Las declaraciones del fiscal Karim Khan acerca de la situación en Venezuela, en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, el pasado lunes 3 de diciembre, han generado opiniones muy diversas. Algunas críticas por su debilidad, otras esperanzadoras por haber hecho referencia a Venezuela y haber precisado algunos conceptos sobre lo que realmente pasa en el país.
Responde así el fiscal a la “presión”, por lo demás sana y legítima, que han ejercido órganos y organismos internacionales, la sociedad civil y distintas personalidades en el mundo, para que la CPI avance en la investigación y proceda a ejercer las facultades que el Estatuto de Roma le otorga para enfrentar la impunidad por la comisión de crímenes internacionales de su competencia y aplique la justicia.
Se impone un balance sobre la declaración de Karim Khan. La verdad es que hay que ser muy prudente e imparcial para evitar que se aproveche el momento para favorecer al régimen en su afán de obstaculizar el proceso que en fase de investigación adelanta el fiscal.
La mayoría de los que siguen el tema esperaban que anunciara órdenes de comparecencias y de detención antes de su intervención en la Asamblea. No fue así. El fiscal Khan se refirió tan solo a la “Situación de Venezuela”, adelantando criterios que podrían indicar la forma en que está trabajando la Fiscalía.
Una cuestión importante es que, si bien todavía sigue considerando la aplicación del principio de la complementariedad positiva, es decir, que los tribunales y órganos de justicia en Venezuela puedan investigar y procesar y castigar a los responsables, anunció que “el tiempo se estaba acabando”, porque no veía adelantos en cuanto a legislación y menos en cuanto a actuaciones. Para algunos es una suerte de ultimátum.
Se desprende de la declaración del fiscal que si el régimen no hace lo que tiene que hacer, avanzará y solicitará a la Sala de Cuestiones Preliminares las órdenes de comparecencia y de detención que estime convenientes para asegurar el encausamiento de los autores de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país desde al menos 2014.
Es decir, sigue considerando la posibilidad de la “cooperación” con el Estado venezolano, entiéndase, la tiranía encabezada por Maduro, para que se proceda a investigar a los autores, coautores, cómplices. Si bien es criticable pues se presta a especulaciones de diverso orden, debemos reconocer que la Fiscalía debe hacer todo para “facilitar” al Estado (a cualquier Estado) que lo haga, pues tal como lo dice el mismo Estatuto de Roma esa es la base de la complementariedad, el Estado tiene la responsabilidad primordial de hacerlo.
El fiscal también se refirió a la situación posterior al 28 de julio y a la liberación de los presos políticos, incluso niños y adolescentes. En estos hechos se aprecia la sistematicidad como elemento contextual y la gravedad necesarias para calificar la persecución de la que es víctima la oposición democrática como un crimen de lesa humanidad que, desde luego, entra dentro de la esfera de las competencias de la CPI.
Si bien el curso de la “Situación de Venezuela” está cada vez más cerca del inicio de los procesos penales que corresponda en contra de la cadena de mando, identificada en muchos informes, las víctimas y todos los venezolanos que se sienten afectados por las atrocidades del régimen esperan que se concreten acciones y se lleve a la justicia a los autores de estos horrendos crímenes.
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