Las democracias en vigor hoy en día en el mundo son todas democracias representativas. Las democracias directas no son aplicables a naciones del tamaño de los países actuales, y quedan como recuerdo en sociedades como la de la Grecia clásica.
La tradición constitucionalista garantista defiende que son precisamente los representantes democráticos electos los principales peligros, por la inherente ambición de poder que conlleva un puesto así, para los propios ciudadanos.
Para defenderse de estos representantes (¿quién guarda al guarda?) se ideó, principalmente, la separación de poderes, que conseguía que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se vigilasen los unos a los otros para frenar las posibles derivas autoritarias.
Una de las Constituciones más perfectas por su carácter garantista, la de los Estados Unidos de América, prevé, por ejemplo, que si alguno de los tres poderes intentase sobreponerse a los otros dos, estos pudieran unir fuerzas para evitar una involución en la separación de poderes. Los “checks & balance” de esta Constitución también la blindan en su espíritu garantista.
Siendo así, ¿por qué no crear múltiples constituciones como la estadounidense en los distintos países del mundo? Principalmente, porque se considera que las constituciones vigentes en cada país se deben adaptar a las circunstancias específicas de cada nación. No todas las constituciones valdrían para todos los países.
En Suramérica, por ejemplo, tradicionalmente se ha reforzado el poder ejecutivo, debido a la creencia de que hacía falta que este poder fuera más fuerte debido a la dificultad de implantar el orden. Así, por ejemplo, Simón Bolívar propuso para la Constitución de Bolivia en 1826 un Poder Ejecutivo vitalicio.
España ha tenido un problema territorial prácticamente desde su creación. Este ha sido su talón de Aquiles en muchas fases de su historia. Desde luego, fue una de las causas que llevó a fracasar a la primera república y a la segunda república.
La Constitución Española de 1978 tiene muchos defectos. Además de no incluir la separación de poderes y la representatividad, no soluciona el problema territorial, ya que simplemente incluye unos estatutos de autonomía que no termina de desarrollar con la idea de dar “una patada a seguir”, esperando que con el tiempo se solucione, por sí mismo, el problema territorial.
España necesita una constitución que afronte los problemas tradicionales que la acosan. A través de la Libertad Constituyente, los españoles deberíamos tener la ocasión de decidir la manera en que nos organizásemos políticamente.
Una constitución garantista con separación de poderes y representatividad conseguiría que los ciudadanos estuvieran equitativamente representados y fueran protegidos de las clases políticas que, hasta ahora, a través de la oligarquía de partidos, han controlado la política de España.
Las oligarquías de partidos buscan que haya enfrentamiento entre los ciudadanos, pues es la manera de justificar su propia existencia. Ellos no defienden a los ciudadanos, si no que luchan contra los otros partidos.
Con una representatividad adecuada, los ciudadanos de Cataluña o del País Vasco, comprenderían que sus élites partidistas regionales no defienden sus intereses, sino los de la oligarquía en cuestión. Lo mismo pasaría con el resto de los ciudadanos de España y los partidos que actualmente pretenden defender sus intereses.
Una Constitución garantista en España con separación de poderes y representatividad conseguiría que la opinión pública no se fijase únicamente en aspectos secundarios de la vida pública, sino en los aspectos esenciales de la misma. Los ciudadanos estaríamos al día de las decisiones que realmente afectarían a nuestras vidas y no de temas mediáticos que en la actualidad son utilizados para enfrentarnos y alimentar a los partidos oligárquicos actuales.