Jesús María Casal / Foto AFP
“Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”. Esta es la cláusula primera del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, suscrito en Bridgetown el 17 de octubre de este año, y que se conoce como Acuerdo de Barbados.
Se trata de un texto claro que no ofrece margen a las dudas: los actores políticos son libres de escoger a su candidato, según la Constitución y la ley. Además de la claridad del texto aprobado, es fácil saber que la intención de las partes al suscribir dicho acuerdo fue escoger a quienes postularán en una elección presidencial, según los mecanismos que consideren pertinentes. La oposición –o un sector importante de ella– ha escogido la vía de la primaria; otros sectores lo harán a dedo o según su libérrimo criterio, amén de las autocandidaturas, y nadie tiene que inmiscuirse en eso.
En ese contexto, el 22 de octubre se realizó la elección primaria con masiva participación popular, pese a las amenazas, los saboteos, la censura y la autocensura. Este resultado produjo la ira del gobierno que se percibe cuando sus voceros anuncian, en medio de insultos, acciones penales contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria y las Comisiones Regionales. A ello se une el fiscal general, quien debería mantener la imparcialidad y la prudencia para garantizar el derecho a la defensa de todos los venezolanos. Todo esto evidencia que hay una política reiterada de persecución judicial contra la disidencia, lo que constituye una violación al ejercicio de los derechos políticos y de los derechos humanos de quienes han sido citados como “investigados” para declarar en el Ministerio Público.
En efecto, los voceros del gobierno y del PSUV, a través de galimatías y de malabarismos idiomáticos, tergiversaron el acuerdo para pretender justificar que la primaria fue un fraude. Esto nos coloca ante una realidad inapelable: el chavismo suscribe acuerdos que deja de cumplir cuando en su ejecución no obtiene los resultados que esperaba. El compromiso con la palabra empeñada es fundamental en cualquier tipo de negociación.
En la interpretación del asunto jurídico hay consenso entre varios juristas reconocidos, quienes han expresado sus puntos de vista en las redes sociales: no hubo delito, porque se eligió a María Corina Machado –con votación abrumadora– en una elección organizada por la Comisión Nacional de Primaria, cuyo objetivo era escoger a quien representará a gran parte de la oposición en las elecciones presidenciales del 2024. No fue una elección para escoger a un funcionario de elección popular. En consecuencia, la presencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) no era necesaria si así los decidían los organizadores de este evento electoral. Así de sencillo.
Más todavía, el artículo 293 de la Constitución postula que “El Poder Electoral tiene por funciones: (… ) 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos (…) 6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios”. Lo expuesto se conecta con el artículo 57 de la Constitución que garantiza a los venezolanos el derecho a “expresar libremente sus pensamientos”; fue lo que ocurrió el 22 de octubre en la primaria. Por consiguiente, la Comisión se ajustó a las normas constitucionales que regulan la materia.
Por si fuera poco, el amplio elenco de delitos que le imputan a Jesús María Casal, a Mildred Camero y demás miembros de la CNP son inverosímiles. Nadie, ni en Venezuela ni en el exterior, puede admitir que personas honorables, con hojas de vida intachables, se desdoblen en criminales por organizar un evento electoral que no es de la simpatía del gobierno. Estamos, una vez más, ante la utilización del Poder Judicial para perseguir a adversarios políticos.
En adición a lo anterior, el fiscal general carece de legitimidad para impugnar penalmente el acto celebrado, porque –hay que insistir– no fue una elección para elegir a un funcionario de elección popular. Los únicos que tendrían legitimidad serían quienes participaron en el evento; pero tampoco en este caso sería procedente, porque, si fuese verdad que hubo alguna irregularidad, como lo señaló inicialmente Carlos Prosperi, la misma no tiene incidencia sobre los resultados, en vista de la aplastante victoria que obtuvo la vencedora. En todo caso, el partido Acción Democrática reconoció el triunfo de María Corina Machado; y los supuestos errores –si es que ocurrieron– fueron convalidados sin vacilar por Henry Ramos Allup, quien habló en nombre de AD.
De lo que se trata es de otra cosa. No hay que ser zahorí para deducir que un sector del chavismo pensó que la primaria sería un fracaso y por eso la dejó correr, pese al anuncio que hizo reiteradamente otro sector del PSUV de que la elección no se realizaría. Sin embargo, el resultado los agarró fuera de base. La sorpresa por la alta participación popular y de los resultados arrojados los llevó a reaccionar en forma desbordada y agresiva.
Ante esta situación, no ha quedado otro camino que la unidad de la oposición. El camino no es fácil en vista de los obstáculos por todos conocidos. El más protuberante de ellos es la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado. Algunos analistas estiman que la arbitraria sanción será mantenida. Sin embargo, una estrategia política coherente y unitaria puede forzar al gobierno a permitir su candidatura. Se trata de una venezolana cuyo apoyo popular desborda el de Nicolás Maduro. Así, el PSUV perdería las elecciones y pasaría a la oposición, lo cual es conveniente. Esto obligaría al próximo gobierno a convocar a la unidad y a presentar un proyecto de país viable con el propósito de gobernar bien para recuperar a Venezuela. Nada de esto es tarea fácil, pero no imposible. Lo digo aun a riesgo de pasar por ingenuo.
Jesús María Casal y demás organizadores de la primaria, quienes han sido citados como “investigados”, son profesionales ejemplares, con prestigio intelectual y reconocidos en el mundo universitario y académico. Lejos de ser delincuentes, son venezolanos de altos valores republicanos. La utilización del Poder Judicial para perseguirlos no puede cambiar la realidad: el gobierno fracasó y carece de apoyo popular.
Lo que estamos viendo es la criminalización de la política al perseguir penalmente a ciudadanos decentes que han organizado un acto cívico, pacífico y democrático.