Este gobierno de Nicolás Maduro que, desde su inicio, no se cansa de robar y de chapotear en el fango de la deshonestidad administrativa, está situado y ubicado como uno de los cuatro países más corruptos del mundo y el principal del continente. Así lo califica, en su más reciente informe anual, la organización Transparencia Internacional, que desde 1995 concentra su informe en 180 países, y sus datos parten de fuentes como el Banco Mundial y empresas privadas de consultoría. En el Índice de Percepción de la Corrupción, cuya escala inicia en 0 (cero) como lo más corrupto, hasta 100 (muy limpios), Venezuela figura con la más baja puntuación, 14 unidades (ocupa el lugar 177), y le siguen Haití con 17 puntos y Nicaragua 19. La mejor puntuación recae sobre Dinamarca, con 90 unidades, 3 más que Finlandia y Nueva Zelanda, igualadas en el segundo lugar del índice como los menos corruptos del mundo.
El diario El Nacional, en su edición del pasado 2 de febrero de este año, formula estas aseveraciones: “Transparencia Internacional subraya que la falta de acciones audaces y decisivas para combatir la corrupción y fortalecer instituciones públicas alimenta las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y los derechos humanos y amenaza los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto debe sonar por los lados de Miraflores a fake news. Un dato del año 2021 indica que 21% del PIB venezolano proviene de los negocios ilegales. Grupos criminales que ejercen un amplio control sobre las operaciones de extracción de oro en el sur del país, y extorsionan y sobornan a comandantes militares para mantener sus actividades al margen de la ley. Esos grupos violan los derechos humanos, cometen desapariciones forzozas, asesinan líderes indígenas y provocan el desplazamiento de sus comunidades, y causan contaminación y otros delitos ambientales graves”.
La directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Venezuela, Mercedes De Freitas, señala: “La gran corrupción de Venezuela ha llegado a tal nivel que ha dejado a los venezolanos en indefensión. No tenemos adónde recurrir porque todos los órganos públicos están capturados por la red de corrupción que además tiene alianzas con el crimen organizado”. Y añade que “la corrupción no solo limita los derechos de los venezolanos, sino que además empeora la crisis y da resultados –solo por nombrar uno de ellos- como la salida masiva de migrantes”. Y, por su parte, la presidenta de Transparencia Internacional, Dalia Ferreira Rubio, observa que “los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”. El régimen dictatorial de Maduro –diría yo– parafraseando al general José Millán Astray, podría exclamar: “¡Muera la honradez!” y “¡Viva la corrupción!”.
Si no me equivoco, el llamado Plan Bolívar 2000 está en los comienzos de la corrupción gobernante del chavomadurismo. Fue casi como su bautizo. Remato esta nota periodística con palabras pronunciadas por el presidente constitucional Rómulo Betancourt, adalid en la lucha contra la corrupción, el 23 de septiembre de 1963, en su discurso de inauguración del Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, en Caraballeda: “El vicio del peculado tiene sus raíces hundidas en la Colonia. Los juicios de residencia instaurados por la Corona española no impidieron que virreyes, gobernadores y capitanes generales amasaran fortunas ilícitas, utilizando en beneficio propio los resortes del poder. La Primera República heredó la innoble práctica y contra ella lanzaba sus truenos agresivos Simón Bolívar. Esta es una frase que refleja su repudio y angustia por el reflorecimiento en las patrias recién creadas del vicio del peculado: ‘Se deben destrozar en los papeles públicos a los ladrones del Estado; se deben hacer caer sobre estos delincuentes todo el desprecio de la sociedad y todo el rigor inexorable de la ley. Venezuela –y eludirlo sería en nosotros ausencia de sentido histórico– ha sido una de las naciones de América donde dictadores se han enriquecido más y en forma ilícita desde los puestos rectores del gobierno… Extraditado ha sido de Estados Unidos, y de acuerdo con los términos de un tratado bilateral entre ese país y el nuestro firmado en 1922, el exdictador derrocado por las Fuerzas Armadas y el pueblo el 23 de enero de 1958, será juzgado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito, en juicio tramitado de acuerdo con las leyes de la República y con disfrute al reo de todas las garantías para su defensa, que son normales en países donde rige un Estado de Derecho”. Así ocurrió. La extradición se concretó en agosto de 1963 y fue trasladado a la Cárcel Modelo de Caracas y sometido a juicio, acusado de peculado y malversación de fondos del Erario Nacional. Fue sentenciado el 1° de agosto de 1968, siendo condenado a 4 años, 1 mes y 15 días de prisión, pero fue liberado ese mismo día por haber cumplido el tiempo de condena, ya bajo el gobierno del presidente Leoni. Resolvió abandonar el país y se residenció en España.
Un destino parecido espera a los cleptómanos que actualmente tiranizan a Venezuela.
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