuadrados y una de las más prodigiosas reservas de recursos naturales del mundo. Su destrucción en progreso (18%) se encuentra en riesgo de alcanzar un punto de no retorno (25%), poniendo en riesgo el equilibrio climático planetario y a las culturas indígenas que allí habitan, que constituyen un reservorio de la sabiduría ancestral de la humanidad.
Luego de años de seducción por “revolucionarios” latinoamericanos, los “idiotas útiles” de la izquierda europea, políticos y medios de comunicación manejados por la “izquierda caviar”, continúan ciegos y sordos ante la cruda realidad de un supuesto “socialismo del siglo XXI” que, en realidad, promueve la devastación ambiental y humana en medio de un “se vale todo” salvaje y voraz, donde los “presidentes de los pobres” negocian a su antojo los recursos naturales y minerales de sus países en medio de una rebatiña de corrupción.
Si no asisten o no se le da voz a quienes defiende la Amazonía sin sesgo político, ideológico o financiero, la conferencia COP30 escenificará de nuevo su teatro de ecología punitiva contra gobiernos liberales pero complacientes con los corruptos socialistas del siglo XXI, que se enriquecen a costa de la destrucción del pulmón del planeta.
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