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Por Xavier Rodríguez Franco/Latinoamérica21
La última instancia democráticamente electa que le quedaba a Venezuela ha quedado sentenciada a muerte con las recientes elecciones parlamentarias. Estos comicios, definidos desde el Palacio de Miraflores, marcan el final de una serie de ataques ininterrumpidos contra la mayor victoria política que haya registrado la oposición en dos décadas. Ha sido un agresivo asedio por todos los flancos que duró toda la legislatura: persecuciones y encarcelamientos de diputados, asaltos armados al pleno de sesiones, cortes presupuestarios, bloqueo a todas las facultades constitucionales y hasta el secuestro de las competencias parlamentarias para el nombramiento de la autoridad electoral. Se trata del mayor despliegue autoritario —con diferencia— contra un parlamento en funciones durante las últimas décadas en América Latina.
Esto ocurre a medida que avanza la violación masiva de los derechos humanos, la destrucción del tejido productivo y el recrudecimiento del aislamiento internacional del país. Una actuación gubernamental en la que la integridad electoral, los derechos civiles, los servicios públicos o la seguridad alimentaria de la ciudadanía parecieran preocuparle casi nada ante su aspiración de control total del Estado.
Ante este contexto y frente a la versión más agresiva del chavismo, la convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional resultaba la oportunidad para dar la estocada final al ámbito institucional en el que la oposición logró sus más importantes avances políticos. A pesar del asedio, desde enero de 2019, y gracias principalmente a la legitimidad electoral de 2015, la oposición pudo incidir considerablemente nacional e internacionalmente. Sin embargo, el creciente abstencionismo gestado desde 2017 terminó favoreciendo la deriva autoritaria y el desmantelamiento de la institucionalidad.
Elección sin electores ni ganadores
Concluido el conteo de los pocos votos válidos, el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados en la madrugada del 7 de diciembre. A pesar de la precaria credibilidad, los datos muestran un inocultable desplome de la participación de 74% en 2015 a 30,5% actual. Una reducción aproximada de 44% del electorado, la mitad de los pasados comicios. Dato que supera al 31% de reducción electoral producido tras el retiro de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2005.
De esta manera el oficialismo, sin algarabías ni festejos, retoma la mayoría del parlamento, no para avanzar en su agenda política, sino básicamente para que no se haga más oposición desde esa tribuna. Un espacio menos que silenciar. Después del manejo arbitrario que se hizo con la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, queda claro que la conducción política del chavismo no requiere órganos deliberantes sino tribunales populares de castigo y escarnio público. Aún así, que de cada diez venezolanos hayan votado tres, y que de estos muy probablemente dos hayan sido obligados por su condición de funcionario, no invita a grandes celebraciones.
Una vez más, el gobierno de Maduro deja en clara evidencia la antidemocrática sobrerrepresentación de la mayoría en el proceso comicial de 2020, consolidando además 93% de los escaños con 60% de los pocos votos registrados válidos por el CNE. La misma manipulación electoral que hizo en las elecciones de 2010. De modo que para 2021 Venezuela tendrá un arco parlamentario monocolor, similar al de 2005, y solo comparable a la Asamblea del Poder Popular de Cuba, la Asamblea Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo de Kirguistán o la Duma Estatal Rusa.
Pronunciamientos internacionales
Con los días fueron surgiendo expresiones de rechazo desde las principales democracias del mundo. Un grupo de actores ciertamente minoritario en el concierto de las naciones pero influyente, que además de reconocer la ilegitimidad de estas elecciones, aún sigue sin tener planteamientos claros sobre la crisis venezolana. De momento, mantienen su apoyo a Juan Guaidó pero se desconoce cuál será el manejo diplomático o la agenda mínima de coordinación internacional ante la oleada migratoria más grande que haya conocido la región.
En la primera semana posterior a la elección ya se habían pronunciado desconociendo los comicios la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y buena parte de Hispanoamérica, salvo Argentina, México y Bolivia. Mientras que del lado de los apoyos se cuentan los esperables respaldos de Cuba y Rusia, gobiernos que no se caracterizan precisamente por la pluralidad de sus parlamentos ni por la transparencia electoral.
El apoyo de más de 40 democracias a la oposición, sin embargo, servirá de poco si no hay una renovación estratégica que brinde alternativas más allá de la abstención, pues la asimetría y el ventajismo electoral son esperables en una dictadura. Es necesario un replanteamiento que promueva mayor coordinación con la diáspora y los gobiernos americanos y un rediseño de las formas de activismo político comunitario dentro del país, considerando el riesgo creciente de hacer política, teniendo en cuenta además las zonas rurales y urbanas donde el Estado brilla por su ausencia. Esta situación plantea un dilema para el gobierno interino, pues a medida que pase el tiempo, la continuidad y sostenibilidad del apoyo exterior se ve seriamente amenazado.
La oposición por su parte consulta
En cuanto a la oposición, esta puso en marcha la consulta popular. Se trata de un mecanismo que busca recoger la voluntad de la ciudadanía sobre la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, y la petición a la comunidad internacional para que colabore con la causa democrática. Sin embargo, la misma redacción de las preguntas denota la falta de ideas y la imprecisión de los cursos de acción a tomar. Una declaración de intenciones, con tres preguntas, sin ningún efecto político inmediato o tangible.
Más allá del debate en torno a la participación y abstención, lo que busca la oposición con la consulta es renovar parte de la legitimidad perdida, además de justificar de alguna manera la posibilidad de prorrogar la continuidad de su mandato, después del 5 de enero de 2021 (fecha en la que concluye constitucionalmente la legislatura). Un desafío político importante para el propio gobierno interino que lidera Juan Guidó, quien por más que se siga considerando presidente encargado, debe su legitimidad a su condición de presidente de la Asamblea Nacional y a su origen electoral precedente.
En suma, estas amañadas elecciones legislativas agudizan aún más el colapso y alejan al país de una transición democrática con la supresión de la pluralidad del parlamento y el valor político del voto como instrumento de transformación social. De esta manera, se vacía la vía electoral de cualquier contenido colectivo, desarticulando el diálogo de una sociedad diezmada, desterrada y reprimida. En 2021 Venezuela tendrá un parlamento ajeno al padecimiento humanitario del país, sin respuestas ni disensos. Tendrá más escaños pero representarán a 7,5 millones de electores menos, muchos de ellos caminando por el mundo en busca de mejores oportunidades.
Xavier Rodríguez-Franco es politólogo licenciado de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster de la Universidad de Salamanca en estudios latinoamericanos. Editor de Parlamundi Venezuela.
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