En septiembre de 2023, tras registrarse las oleadas de calor más brutales de la historia global desde que se contemplan asientos climáticos fiables, abordamos una de las técnicas de reciente creación. Hicimos referencia a la denominada “antifragilidad”, que se define como la “capacidad para preludiar los riesgos que sufrirá cada espacio geográfico como consecuencia del cambio climático”. Esta anticipación no puede basarse en la “experiencia recabada objetivamente”, es decir, por los registros del clima acumulados en la historia de cada territorio. Ejemplo de ello lo hemos visto en los últimos dos meses, donde, encontramos torrenciales aguaceros en la desértica Emiratos Árabes Unidos, que en apenas 18 horas cayeron índices pluviométricos equivalentes a dos años. Las imágenes de la exuberante y vanguardista urbe, como Dubai, anegada e incapacitada por las cantidades ingentes de agua, han paralizado el aliento hasta del más avezado urbanista. El caso de Río Grande do Sul, en Brasil, que tras unas lluvias por encima de sus máximos udométricos, registrarían inundaciones que han cubierto casi 80% de su poligonal urbana formal (centro cívico, puertos, zonas industriales, áreas de mayor calidad urbanística, etc), generando daños en la infraestructura de elevada consideración y onerosa reparación. Entonces ¿qué está ocurriendo? ¿Será que hemos agotado las respuestas científicas ante un clima extremo que responde ante nuestros estímulos como sociedad posindustrial?
Desde ayer, hasta mañana 13 de junio, se estará celebrando en la ciudad de Río de Janeiro el VII Congreso Internacional del derecho a la ciudad. En esta edición el eje temático serán las políticas públicas para la sustentabilidad, resiliencia e innovación. Organizado por la Escuela de la Magistratura del estado de Río de Janeiro (EMERJ), el Fórum permanente de Direito da cidade y el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), ha convocado un debate que dilucidará conferencias y mesas redondas sobre los derechos fundamentales, cambio climático y desastres urbanos. Movilidad urbana y adversidades ambientales. Políticas de defensa civil y prevención de hecatombe urbana. La planificación urbana como instrumento de justicia ambiental urbana. Saneamiento básico y crisis ambiental, donde el papel del Poder Judicial y sus omisiones, serán clave para prevenir u obligar a prevenir “sí o sí”. El desafío de las ciudades inteligentes y las catástrofes como modelo para la prevención de la ruina urbanística. Y, quien suscribe, disertará sobre el medio ambiente y las nuevas tendencias del derecho urbanístico global.
Durante tres días Río de Janeiro volverá a ser el centro de discusión sobre estos problemas que antes sólo eran visibles en las superproducciones de ciencia ficción al estilo Hollywood. Hoy ya no sólo es un temible cataclismo que puede afectar a cualquier geografía del planeta, sino, una amenaza permanente contra nuestro modelo de desarrollo basado en la transformación del hábitat (mejoramiento de cada metro cuadrado) para nuestro beneficio. Así, urge visualizar algunas herramientas que superen las limitaciones de los promedios históricos en todos los indicadores del clima, sin que ello caiga, en el empirismo o la basilisca “adivinación”. Una de aquéllas es la antifragilidad, que establece un nuevo atlas donde las probabilidades de obtener una calificación como territorio de “mayor” o “menor” fragilidad, serán la clave para el desarrollo de las ciudades en nuestro futuro inmediato. Increíblemente, Hábitat III (NAU – Quito 2016), no hizo la previsión sobre este nuevo clima en la tierra, sino que mantuvo el enfoque diseñado por Estambul 1996 (Hábitat II), donde el ambiente de transforma en verbo para dejar el antiguo predicado subordinante a otros paradigmas.
Como lo expliqué en su momento, la antifragilidad parte de dos premisas. La primera, que el clima es un problema demasiado imprevisible, hasta el punto de que los registros de los últimos 100 años sobre el comportamiento de una cuenca hidrográfica se vuelven pueril, inerte y hasta peligrosamente caldo de cultivo para grandes desgracias. Esto hace, por ejemplo, que lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley de Aguas vigente (2007), sobre el estudio de las crecidas, correspondientes a un período de retorno de dos comas treinta y tres (2,33 años); sea una medición que no aporte nada para soluciones hacia el futuro. Ni se diga de otros modelos predictivos, basados en el comportamiento del territorio en los últimos 50 años, pueden tributar en este momento un diagnóstico exacto sobre la viabilidad de un espacio geográfico, esté o no ocupado.
La segunda premisa, invitada perniciosa obligatoria, es la persistencia de un daño imprevisible. Esta afirmación trae consecuencias, sobre todo, jurídicas de cara a la responsabilidad de las administraciones urbanísticas. Con un clima bajo patrones nunca visto e inadvertidos, la labor de los jueces al momento de la determinación de la responsabilidad urbanística se torna una proeza que va más allá de todo rasero conocido. Al no poder establecer parámetros racionales sobre lo que pudiera considerarse un daño cierto o potencialmente determinable, queda apelar por fórmulas cada vez más abstractas, como, por ejemplo, se asomó en un voto concurrente de la sentencia número 1632 de fecha 11 de agosto de 2006 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En el fallo, se habla de la denominada “responsabilidad cívico-social”, donde, se prevé que ocurra un daño, pero no se tiene certeza de cuándo se materializará, quedando entonces ligado al azar. Y como dice la sentencia, “(…) si éste sucede [el azar] por hecho atribuible a alguien, este alguien debe responder (…)”.
La antifragilidad se vuelve, poco a poco, en la más poderosa herramienta para las buenas prácticas urbanísticas, cuya respuesta debería comenzar por aquel consejo de Nassim Nicholas Taleb, donde la lógica del cisne negro “(…) hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos (…)” [El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. Barcelona, Paidós, 2008, p. 26]. Relata el matemático que el tsunami en el Océano Índico de diciembre de 2004 pudo haber sido menos desastroso si todas las autoridades habrían entendido que este tipo de fenómenos no es una rareza, sino más bien producto de una realidad concebible. Sin embargo, a pesar de ello, nuestra base científica cree que lo que conocemos es suficiente para resolver todos los problemas, cuando, es lo contrario (lo que no conocemos) lo que nos motoriza a tomar todo tipo de previsiones.
Este tema y otros, como apuntamos, debatiremos en esta 63ª. Reunión del Forum del derecho a la ciudad en el marco del VII Congreso ya identificado ut supra. Lo más importante es la toma de conciencia no desde ese afásico rostro de “cuidemos el ambiente”, sino, procuremos saber cómo construir e invertir para evitar perder. Obviar las advertencias de la antifragilidad es transformar las actividades de urbanización como una peligrosa ruleta que en la medida que corren los ciclos climáticos, da una nueva vuelta. Ya se ha visto, como el caso de ciudades ubicadas en geografías distantes Dubai (desierto arábigo) y Río Grande du Sul (selva amazónica), que nuestra tecnología y confort urbano pueden ser “barridas” por fenómenos naturales en cuestión de horas. Esta amenaza resulta para cualquier gobernante o técnico, una constante preocupación que se sitúa en otro nivel por encima de los clásicos -y recurrentes- reclamos por mejores servicios públicos o movilidad urbana.
Suponiendo que un municipio no cuenta con los suficientes recursos para aplicar los resultados de los estudios de antifragilidad, ¿qué pudiera hacer? Aunque no es lo ideal, si pueden las entidades locales trabajar en los denominados “planes de evacuación de la ciudad”. Pocas ciudades, salvo aquellas con alta presencia de componentes militares, tienen entre sus valiosos activos un protocolo para poner a su población en buen resguardo, previo mapeo de los riesgos por efectos climáticos. Personalmente dirigí dos planes, uno para la ciudad de Cabudare (estado Lara, 2014) y otro para la ciudad de Acarigua (estado Portuguesa, 2022). En ellos, el tiempo es quizá el mejor aliado. En tan solo 20 minutos podemos trasladar desde todos los sectores hacia las áreas de resguardo, más de doscientos mil ciudadanos mientras se evalúan las medidas mayores para la recuperación o rehabilitación de la infreaestructura urbana.
En tiempos de dificultades fiscales para hacer frente al nuevo clima, la prevención se torna como la mejor inversión para seguir manteniendo, en el futuro más mediato, los beneficios que implica vivir y hacer vida en una ciudad.