En la Venezuela chavista los opositores al régimen tienen el hábito -o mal hábito- de hacer visible solo a las figuras públicas que dirigen y ordenan la represión sistemática contra los ciudadanos.
Conocemos quiénes son los ministros, gobernadores y quizás hasta los alcaldes; en algún momento se hace visible el nombre del comandante que dirige algún centro militar donde se tortura.
Parte de la estrategia de la tiranía es rotar y mover a esos responsables por todo el territorio nacional, eso les permite fortalecer la impunidad y les garantiza el peor de los castigos para una víctima y sus familiares, como es el olvido.
Hoy puede ser gobernadora pero antes fue ministra de la Defensa y hasta diputada, pueden mutar de cargos como camaleones y pareciera una estrategia sin sentido cuando es algo completamente premeditado.
Estos personajes tienen rostro, nombres y apellidos; sin embargo, hay otros que ocupan cargos públicos que cohabitan con esos rostros visibles de la represión, pero por la misma dinámica permanente de la dictadura; esas figuras silentes y cómplices quedan olvidadas y cubiertas bajo el manto de la impunidad.
El estado Lara, y en general todo el país, es un ejemplo de esta técnica planificada y estructurada. Son muchos los funcionarios con responsabilidades penales en la vulneración de derechos fundamentales y la violación de derechos humanos contra la ciudadanía que son “rotados” y trasladados.
Son los directores y responsables de los centros de detención penitenciarios como el David Viloria y el Fénix, el presidente y los jueces de todo el Circuito Judicial Penal, la defensora del pueblo, el fiscal superior y los fiscales del Ministerio Público, el contralor del Estado, los directores de los centros socioeducativos como el retén El Manzano. Son los directores de los 19 centros de detención preventiva de Polilara y los 2 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y hasta el único centro de detención de la Policía Municipal de Iribarren, el prefecto, el secretario de Seguridad del estado y así todos esos funcionarios cómplices que apuestan al olvido, a la impunidad.
Solo queda rescatar el trabajo de registro y documentación que vienen realizando las diferentes organizaciones no gubernamentales que ya existían y las múltiples que se ha ido creando a lo largo de todo el país, conformadas por ciudadanos comprometidos en la lucha contra la impunidad y el olvido.
Ellos, son la garantía de una reparación de justicia en un futuro no muy lejano en un país bajo el poder, no solo de la bota militar: sino también bajo la complicidad del silencio.