No se podía esperar otra cosa de la Comisión de la Verdad, ente creado por el Acuerdo de entrega del país a las FARC, firmado por el traidor a la patria Juan Manuel Santos y el guerrillero comunista Timochenko, el cual instauró la dictadura del farcsantismo, al desconocer la voluntad popular expresada en plebiscito de rechazar dicho nefasto acuerdo.
Esa Comisión de la Verdad tiene como objeto la inoculación societal de una verdad única, marxista por supuesto, que exima en mayor medida a los criminales de lesa humanidad y narcoterroristas de las FARC y culpe al Estado como institución de los horrores de la guerra, que no fue más que una subversión armada de un grupúsculo narcotraficante, quien con terrorismo y crímenes de lesa humanidad pretendía derrocar al sistema democrático colombiano.
Para la constitución de la comisión de marras se acordaron el aliado de las FARC, Álvaro Leyva y el jefe del comunismo español, Enrique Santiago, tenía que estar sesgada hacia el narcoterrorismo. Esto se comprobó con la renuncia del comisionado Carlos Guillermo Ospina, denunciando precisamente el sesgo ideológico de la misma y aún más con el informe que acaba de presentar.
La Comisión de la Verdad insiste en preguntarse “¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado?”. Cuando el Estado jamás ha promovido el conflicto armado, él simplemente hizo su deber de oponerse a una insurrección armada que cometía delitos de lesa humanidad y actuaba como narcoterrorista. Son las FARC, como grupo narcoterrorista, el que tiene la responsabilidad del conflicto; el Estado tenía la obligación de eliminarla. Otra cosa es denunciar violaciones de derechos humanos cometidos por individuos, como funcionarios del Estado, sean civiles o militares, a quienes se les debe condenar con todo el peso de la ley, pero no al Estado como institución. A partir de esta premisa y de todas las consecuencias que acarrea su aceptación se sesga la búsqueda de la verdad y por lo tanto se invalida el informe.
Se adentra la Comisión de la Verdad en la esfera ideológica, fuera de su cometido de buscar la verdad de las atrocidades del conflicto cuando asevera que: “la Comisión da por sentado que… si no se hacen cambios profundos al modelo de desarrollo económico del país, será imposible conseguir la no repetición del conflicto armado”. ¿En que se basa y que quiere decir la Comisión de la Verdad por modelo de desarrollo económico?, ¿acaso está en contra del modelo de economía libre?, ¿propone sustituirlo por su contraparte el socialismo? Sobre todo, impone un desiderátum, o se cambia el modelo de economía de mercado (que es el que existe) o se repetirá la insurrección de los narcoterroristas, ¡grave conclusión! Propende la Comisión de la Verdad a instaurar la versión de que había razón en que los narcoterroristas hiciesen una insurrección contra el Estado cuando asevera: “grupos que ante la injusticia estructural optaron por la lucha armada”, NO y NO, Colombia es una democracia y da la oportunidad de que se haga oposición dentro de la civilidad a los problemas de la sociedad; la lucha armada no es una opción dentro de la democracia, no está justificada bajo ninguna razón.
Insiste la Comisión de la Verdad en su sesgo contra el Estado cuando afirma que “las fuerzas del Estado los acrecentaron (crímenes) en la alianza con los paramilitares”. ¡No hubo tal alianza! Sí hubo alianza entre militares –como individuos– y paramilitares. El Estado no puede aceptar esta tesis de alianza institucional con los paramilitares, que de nuevo es un sesgo para deslegitimar al Estado y justificar el narcoterrorismo.Comete el grave error la Comisión de la Verdad de equiparar al Estado con la insurgencia, y aquel jamás debe aceptar esta tesis peregrina que lo deslegitimiza y por tanto busca la derrota del régimen democrático, vía la institucionalización de un discurso que justifica la insurrección.De nuevo comete la Comisión de la Verdad el error de generalizar y expresar conclusiones sin validación teórica ni empírica, como cuando asevera que hay que “superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión”, esto es un discurso ideológico sin que haya comprobación científica de que en Colombia exista racismo estructural y mucho menos colonialismo.
Para completar su cometido subversivo del sistema democrático, la Comisión de la Verdad se arroga el papel de poder soberano, al proponer una serie de recomendaciones basadas en falacias graves sobre la historia y la sociedad colombianas, todas ellas por supuesto abocadas al derrumbamiento de la democracia en el país. Supongo será bien servida la Comisión de la Verdad en este fin con el triunfo (señalado de inconsistencias estadísticas que hacen dudar de fraude) de Gustavo Petro, quien como subversivo (con armas o sin ellas) tiene como finalidad la destrucción de la democracia y la instauración de la dictadura del socialismo del siglo XXI, para lo cual tendrá la amable colaboración de los partidos Conservador, Liberal y demás componentes del establishment democrático, excepto el CD.
Destaca entre esas recomendaciones las siguientes:
-Realizar los ajustes normativos, institucionales, culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho (se infiere que no existe el derecho de protesta y.. claro que sí existe).
-Respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social (esto lo hace el Estado cotidianamente, la insistencia de la Comisión de la Verdad en este aspecto pareciera quiere legitimar la protesta no pacífica).
– Superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga (es negativo este enfoque y trata de favorecer al narcotráfico).
– Desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos (de nuevo intenta legitimar el narcotráfico).
– Separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa: impertinente e inconveniente, esto sólo busca la impunidad de los criminales al debilitar y politizar la policía.
– Que la Justicia Penal Militar investigue y juzgue solo las conductas típicamente militares (esto limita y hace prácticamente inexistente la justicia militar).
– Ajuste de los roles y misiones en el marco de la nueva visión de seguridad con el fin de que las Fuerzas Militares y la Policía se ciñan a su función constitucional (acá se autosuperó la Comisión en su sesgo anti institucional).
– Revisar y ajustar la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía (¿a cuenta de qué objeta la Comisión de la Verdad la doctrina militar?).
– Que no se involucre a la población civil en redes de apoyo de operaciones de inteligencia o militares (sin colaboración de la sociedad la inteligencia es inoperante, este parece ser el objetivo de la Comisión).
– Ratificar el Acuerdo de Escazú (esto es absolutamente inapropiado).
– Ajustar el sistema de ingreso, ascensos e incentivos de los miembros de la Fuerzas Militares y la Policía (¿Por qué? ¿Qué relación hay con el objeto de la Comisión de la Verdad?).
Ya veremos si los colombianos estaremos al nivel de defender nuestra democracia para impedir que como en nuestras vecinas Nicaragua y Venezuela se imponga el socialismo del siglo XXI y si la Fuerza pública defiende su institucionalidad, sobre todo en lo referente al último punto arriba citado referente al sistema de ascensos y en general a su organización y funcionamiento o si termina convertida en una milicia, guardia pretoriana de Petro, como lo son las vecinas de Maduro y Ortega.
Hizo bien su papel insurreccional sin armas el padre Leroux, a quien se le conoce ampliamente sus ideas de izquierda e incluso proclives al ELN (ya le llegará el “perdón social” de Petro a este, con curules, mantenimiento del negocio ilegal y financiamiento masivo del Estado por parte de Petro, como lo hizo Santos con las FARC). Ya estará esta “verdad” pro-narcoterrorismo incluida en los pensa de los colegios, para cerrar con broche de oro la penetración del marxismo cultural en nuestra sociedad.
El liderazgo político democrático y no solo el político toda la élite colombiana (recuérdese la campaña “Soy capaz” en la que los empresarios gastaron billones apoyando la entrega del país a las FARC) no supo defender el sistema de democracia liberal que promulga un régimen de libertades individuales y colectivas, permitiendo que el socialismo del siglo XXI, enemigo de la democracia, minase desde adentro el sistema y llegase al poder, vamos a ver si es capaz de hacer resistencia para impedir la consolidación del socialismo del siglo XXI, por las primeras de cambio parece lamentablemente que no.