El pasado 26 de febrero de 2021, la Academia de Ciencias Políticas dirigió una comunicación firmada por su presidente Humberto Romero Muci, y su secretario Rafael Badell Madrid, a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al canciller Jorge Arreaza, planteándoles la urgente necesidad de que el gobierno nacional tome una decisión referente a la necesaria comparecencia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, para responder la demanda incoada por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana sobre la nulidad o validez del laudo de París del 3 de octubre de 1899. Considero que, como lo han manifestado connotados juristas nacionales y extranjeros, Venezuela debe comparecer ante dicha Corte. Igualmente, comparto los argumentos alegados por la Academia de Ciencias Políticas para defender esta posición, los cuales trataré de resumir en este artículo como un aporte para informar a la opinión pública y contribuir a la formación de su propio juicio sobre la decisión que finalmente adopte el gobierno nacional en relación a este asunto tan vital para el interés de Venezuela. A este respecto, en dicha comunicación se señala que “esta es una decisión trascendental, quizás sea la última oportunidad para defender eficazmente el territorio Esequibo y no tendrá marcha atrás”. Esta es una verdad meridiana. Si Venezuela no defiende sus derechos ante la Corte Internacional de Justicia perderá El Esequibo de manera definitiva.
No dudo en afirmar que el gobierno de Maduro cometió un grave error al no participar en la anterior etapa del proceso en la Corte Internacional de Justicia, ya que de acuerdo a autorizadas opiniones, a Venezuela “se le privó de ejercer en plenitud sus derechos procesales para argumentar y probar la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia, hacer sus alegatos orales en la audiencia ante la Corte y nombrar un juez ad-hoc”. Repetir ese error sería un acto de absoluta irresponsabilidad que comprometería intereses vitales de nuestro país. No se puede ignorar que Venezuela es parte de la controversia planteada ante la CIJ por la República Cooperativa de Guyana y que, de acuerdo con el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, está en la obligación de cumplir con la sentencia que finalmente adopte el Tribunal. Además, según los artículos 60, 92 y 93.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, reconocido por Venezuela, la sentencia que emita será “definitiva e inapelable”. De tal manera, que utilizar recursos no previstos en el ordenamiento jurídico ante la Asamblea General o ante el Consejo de Seguridad sería un gravísimo error.
Los argumentos presentados por la Academia de Ciencias Políticas para ratificar el deber y la necesidad de que Venezuela sea representada ante la Corte Internacional de Justicia para la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana son los siguientes:
1.- “A pesar de que no compartamos el contenido de la sentencia que dictó la Corte Internacional de Justicia sobre su competencia para conocer de este asunto, ella es obligatoria y ha producido sus efectos jurídicos, poniendo en marcha el proceso. Una vez que la Corte Internacional de Justicia sentenció, es ocioso seguir discutiendo si Venezuela consintió o no en la competencia del Tribunal;
2.- Como en cualquier proceso judicial, existe la posibilidad de que la Corte falle a favor del demandante. Sin embargo, la Academia considera que el no comparecer en el procedimiento ante la CIJ le puede causar a la reclamación venezolana un daño irreparable, incluso en el supuesto de que el Estado se niegue a cumplir dicha sentencia;
3.- No comparecer ante la Corte, y no presentar nuestros argumentos y pruebas, sólo le hace las cosas más fáciles al demandante;
4.- En las actuales circunstancias, la mejor defensa de los derechos de Venezuela en el Esequibo requiere de la participación activa de los representantes venezolanos en el procedimiento pendiente ante la CIJ, el cual no debe ser visto como una amenaza, sino como una oportunidad para recuperar un territorio que está en posesión de la contraparte;
5) El Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia “fronteriza” entre Guyana y Venezuela sigue y seguirá vigente. Sin embargo, si – en esta fase- el objeto de la controversia es, como ha decidido la Corte, la determinación de la nulidad o validez del Laudo de París, Venezuela tiene sólidos argumentos para demostrar que el laudo es nulo; y
6) No hay ninguna razón para negarse a exponer esos argumentos ante un tribunal independiente e imparcial”.
Los puntos 4 y 5 son de particular importancia. Resaltar que no deben verse los actos pendientes en la Corte Internacional de Justicia como una amenaza, sino como una oportunidad para recuperar un territorio que está en posesión de la contraparte es una posición inteligente y muy importante que debe ser reconocida por la opinión pública. Es necesario entender y aceptar que Venezuela tiene sólidos argumentos para demostrar que el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es nulo. Además, en mi criterio, Guyana aceptó con la firma del Acuerdo de Ginebra, en su artículo 1, la contención venezolana sobre la necesaria revisión de dicho Laudo Arbitral. Por otra parte, el mismo Acuerdo, en plena vigencia y de obligatorio cumplimiento, plantea un “arreglo práctico” de la controversia. Es decir, el arreglo judicial no está contemplado. Pero también, creo necesario alertar sobre el hecho de que tanto guyaneses como venezolanos deben interpretar cabalmente el propósito de la firma del Acuerdo de Ginebra: “lograr un acuerdo práctico y satisfactorio para las partes”, es decir, pretender un resultado en el cual una de las partes sea la ganadora absoluta sería absurdo e inaceptable para la otra parte.
La razonada y responsable argumentación expresada por la Academia de Ciencias Políticas en defensa del territorio Esequibo merece el reconocimiento de todos los venezolanos. En ese sentido creo necesario advertir que siempre hemos repudiado la arbitrariedad de la cual fue víctima Venezuela cuando se le impidió tener una genuina representación en el proceso que condujo al nefasto Laudo Arbitral de 1899 y también los costosos errores cometidos en el manejo de esta controversia. Sin embargo, hoy constituye una inexplicable paradoja que, cuando no solo tenemos la oportunidad, el deber y sobrados títulos para defender nuestros derechos, sean quienes deben ejercer esa defensa los que se nieguen a cumplir con sus responsabilidades. ¿Cómo justificarán un nuevo fracaso ante las futuras generaciones? No será fácil hacerlo. Reflexionen y defiendan con capacidad y acierto los intereses vitales de Venezuela.