En las últimas semanas han circulado muchos rumores acerca de cómo las decisiones que van a adoptarse este año en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud afectarían la geopolítica mundial. La Asamblea Mundial de la Salud, iniciada este 22 de mayo, y a la que asisten delegaciones de todos los miembros de la ONU encabezadas por los ministros de Salud de cada Estado Parte, es el foro deliberativo sobre las políticas sanitarias de los países, y recurrentemente en estas fechas, surgen historias acerca del dominio mundial de la OMS, o de Bill Gates, o del director general, cuya filiación política está bastante en entredicho por venir de un país dictatorial como Etiopía y cercano a China.
En la larga agenda de la Asamblea de este año se incluyen informes acerca de las distintas actividades, presupuestos, cuotas pendientes de varios Estados Parte –incluyendo Venezuela–, los avances en la lucha contra las enfermedades no contagiosas, o la poliomielitis, o incluso la nutrición de lactantes y niños. Este año, también se incluye la discusión sobre las enmiendas necesarias al Reglamento Sanitario Internacional de 2005 para incorporar las medidas que deben emprender tanto la OMS como los Estados Parte para estar preparados y responder en caso de una emergencia sanitaria como la que se ha vivido desde finales del 2019 con la aparición del virus covid 19.
Sorpresivamente, este tema orientado a corregir la falta de respuesta adecuada de la OMS, que en su momento causó severas críticas a su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por su lentitud en declarar la pandemia y en responder ante la emergencia sanitaria, o por su tibieza ante la negativa de China a permitir la entrada de expertos y otras formas de asistencia, se convierte en un foco de polémica en el que se mezclan realidades a medias, intereses, y distintos actores. En particular, un sector político de Estados Unidos ha desatado una campaña por Twitter pidiendo que se pare el supuesto “Tratado” (es una enmienda a un reglamento ya existente) porque la OMS, y su director general, estarían adquiriendo poderes para gobernar por encima de los Estados violando su autodeterminación y en clara interferencia a su soberanía nacional (¿dónde habremos oído esto antes?).
Lo primero que hay que destacar es que la OMS es un organismo intergubernamental en el que votan solamente los gobiernos de los Estados, a través de sus representantes de salud: ministros, secretarios, o como quiera que se designen en cada gobierno, o sus embajadores destacados ante las Naciones Unidas en Ginebra. Como representantes oficiales, participan y votan en los órganos deliberativos, es decir, en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud. Lo que aprueben o adopten depende de procesos de consulta y negociación en el que todos los Estados Parte pueden participar. Es cierto que la sociedad civil tiene un derecho de palabra en tanto que observadores en las reuniones anuales de la Asamblea. También en los procesos de investigación y consulta para la preparación de recomendaciones que desarrolla la Secretaría de la Organización como apoyo a los miembros. Intervienen, además de los ministerios o secretarías de salud de cada país, agencias nacionales o regionales de salud, universidades y centros de investigación, así como representantes de la sociedad civil y del mundo corporativo. Los procesos son pues bastante lentos y lo que surge de ellos, muchas veces, es en definitiva un conjunto de directrices y lineamientos para ser puestos en práctica por las respectivas autoridades sanitarias de cada país. Es de destacar que el director general y la Secretaría cumplen una función de apoyo administrativo, y no deliberativa o de negociación, reservada, como ya se indicó, a los representantes de los gobiernos de los Estados Parte.
Sin embargo, es justamente en estos procesos de negociación en los que entran en juego una multitud intereses no necesariamente ligados directamente a la salud, como los intereses políticos, ideológicos y económicos. Por ejemplo, durante los momentos más álgidos de la pandemia en Europa, se evidenciaron grandes diferencias entre países que mantenían el confinamiento o medidas sanitarias en los espacios públicos, incluyendo el cierre de restaurantes y tiendas, mientras que en el país vecino todo permanecía abierto, causando pérdidas a las economías locales de los países cuyas medidas eran más estrictas. Algo similar sucedió a nivel global. Hace apenas un par de años una buena parte del mundo tuvo que cerrar sus fronteras por más de tres meses, con consecuencias para sus importaciones y exportaciones, en general afectando las cadenas de suministro a nivel mundial. Saber y entender cuándo se justifica una medida de tal magnitud es de vital importancia para los gobiernos así como para el sector productivo de los distintos países. Una coordinación mundial es indispensable para evitar el colapso de economías o disrupciones que creen escasez e inflación. También lo es para garantizar las libertades individuales y evitar los abusos de poder por parte de gobiernos inescrupulosos que se amparan en la emergencia para cerrar aún más el espacio cívico y vulnerar el Estado de Derecho.
Y para ello se hace necesario también que los Estados Parte sean responsables e informen a tiempo con data verificable cualquier emergencia epidemiológica susceptible de derivar en pandemia por sus niveles de contagio. Esta enmienda al Reglamento Sanitario Internacional del 2005 pretende justamente eso, exigir a los países a proporcionar información adecuada en tiempos adecuados, y obliga a la OMS a informar al resto de los Estados Parte de manera inmediata. Además, la enmienda requiere de los Estados Parte que suministren estadísticas fiables de la casuística real de la pandemia en su país, que permitan la entrada de expertos de la OMS para evaluar la situación sanitaria y que acepten su colaboración y asistencia.
Como parte de este proceso de negociación, algunos países y algunas organizaciones de la sociedad civil internacional quieren aprovechar la enmienda para impulsar un incremento en el presupuesto de la OMS con el objetivo de cubrir las nuevas responsabilidades y los nuevos mecanismos de supervisión y control que tales enmiendas acarrearían. También allí entre líneas se cuela la asistencia técnica a los países con menores recursos, y de acuerdo con las aspiraciones de algunos actores como Suráfrica e India, una posible eliminación de las patentes para las vacunas destinadas a controlar la pandemia y así dar un mayor acceso a la producción de las vacunas genéricas.
Tanto el tema presupuestario como el debate más amplio sobre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública tienden a exacerbar los ánimos. Por un lado, hay países que aportan cuotas bastante elevadas a la OMS y existen otros como Venezuela, que siempre están en mora. Las cuotas se definen en proporción al tamaño de la economía de los Estados y su importancia mundial, por lo que no es de extrañar ver que Estados Unidos contribuye con un alto porcentaje del presupuesto anual al que además habría que incluirle las donaciones del país para programas y temas específicos. En total, Estados Unidos hace un aporte anual de 893 millones de dólares, es decir, alrededor de 16% del presupuesto total. Pero la estructura de la OMS, su burocracia y el número cada vez mayor de trabajos que le son requeridos por parte de la membresía necesitan de un financiamiento con el que la organización pueda realmente contar de manera sostenible. Al no contar con el pago por parte de algunos países, o recibir cuotas insuficientes por falta de actualización de las contribuciones en al menos los últimos veinte años, o, como en el caso de China, tener países que se escudan en su clasificación como país en desarrollo para no hacer aportes mayores, el presupuesto cubierto por los Estados sólo abarca 23% de la cifra requerida. Este déficit de más de 75% abre un espacio importante a la financiación externa a través de donaciones como las que realiza la Fundación Bill y Melinda Gates cuyos aportes están destinados a temas específicos como las campañas globales para erradicar la poliomielitis, pero también a programas para desarrollar una rápida respuesta de inmunización global en caso de pandemias, para lo cual se necesitaría, entre otras cosas una enmienda al Reglamento Sanitario Internacional de 2005. La contribución actual de la Fundación Gates al presupuesto anual de la OMS ronda por 10%, siendo el segundo contribuyente más importante detrás de los Estados Unidos.
Y allí entra de nuevo a jugar un rol importante la teoría de la conspiración, en particular las afirmaciones como las que han estado rodando recientemente de que Bill Gates se va apropiar de la OMS como primer paso a la creación de un gobierno global, o que impone su agenda personal, o que defiende la patentes porque él se hizo rico gracias a ellas.
A veces, con o sin intención, las personas que reenvían estos rumores le hacen el juego a países como China, India o Venezuela. Hay que preguntarse, a quién conviene más que no haya enmienda: ¿a Estados Unidos y su gobierno que tiene toda la presión interna para que negocie de acuerdo con los intereses nacionales, o a China que no informó a tiempo e impidió el acceso a los expertos?, ¿o a Venezuela, que ni siquiera lleva una estadística oficial creíble? De la misma manera, hay que preguntarse de quién es la culpa de que Gates tenga tanta influencia en la OMS y en temas como la vacunación, porque si de verdad fuesen serios en la promoción de la salud pública, los Estados Parte de la OMS y la sociedad civil internacional, no andarían haciéndole el juego a los parias que no pagan, a los que se esconden en clasificaciones que no corresponden con su realidad económica o a los que quieren beneficiarse de la venta de vacunas baratas desarrolladas por otros con sus propios fondos.
