El respeto de los derechos humanos es la valoración de la dignidad humana
La amnistía propuesta en España por el actual presidente del gobierno español a personas que son prófugos de la justicia tenía como fin el de obtener los apoyos para la nueva investidura en el parlamento, lo cual ocurrió, proceso que fue analizado por nosotros en artículo publicado el 22 de noviembre de 2023 en el Diario Las Américas («La amnistía de la discordia»).
Con la publicación de la Ley de Amnistía que contó con la aprobación de 177 votos contra 172 en el Congreso, se ha producido una legislación odiosa que seguramente será objeto de discusión por años en el ámbito político, jurídico y social de España.
La tergiversación de la amnistía
La amnistía es de carácter general, pues no se aplica para una persona o personas en particular, sino en favor de todos los individuos que cometieron el delito amnistiado, y es una figura jurídica que se ha utilizado únicamente en situaciones de conflictos graves ocurridos en un país, en periodos de guerras, y en transiciones de una dictadura a la democracia, con el propósito de avanzar en la reconciliación y restaurar la paz social, ese ha sido su fin y propósito, salvo ahora, que se intenta imponer para mantener el control del poder ejecutivo.
Cuando se aplica la amnistía se promueve el olvido capaz de extinguir la responsabilidad penal de las personas que han sido declaradas culpables por el sistema de justicia, pasando a ser consideradas inocentes, haciendo desaparecer el delito, anulando todo el antecedente penal.
La amnistía y los derechos humanos
Todos los países tienen el deber de fomentar y aplicar mecanismos para consolidar la paz y la reconciliación del pueblo, pero la validez de los programas o acciones exigen que no sea separado de la justicia, de la verdad y de la reparación integral a las victimas por violaciones graves de derechos humanos y otros delitos graves que se haya cometido contra la población y contra la sociedad.
La sanción de una Ley de Amnistía no impide la investigación y sanción de las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos, y por ello sí una persona solicita se aplique una Ley de Amnistía, los jueces están en la obligación de constatar si los hechos que rodean un tipo penal generan o han generado violaciones graves de derechos humanos o si pueden encuadrar en delitos penales de lesa humanidad, so pena de no admitir la Ley de Amnistía al sujeto.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, entre otras.
Ahora, tendrá que verificarse si los delitos por malversación y desobediencia que entran en la categoría de los delitos dolosos contra la administración pública, y castigados con pena de prisión y de inhabilitación especial para el empleo público y el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, constituyen impedimentos de aplicación de la amnistía sancionada en España, debiendo hacer hincapié en este análisis que es un deber de los Estados investigar, juzgar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos cometida en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Algunas complejidades de la Ley de Amnistía
En esta legislación se dará amnistía a los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023, razón por la cual se extinguiría la responsabilidad de estas personas en los ámbitos penal, administrativo y contable. (artículos 1 y 3).
Según estadísticas del mismo gobierno se estima que 300 o más personas que estuvieron involucrados en el proceso de independencia de Cataluña, además de 73 agentes de policía, pueden beneficiarse de este beneficio político.
Se excluyen algunos actos de la aplicación de la amnistía descritos en el artículo 2 de la misma ley, motivando a que los jueces tengan que dirigir la mirada especialmente a todo aquello que sea inherente a las violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, al igual que los delitos de traición al Estado, la paz y la independencia de la Nación.
Recursos contra la Ley de Amnistía
La ley de amnistía puede ser recurrida vía recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o puede cualquier juez que considere que la norma no se ajusta a la Carta Marga sostener la cuestión de inconstitucionalidad. También existe un segundo camino, como la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pudiendo un juez elevarla si abriga dudas de su aplicación a un procedimiento concreto al considerar que en algún punto puede contrariar el derecho comunitario, tales como los delitos de malversación y terrorismo, materias reguladas por el derecho europeo.
Otro reto para el sistema de justicia
Aunque ha consumado una estratagema política para mantenerse en el poder con la oferta de amnistía ahora hecha ley, el sistema de justicia español está siendo puesta a prueba, ya que tendrá que dirigir la mirada a los derechos humanos y los delitos graves penales por los hechos y consecuencias que rodean a cada sujeto que sienta que es beneficiado por la Ley de Amnistía.
Hay que destacar los precedentes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró legal la revocación de una amnistía decretada por el nuevo gobierno de Eslovaquia en el 2017, lo que sugiere que las amnistías pueden ser revisadas o anuladas. Incluso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la primacía del derecho de la Unión sobre las leyes nacionales que lo contradigan, incluso si lo tribunales constitucionales de los países las han avalado.
Regresando al caso español, el Tribunal de Cuentas ha dado un paso para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que busca aclarar si la amnistía es aplicable al procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador por el desvío de fondo del proceso independentista catalán.
Sin duda, la Ley de Amnistía podría tener varios efectos en el sistema legal en España, tales como el precedente y la jurisprudencia para casos futuros, donde los tribunales podrían considerarla al evaluar otros delitos o situaciones similares; la confianza en el sistema de justicia, que al perdonar a los involucrados en el proceso independentista catalán se cuestiona la equidad y la justicia; y las relaciones internacionales, ya que la aplicación de la ley podría afectar las relaciones con otros países y organizaciones internacionales, frente a la evaluación de su compatibilidad con el derecho comunitario.
La Ley de Amnistía tiene implicaciones legales, sociales y políticas, y su impacto dependerá de cómo se maneje en el sistema legal y cómo se perciba en la sociedad.
@miguelmartint_