Hace casi un año (el 25 de abril de 2023) el presidente de Colombia, Gustavo Petro, organizó una conferencia internacional sobre Venezuela a la que asistieron representantes de 18 gobiernos de diverso signo ideológico, además del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
A los jefes de Estado y de Gobierno de esas naciones -a saber Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Suráfrica, así como el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores- les envió María Corina Machado una comunicación el pasado 3 de abril en la que les expresa su preocupación por los graves hechos que ocurren en Venezuela, que van en sentido contrario a la realización de elecciones justas y libres en el país.
Machado agradeció el apoyo de esos gobiernos y les ratificó que el acompañamiento internacional es crucial para avanzar por una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral hacia una transición ordenada a la democracia y la libertad.
El texto de la líder de las fuerzas democráticas venezolanas hace una puntualización de todos los atropellos e ilegalidades cometidas por el régimen de Maduro que constituyen la violación integral de los Acuerdos de Barbados suscritos entre el gobierno de Maduro y la representación de la Plataforma Unitaria, con la facilitación del gobierno del Reino de Noruega. Varios países de los presentes en Bogotá fueron luego testigos del compromiso firmado en la isla caribeña que abría, de cumplirse, un entendimiento a profundizar con garantías para las partes en pugna.
La conferencia internacional de Bogotá -en la que no participaron ni representantes del gobierno de Maduro ni de la oposición democrática- se comprometió a establecer una hoja de ruta para afrontar el tema venezolano que se resumía en tres pasos básicos: la celebración de elecciones libres; que el diálogo entre gobierno y oposición permitiera en paralelo el levantamiento de sanciones; y acelerar la concreción de un fondo social de más de 3.000 millones de dólares de recursos congelados, que había sido acordado en una reunión anterior en México.
Lo cierto es que tanto después de la Conferencia de Bogotá como del Acuerdo de Barbados, con el inicio de este año electoral de 2024, el régimen ha endurecido su política y desatado una mayor persecución política y, en paralelo, ejecuta un cronograma electoral concebido para acorralar a la oposición democrática y en consecuencia alargar el drama humanitario que padece Venezuela.
Un buen conjunto de gobiernos latinoamericanos, de derecha e izquierda, han cuestionado los procedimientos antidemocráticos ejecutados por el régimen de Maduro y su Consejo Nacional Electoral. Entre otros países, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, donde rigen sistemas democráticos consolidados.
Se extraña la voz de España, país con nexos históricos y culturales con la casi absoluta totalidad de las naciones de la región. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebró el pasado 6 de marzo, durante un encuentro diplomático con el presidente Lula da Silva, la convocatoria electoral en Venezuela que se había anunciado el día anterior.
En el mes exacto que transcurre desde entonces es poco o nada lo que hay que celebrar. Pero Sánchez hace mutis y despierta una vez más las sospechas acerca de las relaciones opacas con la dictadura venezolana, que José Luis Rodríguez Zapatero, alto dirigente socialista y expresidente de gobierno, maneja sin poner en peligro la postura oficial pero tejiendo los hilos de esas compañías peligrosas del régimen bolivariano. Aún hay tiempo para una rectificación que abonaría al campo democrático y preservaría la tradicional e institucional influencia española en una región de su querencia.