Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, se inició en España un periodo conocido como la transición, en el que se pretendía traer la democracia a este país después de un largo período de dictadura.
La opción de la ruptura, donde se rompería con el régimen vigente desde la guerra civil, frente a la transición, no fructificó, debido fundamentalmente a que la izquierda política, representada por el PSOE y el PCE, aceptó la reforma del régimen, para integrarse en él.
El régimen resultante, llamado régimen del 78, fue un régimen de partidos, que no cumplía con los requisitos básicos de una democracia formal, como son la separación de poderes y la elección directa de diputados de distrito mediante el sistema mayoritario uninominal.
Las democracias representativas, frente a las directas, deben tener un control sobre la clase política para evitar la corrupción de la misma. El régimen del 78 no estableció estos controles, al estilo de lo que podría ser el “check & balance” estadounidense, lo que dejó el campo abierto para una corrupción generalizada.
Los dos partidos mayoritarios que han gobernado España han sido el Partido Popular y el PSOE, al estilo del “de Cánovas a Sagasta” del siglo XIX. Ambos se han visto envueltos en casos de corrupción estructural.
Es de destacar, en el Partido Popular, entre otros casos de corrupción, el caso Bárcenas, tesorero del partido, que manejaba una contabilidad B del partido, con recepción de sobornos de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del partido.
Es difícil de imaginar que el más alto cargo financiero del partido actuara sin el conocimiento de los presidentes del mismo, a la sazón presidentes a su vez del gobierno de España, y que el dinero entregado a los mismos se tratara sólo de pequeños sobresueldos y no de cantidades sustanciales, a través de cuentas en el extranjero, como se investigó judicialmente en Suiza.
El PSOE tuvo sus principales casos de corrupción, que no únicos, en los conocidos como “ERES de Andalucía” y el de los “cursos de formación”, que significaron un expolio de 800 millones de euros y 2.875 millones de euros respectivamente.
La juez Alaya, encargada de investigar estos casos, acusó al PP y al PSOE de “apartarla” para que no siguiera investigando los cursos de formación y los ERES.
En las administraciones regionales también hubo casos de corrupción generalizados, como el conocido como el caso 3%, que apunta al cobro de comisiones ilegales en un porcentaje de alrededor de 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por el gobierno de la Generalidad de Cataluña de Convergencia y Unión.
Finalmente, y quizás de manera más importante, cabe destacar la corrupción alrededor del rey emérito Juan Carlos I, máximo representante del régimen del 78 en la mayoría de años de existencia del mismo.
Algunas de las cuestiones investigadas incluyen una comisión de 100 millones de dólares percibida por el rey en 2008, relacionada con el tren de alta velocidad a La Meca. Este pago salió a la luz por las declaraciones de la examante del rey emérito, Corinna Larsen, que declaró: “El problema reside en el hecho de que a Juan Carlos le protegía la Constitución Española y es inviolable”. Corinna Larsen demandó al rey emérito ante la justicia londinense por amenazas y “vigilancia ilegal” y declaró que le “aterrorizaron” las “constantes amenazas” del CNI.
Como se puede, ver los controles anticorrupción no funcionaron en el sistema de partidos de 1978. Todos estos casos de corrupción, por supuesto, pueden tan solo ser la punta del iceberg, ya que la corrupción puede haber estado más generalizada de lo que muestran estos ejemplos, que salieron a la luz pública.
Existen organizaciones, como el MCRC, que defienden una verdadera democracia en España. Su principal consigna es la creación de una Constitución con separación de poderes y representatividad legislativa, que sirva, entre otras cosas, para acabar con casos de corrupción como los descritos.
Cualquier ciudadano ha de pensar que la corrupción política no es sólo inmoral, sino que también perjudica directamente a sus intereses. Por decirlo de una manera directa, si su sueldo no es lo que cree que merecería ser, es, en parte debido, a que ese dinero es expoliado por una clase política que, sin control, utiliza su poder para beneficio propio.