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En los últimos días, Venezuela ha sido testigo de una escalada preocupante en las tensiones políticas, exacerbadas por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro de desencadenar una guerra civil si los resultados electorales no le son favorables. Este despliegue de violencia verbal no solo es alarmante, sino que subraya el desdén del gobierno por la estabilidad y el bienestar de su propia población.
Las amenazas de Maduro no deben ser tomadas a la ligera. Al contrario, reflejan una estrategia desesperada por mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso a expensas de la paz y la seguridad de los venezolanos. La mera insinuación de una guerra civil es un intento de intimidación flagrante, diseñado para silenciar a los críticos y aterrorizar a quienes buscan un cambio democrático en el país. Esta retórica incendiaria no solo polariza aún más a una sociedad ya fracturada, sino que también pone en riesgo la estabilidad regional y amenaza con prolongar el sufrimiento de millones de venezolanos atrapados en una crisis humanitaria sin precedentes.
La comunidad internacional debe responder con firmeza y solidaridad ante estas provocaciones. No podemos permitir que las aspiraciones democráticas y los derechos fundamentales de los venezolanos sean pisoteados bajo el yugo de un régimen autoritario. Es tiempo de que la voz global se levante en defensa de los valores universales de libertad y justicia. Debemos trabajar en conjunto para apoyar a los defensores de los derechos humanos y a quienes luchan valientemente por un futuro más esperanzador en Venezuela. La solución a esta crisis no puede ser pospuesta ni ignorada; es un esfuerzo que viene recorriendo las calles, los caseríos, las poblaciones, cada rincón del país de la mano de Maria Corina Machado y nuestro candidato de la libertad, Edmundo González Urrutia.
El reciente atentado contra María Corina Machado y su equipo en Lara, donde sus vehículos fueron vandalizados y los frenos deliberadamente dañados, representa un acto de violencia extrema y cobardía. Este incidente no solo pone en riesgo la vida de quienes defienden la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino que también evidencia la grave situación de inseguridad y represión política que enfrentan los opositores al régimen de Maduro. Es fundamental que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva e imparcial para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este ataque, asegurando así que no haya impunidad frente a actos tan viles y amenazantes contra la integridad física y moral de quienes luchan por un cambio positivo en el país. Sin embargo, este clamor de justicia tendrá que esperar puesto que la sociedad venezolana no tiene quien la defienda, no existen instituciones libres, ni fiscalía, ni defensor del pueblo, todos son funcionarios del madurismo, duro y cruel.
En respuesta, la comunidad internacional debe mantenerse vigilante y condenar enérgicamente tales provocaciones. La retórica belicosa de Maduro no solo amenaza con sumir a Venezuela en un conflicto interno devastador, sino que también es un recordatorio contundente de la tiranía que enfrentan los defensores de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
Es imperativo que las voces democráticas dentro y fuera de Venezuela se unan para exigir que las elecciones del venidero 28 de julio sean libres y justas y supervisadas de manera imparcial. La solidaridad global es crucial para contrarrestar las tácticas divisivas y violentas de un régimen que busca perpetuarse mediante el miedo y la coerción.
Los venezolanos merecen un futuro de paz y prosperidad, no uno marcado por la amenaza constante de conflictos internos impulsados por ambiciones dictatoriales. Es hora de rechazar firmemente la amenaza del dictador y trabajar unidos hacia un horizonte de esperanza y libertad para toda Venezuela.
Las voces de la gente decente de Venezuela deben alzarse y proclamar la victoria de la civilidad contra la barbarie. Me refiero a todos los funcionarios, hayan o no comulgado con el chavismo o el actual régimen. Siempre habrá tiempos para actos de conciencia cuando Enel alma de un funcionario [juez, fiscal policía, militar] mora la decencia. En un país donde la democracia ha sido constantemente erosionada y los derechos humanos han sido pisoteados, es crucial unirse en defensa de la paz y la prosperidad para todos los ciudadanos. Los venezolanos merecemos un futuro de paz y prosperidad, no uno marcado por la amenaza constante de conflictos internos impulsados por ambiciones dictatoriales.
Es hora de rechazar firmemente la amenaza del dictador y trabajar unidos hacia un horizonte de esperanza y libertad para toda Venezuela. La comunidad internacional no puede quedarse al margen mientras se perpetúan las injusticias y se amenaza con la violencia. La solidaridad global es esencial para apoyar a aquellos que luchan valientemente por un cambio pacífico y democrático en Venezuela.
En este momento crucial, cada voz cuenta. Desde los espacios del poder -esos funcionarios que hasta hoy han permanecido neutrales- hasta las calles de nuestras ciudades, debemos alzar la voz en defensa de la dignidad humana y los principios democráticos. Con determinación y unidad, podemos construir un futuro donde la justicia y la libertad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad.
Los desafíos son enormes, pero la voluntad del pueblo venezolano de resistir y prosperar es aún mayor. Juntos, podemos superar esta prueba y abrir paso a un mañana donde la paz reine sobre la discordia y la esperanza brille más allá de la oscuridad impuesta por la tiranía, que el cielo de Venezuela se llene de vuelos en los que podamos regresar quienes fuimos apartados de nuestros hogares por la bota cruel de la dictadura militar de Maduro que tiene atrapada la garganta de Venezuela.